A una semana de que el Gobierno presente el texto que modificará el Código del Trabajo:

Las negociaciones se han dado en varios frentes: la Conapyme ha avanzado con la CUT en la idea de elevar el quórum mínimo que se exige para constituir sindicatos y la CChC está discutiendo con la sindical un mecanismo alternativo de negociación colectiva para sus trabajadores por obra y faena.

Por PABLO OBREGÓN y SILVANA CELEDÓN.

El lunes se reunió con la Central Unitaria de Trabajadores (CUT); el martes con parlamentarios en Valparaíso; el miércoles con representantes de las pymes; el jueves nuevamente con la CUT y con las comisiones de Trabajo de ambas cámaras y el viernes con la Sociedad Nacional de Agricultura. Son solo algunas de las reuniones que esta semana tuvo el Ministerio del Trabajo, que en los últimos días intensificó su agenda de reuniones con los agentes que tratan de incidir en los contenidos de la reforma laboral.

El Gobierno buscaría de esta forma llegar al 29 de diciembre -fecha comprometida para ingresar a trámite la iniciativa- con un texto socializado con la mayor cantidad posible de actores, pero sin que ello implique renunciar a los puntos sustantivos del proyecto.

Este diseño estuvo cerca de naufragar a principios de esta semana, cuando tanto la CUT como los representantes de las pymes alegaron que, en estas reuniones, las autoridades se habían mostrado reacias a entregar detalles del proyecto o a ratificar los compromisos asumidos en tratativas reservadas.

La escasa apertura del Gobierno para recoger las propuestas de ambos actores hizo que la Conapyme y la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) iniciaran negociaciones paralelas con la CUT para morigerar los efectos de la reforma en sus respectivos sectores. En esta misma línea también ha avanzado la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), pero este gremio ha dialogado directamente con los ministerios de Trabajo y Agricultura.

Algunos sectores del empresariado ven con desconfianza este camino. Temen que detrás de la mayor disposición al diálogo por parte de la CUT exista un acuerdo previo entre la multisindical y el Gobierno para proyectar una imagen que no se condice con la realidad: que ésta es una reforma de consenso.

Para que fuera así, afirman, sería necesario que la reforma incorpore medidas para mejorar la productividad al interior de las empresas, una reestructuración del sistema de capacitación, modificaciones al sistema de indemnizaciones por año de servicio y nuevos programas para incorporar más mujeres y jóvenes al mercado laboral. Sin olvidar cómo la reforma se hace cargo de los que están desempleados y de los que no están representados por los sindicatos.

Diferencias entre Hacienda y Trabajo

El 1 de julio, los ministros de Hacienda y de Trabajo, Alberto Arenas y Javiera Blanco, asumieron el compromiso con la CUT de enviar a trámite antes de fin de año una reforma que fortaleciera la posición de los sindicatos en procesos de negociación colectiva y aumentara los actuales niveles de sindicalización. Hoy la tasa de afiliación bordea el 12% en el país.

Con el transcurso de los meses surgieron diferencias entre ambos ministerios. Mientras en Trabajo nunca se cerraron a la idea de avanzar hacia un esquema de negociación interempresa, para Hacienda esa opción nunca estuvo abierta.

Hasta octubre, mientras el Ministerio de Hacienda estuvo concentrado en sacar adelante la Reforma Tributaria, la cartera de Trabajo tuvo el camino libre para avanzar con su enfoque.

Sin embargo, aprobados los cambios impositivos, Hacienda adquirió un mayor protagonismo, comenzó a acotar las aspiraciones de los trabajadores y, finalmente, este lunes, le confirmó a la CUT que no está en los planes del Gobierno la negociación colectiva interempresa.

Los actores clave en este gallito han sido los asesores de Hacienda, Julio Valladares, y de Trabajo, Roberto Godoy, quienes no son nuevos en estas lides. El primero fue subdirector de la Dipres cuando Arenas lideró ese organismo entre 2006 y 2010. Luego, entre 2010 y 2013, asesoró a los parlamentarios de oposición de las comisiones de Hacienda y hoy es el asesor más político del gabinete. Godoy es militante socialista y experto en derecho laboral. Fue uno de los ideólogos de la reforma previsional del primer gobierno de Michelle Bachelet, cuando Osvaldo Andrade era ministro del Trabajo y él, su jefe de gabinete.

75% de las empresas tiene menos de 9 trabajadores

El miércoles 17 de diciembre, los principales dirigentes de la CUT y la Conapyme discutieron fórmulas para eximir a las pequeñas y micro empresas de algunas exigencias que incorporará la reforma. La propuesta que encontró terreno fértil en ambos sectores fue la de elevar el quórum mínimo que se exige para constituir sindicatos desde los actuales ocho trabajadores a veinticinco trabajadores.

La idea se trasladó a las oficinas de Hacienda donde encontró una buena acogida, afirman fuentes de Gobierno.

La apertura de la CUT para explorar esta opción radica en dos razones. Uno, que para la Central el objetivo principal es fortalecer la posición de los trabajadores en las medianas y grandes empresas. Y dos, que el piso de ocho trabajadores ha atomizado el movimiento sindical y le ha restado peso a la hora de negociar.

De prosperar esta idea, la mayoría de las micro y pequeñas empresas no se verían afectadas por la reforma, porque no tendrían sindicatos.

En Chile, existen 988 mil empresas, según cifras del SII. De ellas, 742 mil (75%) tienen menos de 9 trabajadores. Este sector representa el 27% del empleo y capta el 8% de las ventas totales. Las empresas medianas y grandes ofrecen el 73% de los puestos de trabajo y concentran el 92% de las ventas totales.

Otra medida que Hacienda ha incorporado a las conversaciones y que ha ido ganando apoyos es la creación de un panel de expertos para asesorar a las partes en procesos de negociación colectiva. El diagnóstico del Gobierno es que los trabajadores necesitan contar con información sobre la situación económica de la empresa, en particular la información sobre sus resultados. Es por eso que el proyecto establecerá un artículo para que el sindicato cuente con este tipo de antecedentes.

Las pymes han argumentado que no están en condiciones de cumplir con esta exigencia, tema que sería resuelto por dos vías: nuevos instrumentos de Corfo orientados a capacitar a estas empresas y la creación del mencionado panel de expertos. Este último sería una instancia de carácter tripartito y estaría encargado de «objetivar» el análisis de la real situación de las empresas, lo que permitiría introducir más elementos técnicos a la negociación colectiva, indican.

Sobre este punto, en el Gobierno aún existen diferencias. Hacienda defiende la idea del panel de expertos, pero Trabajo propone que la Dirección del Trabajo cumpla esta función.

Construcción apunta a negociar antes

En paralelo, la CUT ha sostenido reuniones con la CChC para explorar un mecanismo de negociación alternativo para ese sector. La reforma extenderá el derecho a negociación colectiva a los trabajadores con contrato por obra y faena (contratos a plazo fijo que se extienden solo por el tiempo que dura un proyecto) y la idea que han discutido ambos sectores -con una buena recepción en el Gobierno- es que la negociación se dé al inicio de la obra. En caso de que surjan conflictos cuando la faena ya se inició, las diferencias se someterán a un sistema de arbitraje obligatorio.

Otro sector donde el Ejecutivo ha estado más abierto a hacer excepciones es en el agro. El viernes, Blanco se reunió con la SNA y confirmó que los cambios propuestos en el proyecto se harán extensivos a los trabajadores permanentes del agro, pero no a los trabajadores temporeros. Agregó que en el primer semestre de 2015 se constituirá una mesa que estará compuesta por el subsecretario del Trabajo, Francisco Díaz; el ministro de Agricultura, Carlos Furche, y los empresarios y sindicatos de este sector para elaborar un estatuto del temporero agrícola.

Diferencias sobre pisos mínimos y huelga

Pese a estos avances, todavía hay aspectos de la reforma que generan diferencias entre Hacienda y Trabajo y que, según fuentes del Gobierno, deberán ser zanjadas por la propia Presidenta.

El martes, la líder de la CUT, Bárbara Figueroa, criticó en duros términos la falta de coordinación que, según ella, existe entre los ministerios. Las críticas apuntaron a que, ese día, la multisindical fue convocada a una reunión formal de trabajo en la que ni Blanco ni el titular de Hacienda, Alberto Arenas, pudieron entregar definiciones sobre los detalles de la reforma. Y aunque el jueves se produjo una nueva reunión entre la multisindical y los ministros en la que se morigeraron las diferencias, todavía hay puntos pendientes.

No está definido, por ejemplo, si el fin del reemplazo en huelga se refiere solo a la prohibición de contratar reemplazantes externos o si se prohibirá, incluso, reemplazar a los huelguistas utilizando personal de la empresa que no pertenece al sindicato movilizado.

Según fuentes de Gobierno, lo más probable es que sobre este punto el proyecto se haga eco de lo que dictaminó hace dos semanas la Cuarta Sala de la Corte Suprema: que las empresas no pueden reemplazar funciones ni siquiera recurriendo a personal interno.

Otro tema en que hay dudas es el relativo a los pisos mínimos de una negociación colectiva. El proyecto tomaría como base los acuerdos obtenidos en la negociación anterior. Por ejemplo, si en el contrato colectivo vigente se incorporó un reajuste salarial de 5%, el reajuste del nuevo contrato también deberá ser de, al menos, 5%. El detalle no zanjado es si ese piso incorpora o no el IPC.

Dado el escenario que se ha configurado en la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) ha aumentado la preocupación frente a la reforma, más aún luego de que a fines de esta semana el Gobierno se mostrara dispuesto a incluir en el proyecto demandas de la CUT, como tipificar los despidos por necesidades de la empresa como una práctica antisindical bajo ciertas condiciones.

Pese a esto, la CPC sigue jugando sus últimas cartas y en la reunión que sostuvo el viernes el gerente general de la CPC, Fernando Alvear, con los asesores de Hacienda insistió en la necesidad que la ampliación de las materias que se puedan acordar en una negociación colectiva con el empleador incluya el tema de las jornadas eliminando la limitación que existe hoy para modificar jornadas en más de dos horas diarias.

DISEÑO LEGISLATIVO: la idea que avanza con más fuerza es que las audiencias de las comisiones de Trabajo del Senado y la Cámara de Diputados se realicen en conjunto para dar una señal política y acelerar el trámite en el Congreso.