A casi $ 37.240 millones llegaron las utilidades de las isapres durante el año pasado. Se trata de una caída del 38% respecto de 2014, cuando las ganancias del sector bordearon los $ 60 mil millones, y se ubican, además, como el cuarto peor resultado para la industria, en la última década.
De acuerdo a los expertos, los resultados se explican por un aumento en los costos del sistema, asociados a una mayor frecuencia, tanto en el uso de prestaciones de salud, como de las licencias médicas.
“El sistema tiene un incremento de los costos estructurales y eso significa que hay un incremento del gasto y número de licencias médicas y mayor gasto por la frecuencia de las prestaciones”, dice Victoria Beaumont, directora ejecutiva de la consultora en salud Altura Management. Agregó que “la frecuencia en la demanda de atenciones es una variable importante, más incluso que las variaciones de precio que éstas tengan y tiene que ver con el envejecimiento de la cartera de las isapres”.
Héctor Sánchez, director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello, sostuvo que las cifras arrojan que, “si bien es cierto que la industria no está pasando por su mejor momento, tampoco está al borde de la quiebra”.
El académico plantea que las isapres requieren implementar un sistema de control de costos en relación a su cartera, que al tener mayor edad, se enferma más y usa más el sistema. “En ese contexto no han sido capaces de hacer una gestión exitosa y eso influye en los resultados”.
A eso se suma, coinciden los expertos, la judicialización que afecta al sistema y que en 2015 alcanzó los 133 mil recursos de protección contra las aseguradoras. De acuerdo a un estudio de Altura Management, entre 2010 y 2015 las isapres han desembolsado $ 53 mil millones por concepto de costas, vinculadas a 375.694 litigios de parte de afiliados que buscan evitar el alza del precio base de sus planes.
“Las isapres dejan de recaudar los montos de reajuste de 133 mil afiliados y asumen además las costas. Se estima que el 8% de la cartera tiene su plan congelado. No son montos tan significativos, pero es un elemento que se debe considerar”, dice Sánchez.
Al respecto, Beaumont agrega que “la judicialización ha pasado a ser un gasto estructural para el sistema que hace 10 años no existía”, plantea.
En ese escenario, ambos expertos plantean que se debe agilizar la reforma anunciada por el gobierno para corregir los problemas del sistema. Ayer, el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, confirmó que está en desarrollo un proyecto de ley, a través de dos propuestas basales que serán analizadas por la Presidenta Michelle Bachelet, pero sin una fecha determinada.
“Los anuncios de Hacienda, a mi juicio, van en la dirección correcta porque muestra un grado de realismo al decir que no a un fondo mancomunado con Fonasa y a la eliminación de la selección al ingres. Pero cuando uno escucha a las autoridades que señalan que en los próximos meses, pero que no se sabe cuándo se va a presentar la erforma, es porque no tienen una”, sostuvo Sánchez.
Fuente: La Tercera