En su primera sesión del año legislativo 2016, la comisión de Salud del Senado retomó la discusión sobre el proyecto de ley de reforma a las isapres originado durante el gobierno de Sebastián Piñera, que entre otras ideas propone la creación de un Plan Garantizado de Salud (PGS) que establece mínimos a los que podrían acceder todos los beneficiarios de isapres.

Discutir ese proyecto -que está en segundo trámite constitucional- es la forma en que los senadores decidieron presionar al Ejecutivo para introducir cambios en el sistema en el corto plazo, ante la demora del envío de la reforma al sector comprometido por el actual gobierno.

Fue en el marco de esa discusión -a la que fue invitado el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés- en el que el Ejecutivo transparentó en qué está el debate interno sobre la reforma en la que ha trabajado durante el último año.

Valdés explicó que «ahora estamos trabajando en dos propuestas que presentaremos a la Presidenta Bachelet. Una simple y otra más compleja, que consigna algo de integración de los sistemas (entre isapres y Fonasa)». Agregó: «No puedo dar plazos, considerando las dificultades técnicas que hemos tenido. Llevamos meses trabajando en esto y no ha sido fácil».

Entre las dificultades que se han enfrentado, mencionó que la idea que estaba trabajando el Ministerio de Salud consideraba la creación de un fondo mancomunado que reuniera parte de las cotizaciones obligatorias de salud (7%) de los afiliados de isapre y de Fonasa para usarla en prestaciones universales, como trasplantes. Pero esa idea, planteó el titular de Hacienda, «es inviable económicamente», porque «mientras se mezclen los dos sistemas, se complica el costo fiscal».

Más tarde, la ministra de Salud, Carmen Castillo, detalló que «estamos perfeccionando el proyecto que tenemos con las mejores alternativas que vayan con la realidad que tenemos hoy», y añadió que «todo el análisis lo estamos haciendo pensando en que (la reforma) no tenga impacto fiscal, dada la situación económica del país».

Castillo dijo que en la medida en que más cambios estructurales abarque la reforma, «probablemente va a requerir más recursos», y determinar ese tipo de impacto es el trabajo que actualmente se está llevando a cabo; sobre todo, considerando el contexto económico que vive el país, cuando sin ir más lejos esta semana Hacienda debió dar a conocer el ajuste de gasto fiscal por US$ 540 millones. El escenario en el que se plantea el Gobierno no es el óptimo.

El trabajo para la reforma a las isapres ahora lo están haciendo en conjunto los ministerios de Salud, Hacienda y Secretaría General de la Presidencia, y serán ellos los que presentarán las dos opciones a la Presidenta Michelle Bachelet para que esta defina qué tanto abarcará la reforma comprometida.

Respecto de los plazos, la ministra Castillo prefirió no comprometer nada. «Hemos dicho tantas fechas y la contingencia nos ha hecho cambiar… Pero queremos que sea pronto. Estos meses», sostuvo.

Carolina Goic (DC), presidenta de la comisión de Salud del Senado, indicó que «lo que nosotros planteamos es que si hoy no estamos en condiciones de una reforma más profunda, saquemos una ley corta que resuelva las alzas de los precios de los planes, la cautividad del sistema y cómo avanzamos en transparencia», y agregó que «de todas maneras, una reforma estructural sin duda va a tener que estar presente en los planes de los próximos gobiernos».

Una opinión similar tuvo su par Francisco Chahuán (RN), quien afirmó que «hay problemas urgentes y no podemos seguir esperando para resolverlos. El Gobierno tiene que decidir pronto qué es lo que va a proponer, porque nosotros estamos convencidos de que no nos podemos quedar de brazos cruzados».

 

Fuente: El Mercurio