La Contraloría General de la República objetó el proceso llevado a cabo por el Ministerio de Salud que permitió el ingreso a Chile de la vacuna «Gardasil», del laboratorio Merck Sharp & Dome, la que fue incorporada en el Plan Nacional de Inmunización desde 2014, y a la fecha ha sido administrada a más de 400 mil niñas de entre 9 y 13 años, como método de prevención de las enfermedades provocadas por el Virus de Papiloma Humano (VPH). Este es causante de la mayoría de los casos de cáncer cervicouterino, séptima causa de muerte entre mujeres en el país.

El pronunciamiento de Contraloría, fechado el 16 de diciembre, plantea que en el proceso de registro sanitario del mencionado producto biológico -trámite que permite su uso en el país-, el Instituto de Salud Pública tuvo a la vista tres estudios científicos para tomar la decisión de incorporarla. Según Contraloría, «de la simple lectura de dichos documentos y sin entrar a su ponderación científica, se aprecia que tales estudios no son concluyentes ni justifican la decisión del registro de la vacuna Gardasil en las dosis planteadas».

Esto último, porque la solicitud de registro era para un esquema de vacunación de dos dosis -que es la que finalmente se aplica desde 2014-, con un año de diferencia entre cada inoculación, aunque el mismo biofármaco tenía ya autorización en el país, pero en un esquema de vacunación de tres dosis (a los 0, 2 y 6 meses de distancia entre una y otra).

Para la denunciante de esta situación, la diputada independiente Karla Rubilar, «el uso de un esquema posológico que no tiene sustento científico es la demostración del desmantelamiento del Programa Nacional de Inmunizaciones por parte del actual Ministerio de Salud, que antes era motivo de orgullo en el país».

Sin embargo, en el Ministerio de Salud, el jefe del programa, Fernando Muñoz, explica que ante el pronunciamiento de Contraloría, «lo peor que podría pasar es que el registro tuviera que volver a recibir antecedentes, y con los (antecedentes) nuevos, solo se reafirma la postura del ministerio».

En el laboratorio Merck Sharp & Dome argumentan que la vacuna es segura para quien la recibe, que otros países, como el Reino Unido, se sumaron al esquema utilizado en Chile, y que el dictamen evidencia un conflicto de poder entre las autoridades técnicas (ISP) y administrativas (Contraloría).

 

Fuente: El Mercurio