Poco más de $ 40 mil millones adeudan al Estado las siete isapres abiertas, por conceptos de licencias médicas impagas. Así lo determinó un estudio de la Superintendencia de Salud, que fiscalizó los saldos correspondientes a subsidios de incapacidad laboral de trabajadores del sector público y los procedimientos implementados para su pago.

El análisis se abocó a los permisos de empleados públicos y municipales quienes, según la norma vigente, tienen derecho a la mantención total de sus sueldos durante los períodos de licencia médica, pago que le corresponde al servicio o institución empleadora. Sin embargo, se dispone que deberá la isapre reembolsar estos montos al empleador por la suma equivalente al subsidio, incluyendo las cotizaciones.

Según la norma, los reintegros deben ejecutarse los primeros 10 días del mes siguiente a la presentación del cobro. Se establece, además, un plazo de seis meses para la prescripción de éste, desde el término del permiso. Las aseguradoras, en tanto, quedan obligadas a informar a beneficiarios y empleadores acerca de los instrumentos de pago emitidos y pendientes de cobro.

Las cifras

El informe se elaboró a partir de los inventarios de las isapres al 30 de junio, determinándose que, del total adeudado al Estado, $ 30.782 millones son por subsidios por pagar y $ 9.594 millones corresponden a cheques caducados.

En tanto, las isapres con los mayores montos pendientes son Masvida ($ 12.746 millones), Cruz Blanca ($ 11.667 millones) y Banmédica ($ 10.951 millones). Por otro lado, a los sectores que más se les debe son el Municipal, Salud y Poder Judicial.

“Se ha evidenciado una acumulación de obligaciones que, de no gestionarse correctamente, ponen en riesgo la recuperación de los fondos adeudados por cada institución, incrementando el patrimonio de las isapres por la vía de la prescripción”, planteó el informe, que también advierte falencias en la gestión de cobranza de parte de las entidades fiscales y en los controles de los subsidios por rendir, así como fallas en la notificación y disponibilidad de la información de la forma de pago en las isapres. “Tanto la gestión del propio empleador como los medios y plataformas disponibles para difundir y tramitar las solicitudes de cobranza en cada isapre, son aspectos relevantes tanto en documentos caducados como en su posterior prescripción”, concluyó el estudio.

El superintendente de Salud, Sebastián Pavlovic, dijo que “este es un tema relevante y por eso lo fiscalizamos. No se ve necesariamente que las isapres se rehúsen al pago, pero efectivamente hay dineros no cobrados, que son sumas importantes, y que hablan de falta de gestiones, tanto para pagarlos como para recuperarlos”.

Pavlovic añadió que se informó a los ministerios de Salud y Hacienda sobre los montos pendientes y que se pondrá al corriente, además, a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) “para que informe a los organismos y éstos asuman un rol más proactivo”. Agregó que la entidad está revisando los procedimientos para generar una regulación que permita simplificar la gestión y cobro de los dineros.

La gestión

El presidente de la Asociación de Isapres, Rafael Caviedes, planteó que los pagos caducados constituyen un 2,5% de los 400 mil millones que pagan las aseguradoras por subsidios de incapacidad laboral. “No hay que olvidar, además, que las isapres mantienen garantías equivalente a la deuda. En cualquier caso, los recursos están cautelados, su pago está asegurado y está en proceso de pago”, explicó.

La isapre Consalud añadió que “este monto corresponde a pagos de licencias médicas que fueron cursados de manera oportuna, pero que no fueron cobrados por las entidades públicas en los plazos definidos, por ende caducaron”. En la misma línea, Cruz Blanca sostuvo que “es de exclusiva responsabilidad del empleador el solicitar el cobro de las licencias médicas en las entidades correspondientes” y que a través del sitio web se puede “realizar el cobro de las licencias médicas y obtener informes mensuales respecto al estado de las mismas”.

Felipe Delpin, alcalde de La Granja y presidente de la Comisión de Salud de la Asociación Chilena de Municipalidades, dijo que “gran cantidad de municipios contratamos empresas que van detrás de las isapres para que se transfieran los dineros de las licencias médicas y vemos que hay que hacerlo más, porque son sumas considerables y se requiere un seguimiento”.

 

Fuente: La Tercera