En una columna reciente, Vivienne Bachelet y Fernando Atria se preguntan: «¿Qué tienen en común el déficit de especialistas en los hospitales públicos de Chile, el lucro en la salud y la necesidad de una nueva Constitución para el país?». La respuesta obvia es nada. A pesar de la argumentación retorcida que hacen los autores, cuya visión esencial es que la legitimidad de los bienes públicos existe solo cuando estos son provistos por el Estado, la experiencia nacional muestra que Chile es un país que tiene un acceso universal a la Salud (como bien establece el Informe OCDE 2015) y que el principal obstáculo para el progreso sanitario es la captura del Ministerio de Salud y sus entidades por intereses partidistas. Abundan los casos de sobrecontratación, asignaciones directas o «microlicitaciones» para escapar a la supervisión de la Contraloría, e incluso se han dado casos en que el propio contratado emplea a personal del mismo Ministerio para realizar un trabajo en el cual no podría participar.
Como ha explicado el propio Tribunal Constitucional al impedir con razón que las isapres utilicen tablas de factores sexo-edad para ajustar sus planes complementarios de salud, la libertad de elección del lugar donde cada persona se atiende y con quién se atiende debe ser cautelada. La «falta de respuesta legislativa eficaz» que se menciona en la columna a la excesiva judicialización del sistema (que implica la creación de un nuevo mercado con fines de lucro, que reporta ingresos por $20 mil millones al año para algún grupo de abogados) se explica solamente por la tardanza del Ejecutivo en enviar un proyecto de ley numerosas veces dilatado, y por la negativa a tomar el camino obvio de sacar adelante aquel que duerme en la Comisión de Salud del Senado, y que crea un Plan Garantizado de Salud, con precio único, sin preexistencias y con un fondo de compensación.
Respecto del acoplamiento de los sistemas de entrega de servicios público-privados, este nunca había alcanzado los niveles de colaboración observados durante el actual gobierno, y que permite que al menos los médicos tengan rentas adecuadas a su formación y dedicación, realizando millones de atenciones a beneficiarios de Fonasa en sus consultas y centros de salud. Cabe recordar que la inmensa mayoría de estas organizaciones no tiene fines de lucro, de manera que no se ve de qué manera una nueva Constitución podría producir que el Hospital Clínico de la Universidad Católica, o los hospitales de las Mutuales, o el Hospital Clínico de la Universidad de Chile funcionen en una lógica diferente de la que hoy tienen.
La columna en comento es desesperanzadora. En lugar de reconocer que el sistema público de salud tiene problemas gravísimos de gestión que se manifiestan en crecientes listas de espera, falta de directivos idóneos, incapacidad para ejecutar el presupuesto, muertes evitables, la más alta deuda de la historia, y en vez de ponerse a trabajar duro para corregir estas deficiencias, los firmantes señalan una utopía: cuando tengamos una nueva Constitución, cuyo contenido ellos, al parecer, independiente de lo que decida la ciudadanía, tienen la capacidad de diseñar y prever, entonces sí tendremos una atención de salud eficaz, equitativa, oportuna. Como dice Don Juan: «para largo me lo fiais». Los pacientes no pueden esperar, y el momento de la acción es ahora. El argumento de los autores es falso, y la búsqueda de argumentos para una nueva Constitución es bienvenida, pero lleven su luz donde realmente hay oscuridad respecto a qué debe hacerse
Carta de Jaime Mañalich
Fuente: El Mercurio