El 30% de las personas admite haber suspendido un tratamiento farmacológico por falta de dinero para comprarlos y, en segundo lugar, por baja disponibilidad de los productos en los consultorios y hospitales. Así lo revela la encuesta del Instituto de Políticas Públicas de la U. San Sebastián (Ipsuss), que consultó a 2.546 afiliados de isapre y Fonasa respecto a diversos aspectos de la atención de salud en el país.

Entre quienes reconocieron no haber completado el tratamiento de medicamentos, más del 62% admitió que su salud empeoró por este efecto.

El director de Ipsuss, Jaime Mañalich, calificó como grave esta situación. “Significa que uno puede hacer el diagnóstico, pero no puede garantizar que las personas sigan su tratamiento”, afirmó.

Además, un 54% de los encuestados dijo que consume remedios que requieren receta médica, mientras que el 46% usa productos sin prescripción. En ese contexto, el 69% de los entrevistados apoyó la creación de farmacias comunales, pues admitieron, mayoritariamente, que hoy deben costearlos.

Sobre la iniciativa de los municipios de vender remedios a bajos precios, Mañalich dijo que “reflejan una esperanza, pero con poca viabilidad de materializarse porque falta voluntad política y una política de Estado en la que realmente se garantice el acceso a medicamentos, y el fortalecimiento y presupuesto de Cenabast (Central Nacional de Abastecimiento) para responder a la demanda”.

También, el 67% de las personas dijo no entender la letra del médico en la receta, punto abordado en la Ley de Fármacos, cuyo reglamento regirá a contar de junio, y que obliga a los profesionales a hacer más legible la indicación de la prescripción “si es manuscrita deberá extenderse con letra imprenta legible”, dice la Ley.

La senadora DC, Carolina Goic, explicó que el precio de los medicamentos y los mecanismos para reducirlos están contenidos en la llamada Ley de Fármacos II que está en trámite y a la cual el Ejecutivo comprometió apoyo. “Hace falta un rol más activo del Estado, porque estamos hablando de bienes públicos , no de consumo. Para eso queremos fortalecer a la Cenabast y la facultad de vender a las farmacias independientes con un margen de utilidad (del 10%), además de mejorar la transparencia de la información en las farmacias y apoyar las iniciativas comunales”, dijo Goic.

 

Fuente: La Tercera