La mayoría que tiene la coalición de gobierno en la Cámara de Diputados hacía previsible el resultado de la votación sobre la acusación constitucional en contra de la ministra de Salud, Carmen Castillo.

Y eso fue lo que ocurrió. Los partidos de la Nueva Mayoría se alinearon y terminaron rechazando el libelo. Finalmente, por 65 votos a favor y 40 en contra, se aprobó la cuestión previa presentada por la defensa de la ministra de Salud, con lo cual se desechó la acusación y se da por entendido que esta nunca fue presentada.

Lo anterior, sin embargo, hizo que el fondo de la presentación planteada por diputados opositores no fuese discutido en el hemiciclo. El libelo constaba de cuatro capítulos, referidos a incumplimientos en la gestión hospitalaria; a que Castillo no habría ejecutado las leyes en el caso de las garantías explicitas de salud del plan AUGE; a que no respondió en los plazos establecidos oficios a la Cámara de Diputados después de su interpelación (en septiembre), y la inejecución de la llamada «Ley Ricarte Soto».

Pero estos temas nunca fueron discutidos por los parlamentarios. Unos y otros argumentaron a favor y en contra de las formalidades de la presentación, así como de si correspondía acusar constitucionalmente a la ministra por los incumplimientos legales o sobre la tangibilidad del derecho a la protección de la salud, resguardado en la Constitución.

La votación se produjo después de casi cuatro horas de debate y, como era previsible, dejó conforme al oficialismo y molesta a la oposición.

La diputada independiente Karla Rubilar expuso que «la ministra se ha salvado de la acusación constitucional, pero no se ha salvado la salud pública». Y agregó que «aprobar la cuestión previa significa habernos dado la razón sobre los fundamentos de la acusación, significa no querer entrar en el fondo, significa no querer hablar de salud».

La ministra Castillo, en tanto, agradeció el apoyo de los parlamentarios y dijo que «no estamos inmovilizados. Sin embargo, muchos de estos actuares que hemos vivido nos han imposibilitado hacer la gestión que queremos».

En su presentación ante la Cámara, además, señaló que «vivimos tiempos difíciles en salud, que algunos llaman crisis, con el ánimo de crear una desesperanza crónica y de alimentarla continuamente de malas noticias».

La oposición dejó abierta la posibilidad de insistir en una nueva acusación constitucional, y criticó la «politiquería» que finalmente rechazó el libelo. Así lo expuso el UDI Jorge Ulloa, quien aseguró que existen leyes sin cumplir, que son las que fundan la acusación, y que el rechazo ocurre «porque no hay peor ciego que el que no quiere ver», lo que calificó como «la grave crisis de salud».

El jefe de bancada RN, Alejandro Santana, agregó que «lamentamos que hoy, en vez de solidarizar con millones de chilenos, se ha blindado a una ministra, a un gobierno».

Las tareas pendientes

En el entorno de la ministra afirmaron que superado el tema de la acusación constitucional, lo que ahora viene es la definición del nuevo subsecretario de Redes Asistenciales, vacante desde hace un mes, cuando en medio de la discusión presupuestaria renunció la doctora Angélica Verdugo.

Además, Salud se ha comprometido a llegar a ejecutar el 85% de su presupuesto de inversiones, así como también a reducir la deuda de $245 mil millones que había en agosto a una cifra en torno a $150 mil millones.

En paralelo, la ministra Castillo también enfrenta el desafío de seguir adelante con el programa legislativo del Gobierno, que implica que antes de fines de año se envíe el proyecto de ley de reforma al sistema privado de salud.

Al interior del Poder Ejecutivo, sin embargo, ya existen voces que aseguran que desde Hacienda plantean que la discusión de esta reforma se deje para abril o mayo del próximo año.

 

Fuente: El Mercurio