Las utilidades del conjunto de Isapres abiertas cayó entre septiembre de 2014 y septiembre de 2015 un 64%, llegando a poco mas de 19 mil millones de pesos. En el mismo periodo habría existido una pérdida operacional de 4.100 millones de pesos, una tendencia que ya se había insinuado durante el primer semestre de este año. Más allá de que la desaceleración económica podría influir en el nivel de utilidades de las Isapres, se ha enfatizado que la judicialización estaría detrás de estos resultados financieros. Esto es parcialmente cierto pero no debe inducir a confusión: la judicialización es un síntoma, no una causa.
Haciendo una analogía médica, la judicialización es como la fiebre: señala que existen problemas que no desaparecen si sólo se baja la fiebre. En el caso de las Isapres la judicialización, que se ha elevado a niveles récords, se debe fundamentalmente a una incapacidad del sistema privado, asegurador y prestador, de contener costos. Es entendible que los costos de salud crezcan en el tiempo y que las personas usen más el sistema de salud pero no es normal la tasa a la que esto ocurre en Chile. Y esto muestra defectos en el diseño del sistema: no se puede prometer contención de costos y libre elección irrestricta de prestadores al mismo tiempo. Incluso en sistemas de salud basados en seguros privados, como Holanda o Suiza, existen «porteros», médicos generalistas de libre elección, que atienden inicialmente a las personas y que sólo de ser necesario las derivan a especialistas.
El sistema chileno no funciona así y en parte esto explica el incremento de costos. Otro elemento que lo explica es el mecanismo de pago que se utiliza: esta demostrado a nivel empírico que si el seguro le paga a los médicos «por visita» el número de visitas promedio aumenta, lo que incrementa notoriamente los costos. Se debe pasar, entonces, de pagos «por visita» a pagos «por resolución de problemas médicos», similar a lo que existe hoy en el AUGE. Son las Isapres las que pueden avanzar decididamente en esta implementación sin esperar reforma alguna ni cambios regulatorios.
Seria un error solucionar, como pretenden algunos, solamente el tema de la judicialización sin reformar decididamente cómo funciona el sistema de seguros privados de salud en Chile. Existe una propuesta de reforma inmediata que tuvo consenso dentro de la Comisión Presidencial creada para esto en el 2014 y que propone una solución integral, no sólo para la judicialización. Sería apropiado que los legisladores la consideren
Columna de Guillermo Paraje, Profesor Titular Universidad Adolfo Ibáñez
Fuente: El Diario Financiero