De acuerdo a estimaciones de LyD, llegar por ejemplo a un 6% elevaría dicho monto a casi US$2.000 millones. Hacienda propone otorgar un alza mayor a sueldos más bajos.

Por J. P. Palacios y M. Leiva.

La Ley de reajuste al sector público del próximo año podría tener un costo fiscal para nada despreciable. Según estimaciones de Libertad y Desarrollo (LyD), si el incremento salarial que aprueba el Congreso se sitúa en 4% nominal, el Fisco tendría que gastar en sus trabajadores del orden de US$1.577 millones ($1.124.932 millones), calculado con un tipo de cambio de $700.

En caso de que el alza salarial fuera de un 4,5%, el centro de estudios proyecta que el desembolso fiscal sería de US$1.668 millones (o $1.189.820 millones).

En el mercado y en el Congreso ven espacio para que el ministro de Hacienda Rodrigo Valdés entregue un reajuste al sector fiscal bajo el 5% nominal.

De todos modos, en LyD estimaron un escenario en que el incremento llegue a 5% o 6%, casos en que el gasto total ascendería a US$1.759 millones ($1254.709 millones) y US$1.951 millones ($1.391.393 millones), respectivamente. Es decir habría una diferencia de US$ 375 millones entre otorgar un incremento salarial de 4% ó 6%. Cabe señalar que la construcción de un hospital mediano cuesta al fFisco un monto cercano a los US$ 250 millones.

Sobre la base del informe financiero de la Dipres de la ley aprobada el año pasado, LyD calcula que este año el Estado destinó $ 1.341.599 (en pesos de 2015) millones en el reajuste de su dotación.

Por su parte, el economista Cristóbal Gamboni de BBVA Research, estimó que si el reajuste 2016 llegara 5%, el desembolso fiscal podría situarse entre US$ 1.700 y US$2.000 millones.

Gamboni explica que un punto de reajuste representa más o menos entre US$350 millones y US$400 millones.

Desglose en bonos

En todos los escenarios analizados, los bonos y otros beneficios ocupan un lugar significativo en el gasto total. La economista senior de LyD, Cecilia Cifuentes, considera que el reajuste de las remuneraciones representa en promedio entre el 50% y el 60% del costo.

En ese contexto, estimó que en el caso del bono especial o de término de negociación subiera en un nivel similar al de años anteriores, el desembolso en ese ítem podría llegar a US$282 millones ($201.579 millones). “Ese costo es parecido a lo que el Gobierno va a destinar a gratuidad en la educación superior”, advirtió la experta.

En ese plano, Cifuentes cuestionó el creciente costo fiscal en remuneraciones, asignaciones y bonos para los funcionarios públicos que se ha registrado en los últimos años. “El reajuste reafirma la tendencia que ha mostrado nuestra economía en los últimos años donde los funcionarios públicos han mejorado sus sueldos por sobre los del sector privado, como resultado de las presiones a través de huelgas ilegales y que en los últimos años ha elevado significativamente el gasto fiscal destinado a este ítem”, afirmó.

La estrategia de Valdés

Al cierre de esta edición, el ministro Valdés se reunía en el edificio de la intendencia en Valparaíso con los representantes de la mesa del sector público para seguir negociando un acuerdo.

Hasta ahora la estrategia del secretario de Estado ha estado concentrada en dar un reajuste mayor a aquellos auxiliares, administrativos y técnicos que actualmente perciben remuneraciones mínimas en el aparato fiscal. El fin de semana desde Teatinos 120 pusieron sobre la mesa un incremento de 6,4% para ese grupo de trabajadores.

Estos funcionarios que ubican entre los grados 22 y 23 del escalafón público perciben remuneraciones en promedio de $ 340 mil y equivalen a unos 28 mil trabajadores (entre un 5% y 7% de la dotación total).

Aunque el presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), Raúl de la Puente, indicó que “no son muchos los funcionarios” que recibirían ese aporte, “ese reajuste permite acortar la brecha entre el sector de sueldos más altos de la administración pública y el grupo que gana menos”.

De la Puente aclaró que “esa propuesta fue hecha por la Anef dentro de la mesa del sector público: discutíamos si hacer un reajuste diferenciado entre el que gane menos y el que gana más y planteamos que hubiera un porcentaje mayor de reajuste en el piso”.

En el Gobierno, en tanto, ven díficil que se llegue a un acuerdo con los gremios, debido a que los funcionarios públicos han manifestado que un reajuste menor al 6% del año pasado, “sería exiguo”.

En el comité político Valdés notificó a los presidentes de los partidos de la Nueva Mayoría de que el espacio fiscal es limitado para el reajuste.