Según el Reporte de Economía y Desarrollo 2015 elaborado por el CAF, la brecha entre ambos trabajadores es en promedio 55% superior en los empleados estatales. En Chile, ésta llega a 30%, aunque baja a 7% si se ajusta la medición uno a uno.

Por Óscar Galaz.

Cuatro áreas para que los estados latinoamericanos mejoren la efectividad de las intervenciones públicas y con ello promover su desarrollo, identificó el Reporte de Economía y Desarrollo (RED) 2015, elaborado por el Banco de Desarrollo de América Latina, CAF.

En su informe, que será dado a conocer hoy en el seminario “Hacia un Estado más efectivo”, se identifican la burocracia de calidad, el sistema de compras públicas, la participación ciudadana y los sistemas de monitoreo, evaluación y aprendizaje, cómo las dimensiones a perfeccionar en la región para facilitar una mejor calidad de los programas públicos.

En específico, y en el tema de burocracia, el documento hace especial atención a que “un buen Estado requiere buenos burócratas, y para atraer y retener a los funcionarios públicos idóneos, uno de los requisitos es contar con un esquema salarial apropiado”.

En promedio, los funcionarios del sector público cuentan con ingresos superiores en un 55% más que sus pares del sector privado (ver cuadro).

En este punto, RED 2015 observa que los trabajadores públicos latinoamericanos tienen, en promedio, “un mayor nivel educativo y más experiencia laboral que los del sector privado formal”, lo que generaría esta amplia diferencia entre sus remuneraciones.

En ese sentido, y para el caso de Chile detalla el documento, “en promedio, los empleados públicos ganan 30% más que los privados. No obstante, si se descuenta el componente educación y experiencia del trabajador público, la brecha con el sector privado queda en 7%”, asegura la economista principal de CAF, Lucila Berniell.

Pese a esto, puntualiza la economista, que en los rubros de educación y salud para Chile la situación es totalmente distinta. “El estudio demostró que las brechas de salarios en el sector educación y salud son negativas, lo que quiere decir que el sector privado paga relativamente más en estos dos sectores a individuos de igual calificación, edad, género y otra características que se miden” (ver gráfico).

En la mayoría de los países de la región, el informe indica que los trabajadores públicos del sector educación ganan 20% más, en promedio, que sus pares del sector privado; y la brecha en salud llega a 17%.

En Chile ocurre lo contrario y en el sector público, la distancia fluctuaría entre 5 y 8% menos que en los privados (ver gráfico).

Para Berniell que lo que sucede en Chile en educación y salud es muy distinto de lo que se observa para América Latina, e incluso en países desarrollados. Según su análisis, la explicación no está clara y “la respuesta es complicada porque el sistema de salud en Chile es bien complejo, y tiene muchas aristas en la contratación de los recursos humanos o en cómo retenerlos. Puede que tenga que ver con la organización de todo el sistema”, dice.

Para el caso de educación la respuesta podría seguir el mismo modelo que salud, comenta al experta.

Otras conclusiones

Pese a que en América Latina existe una mejor remuneración promedio en el sector público que en el privado, el informe identifica que aquellos funcionarios públicos con más años de servicio, bien calificados, obtienen menores ingresos que sus pares privados en igual condición.

Según el economista principal de CAF, Pablo Brassiolo, “ello puede generar un problema para atraer y retener a la gente más calificadas en el sector público. En el caso de Chile, es donde menos se ve este problema comparado con la región donde las brechas no son tan evidentes entre los más calificados”.

Asimismo, critica que el sector público no ofrezca posibilidades de carrera.

Compras Públicas

Respecto al segundo punto que identificó el estudio de mejora del sistema de compras públicas, la conclusión indica que se deben “ adoptar algunos mecanismos tradicionales de control y vigilancia para impedir el desperdicio y la corrupción en las compras públicas. Sin embargo, el exceso de control de medidas de monitoreo puede llegar a disminuir la autonomía de los funcionarios y reducir su desempeño, lo que sugiere que se debe guardar un balance entre autonomía o flexibilidad y control”.