Parlamentarios oficialistas y de oposición critican reacción de La Moneda ante el paro, que cumplió 31 días:
Funcionarios del servicio marcharon ayer por el centro de la capital y acusan un estancamiento de las conversaciones. Trabajadores rechazan aumento de $388 mil en bono anual.
Por Equipos de Ciudad y Justicia.
«Ojalá me hubiese reunido con la ministra (Javiera Blanco)», decía anoche la presidenta de la asociación de funcionarios del Registro Civil, Nelly Díaz, al dejar la oficina central, en Huérfanos, pasadas las 21:30 horas.
Les acababa de informar a los trabajadores sobre su último encuentro con el director del servicio. «Para mí, él es Luis Acevedo, no el director», respondía la dirigenta, acerca de la cita sostenida en la calle Catedral, donde se ubica la dirección de la entidad.
En otra jornada marcada por la tensión, el Gobierno aseguró ayer que continúa abierto al diálogo con los funcionarios, pero que esta negociación no prosperará mientras persista el paro y que «abrir la billetera» no es la solución al problema, que mantiene a la institución sin una atención regular al público hace 31 días.
Primero fue el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, quien dio a conocer la postura del Ejecutivo, al afirmar que «siempre vamos a estar disponibles al diálogo, pero es importante que ese diálogo no significa que se va a hacer una discusión en paro».
Esto, tras el fracaso de las negociaciones del martes, que incluían una oferta que consistía en el aumento de $388.000 en el bono de $1.050.000 que cada año se les entrega a los funcionarios del servicio en base a una encuesta de satisfacción a los usuarios.
Valdés calificó como «muy lamentable» que no se haya acogido este gesto del Gobierno. «Se hizo un esfuerzo importantísimo de abrirse a todas las demandas que ellos tenían, y no hubo acuerdo».
Luego, el ministro del Interior, Jorge Burgos, dijo: «El Gobierno ha hecho lo que tiene que hacer. Abrir la billetera no costaría nada, pero no se puede gobernar así», dijo.
«La voluntad de conversar está; nos interesa que funcionen los servicios públicos, pero no podemos poner en riesgo la economía del país (…) Los gobiernos no están para decirles a todos que sí. Si fuera tan fácil como decirles a todos que sí, sería bastante fácil gobernar», añadió el jefe de gabinete a la radio Universo.
Valdés, por su parte, sostuvo que «las puertas están abiertas en Justicia para seguir dialogando», pues el tema está radicado en la ministra Blanco.
Al respecto, la dirigenta Díaz respondió que «para negociar queremos a Hacienda y Justicia».
Situación de sumarios
Durante la jornada se calculó que más de 1,6 millones de trámites estaban pendientes. Se prevé que hoy la situación se complique aún más, pues el Ministerio de Justicia ordenó el regreso de sus funcionarios enviados a regiones para colaborar en las oficinas.
Ayer por la mañana, empleados del Registro Civil salieron al centro de la capital para protestar junto a trabajadores convocados por la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF). En el Gobierno no descartan que este conflicto haya sido aprovechado por el presidente de dicha entidad, Raúl de la Puente, para enviar un mensaje «de advertencia», ya que hoy se inician las negociaciones para reajustar en 8% el salario de los funcionarios públicos.
En cuanto a los sumarios administrativos y los eventuales descuentos aplicables a los funcionarios, desde el Gobierno afirman que es muy difícil echar pie atrás a las sanciones, porque ya se materializó la intervención de la Contraloría, y con ello se podrían concretar una serie de desvinculaciones. Eso podría agudizar la tensa relación entre los funcionarios del Registro Civil y el Ejecutivo.
De hecho, anoche Díaz abandonaba la oficina central del servicio en Huérfanos con una serie de documentos emanados desde el organismo contralor. Justo cuando caminaba por la calle San Martín, recibió un llamado de Carlos Aparicio, uno de los asesores de la ministra Blanco.
Críticas a la reacción
Poco después del fin de la marcha de trabajadores, el director Acevedo presentó a Israel Chamorro como nuevo jefe metropolitano, en reemplazo de Ana Cristina Celis.
La salida de esta directora se concretó porque nunca se incorporó a los denominados turnos éticos, en que todos los jefes del servicio están involucrados por la huelga. Asimismo, el martes no habría asistido al trabajo con la excusa de que tenía que concurrir a un seminario.
«El asunto está suficientemente grave como para estar perdiendo el tiempo (…) Creo que ha habido ingenuidad de parte del Gobierno e intransigencia de parte de la dirigencia (del Registro Civil)», argumentó el diputado del PS Osvaldo Andrade, sumándose a una serie de críticas que vienen desde el oficialismo y la oposición en torno al manejo de La Moneda para enfrentar el paro y el rol de Hacienda en él.
«No me parece que el ministro de Hacienda se esconda detrás de las faldas de la ministra Blanco. Todos sabemos que cuando se trata de recursos, la opinión de este ministerio es incidente, y mucho», afirmó el diputado Ricardo Rincón (DC).
«No puede ser que el ministro Valdés mire para el lado y que diga que se vayan a conversar a Justicia. Que asuma también su responsabilidad», añadió el diputado Pablo Lorenzini (DC).
En tanto, representantes de la oposición pidieron la renuncia de Blanco. «El Gobierno debe asumir la responsabilidad a través de un hecho concreto», dijo el diputado Felipe Ward (UDI).
Su visión es compartida por su par de RN Nicolás Monckeberg: «Después de treinta días de paralización, si la ministra no se sienta ahora a negociar con el Registro Civil, su actitud le costará el cargo», indicó.
Y la senadora Jacqueline van Rysselberghe (UDI) aseveró que «la ministra quemó sus cartuchos al cerrar la puerta al diálogo, por lo que siempre es una alternativa una renuncia cuando hay conflictos de esta naturaleza».
Cargo
El abogado Israel Chamorro asumió ayer como nuevo director regional metropolitano del Registro Civil. Movilización de 2013 terminó con aumentos de grado y mejoras salariales para 2 mil funcionarios
En septiembre del año 2013 se registró la segunda mayor huelga del Registro Civil, pues a lo largo de 29 días, los funcionarios de esta entidad paralizaron completamente este servicio en todo el país.
En esa ocasión, los trabajadores exigían una serie de mejoras salariales, que solo fueron consensuadas después de casi un mes de negociaciones encabezadas por la ministra de Justicia de esa época, Patricia Pérez.
De hecho, hoy varios funcionarios critican la reacción del gobierno actual, pues durante la crisis registrada dos años atrás, las primeras conversaciones se sostuvieron a los cinco días de que se inició la movilización. En esta ocasión, en cambio, la primera conversación formal se concretó en el día 28 de paro.
Esas negociaciones concluyeron con el aumento de grado para 755 funcionarios y una mejora salarial para 2.084 trabajadores.