Ministra Carmen Castillo expuso a senadores los ejes de la reforma, que permitiría movilidad sólo a los usuarios del sector privado. Plan se financiaría con cotización legal y primas comunitarias para mejorar red. Se mantiene crear fondo mancomunado con Fonasa.

Por Oriana Fernández y Gabriela Sandoval.

Tras semanas de incertidumbre, la ministra de Salud, Carmen Castillo, presentó ayer a la Comisión de Salud del Senado los ejes de la reforma a las isapres.

Castillo explicó que ésta consiste en un Conjunto de Beneficios en Salud (CBS) que deberán ofrecer las aseguradoras, con cobertura del 80% en prestaciones hospitalarias y 60% en ambulatorias. Se financiaría sólo con el 7% de la cotización legal por grupo familiar, pudiéndose optar a primas comunitarias, adicionales, para acceder a mejores redes de atención o a libreelección.

El modelo incluye un fondo interisapres -que agrupa las cotizaciones y las reasigna según el riesgo de las cartera- y un fondo mancomunado, donde aportarían los usuarios del sistema privado y de Fonasa, para financiar trasplantes, fármacos o atenciones del Samu, entre otras alternativas.

Sin embargo, una de las sorpresas fue el cambio a la propuesta de libre movilidad. Ello, pues a comienzos de año el gobierno anunció el fin de la declaración de salud o “filtro” que usan las isapres para el ingreso de usuarios al sistema y que ha sido criticado por privilegiar a pacientes jóvenes y sanos.

Ayer, en cambio, se informó que la eliminación de las preexistencias regirá sólo para usuarios de las distintas isapres, quedando pendientes los de Fonasa, para quienes este proceso será progresivo. “Fin de la declaración de salud intraisapres y compromiso de eliminarla gradualmente intersistemas”, plantea la propuesta.

Esta flexibilización generó reacciones. El senador PPD, Guido Girardi, dijo que “en la comisión no estamos de acuerdo con la gradualidad de la supresión de la declaración de salud, porque ese requisito es inmoral”.

Su par RN, Francisco Chahuán, añadió que el gobierno “no tiene claras las bases del proyecto, porque el principio de no discriminación no debe ser gradual”.

La senadora Carolina Goic (DC), en cambio, sostuvo que “entiendo que una reforma de este tipo tiene que tener una aplicación gradual. Yo misma he planteado la preocupación por los usuarios que pudieran migrar de un lugar a otro”.

Para las isapres, el término de la declaración de salud significa que entre 100 mil y 300 mil personas podrían migrar de Fonasa, con costos asociados de $ 270 mil millones a $ 833 mil millones que, plantean, pone en riesgo la viabilidad del sistema. Sin embargo, vieron con recelo el retroceso del gobierno en esta materia. “Si bien hay un avance en la aplicación de la eliminación solo en isapres, la gradualidad propuesta no se entiende. Lo que hoy hace inviable al sistema isapre, también lo hará en unos años más; entonces, es trasladar el problema para más adelante. Eso es grave. La solución técnica es la compensación de riesgos, como se hace en Holanda u otros países, pero eso implicaría traspasar fondos fiscales a isapres y eso, hoy, es políticamente incorrecto”, planteó el presidente de la Asociación de Isapres, Rafael Caviedes.

El sector también rebatió el precio, asegurando que no es posible costear el CBS sólo con la cotización legal. “No es lo mismo financiar a una familia que a un individuo solo, por ello se requiere una prima comunitaria por persona”, dijo Caviedes, quien además criticó la falta de definiciones en el destino de los recursos del fondo mancomunado y la regulación de tarifas a los nuevos contratos del CBS, pues “será igual para todos y habrá plena movilidad entre isapre. Es inviable, innecesario y atenta contra la libre competencia aplicar una regulación de precio”, enfatizó.

Diferencias

En su presentación, Castillo comparó la actual propuesta de reforma con el Plan Garantizado de Salud (PGS), enviado al parlamento por la pasada administración, destacando que este nuevo intento incluye mayores elementos de solidaridad, universalidad y protección a largo plazo (ver infografía).

La secretaria de Estado, además, se refirió al posible impacto de la iniciativa, en la que resultaría favorecida el 50% de los usuarios -mujeres en edad fértil, menores de dos años, adultos mayores y enfermos- implicando un aumento de precio para la otra mitad, principalmente, hombres solteros de entre o 20 y 40 años.

“El espíritu del proyecto es dar solidaridad en financiamiento, universalidad del sistema de salud y prestaciones para todos los beneficiarios”, dijo Castillo, quien insistió en que el proyecto se presentará este año al Congreso.