El máximo dirigente de los empresarios dice que sigue y seguirá trabajando activamente en conseguir que el gobierno y los parlamentarios accedan a perfeccionar el proyecto de ley que está en el Congreso, porque tal como está es perjudicial para las empresas y también para los trabajadores.

Por Marta Sánchez Leiva.

“Yo, particularmente, soy muy partidario de los sindicatos”, afirma el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Alberto Salas, como una forma de demostrar que las críticas y oposición que muestran los empresarios al proyecto de reforma laboral que se encuentra en el Congreso no pasan porque no existan sindicatos o negociaciones colectivas. Al contrario, comenta, describiendo su experiencia personal: “Toda mi vida en el rubro minero he trabajado con grandes sindicatos sin mayores problemas, pero me gusta que los sindicatos sean libres”.

Y ¿por qué los tiene tan incómodos la reforma laboral?

Más que incómodos, la reforma laboral nos tiene muy preocupados, porque es una reforma que no se hace cargo de los temas principales del mundo del trabajo, como son el empleo de la mujer, de los jóvenes, de la tercera edad y de la adaptabilidad. Lamentablemente, no es una buena reforma para el país, ni para los trabajadores, ni para las empresas, y menos aún, para los que no tienen trabajo.

¿Qué es lo que más les preocupa, tal como dice usted?

Hemos señalado que el proyecto yerra el foco al no apuntar a mayor empleo, crecimiento y productividad. Respecto de sus contenidos, servicios mínimos, huelga y reemplazo de trabajadores constituyen un capítulo respecto de los cuales hemos mencionado sus inconvenientes en reiteradas ocasiones. También nos preocupa la titularidad sindical y la situación desmejorada en que quedarían los trabajadores no afiliados al sindicato, ya que no necesariamente se les podrá extender a ellos los beneficios de la negociación colectiva. Otro punto es que, si bien en general se mantiene el esquema básico de negociación por empresa y no por rama de actividad, nos inquieta la posibilidad de que un sindicato interempresa pueda obligar a una empresa a una negociación colectiva, pudiendo ser la punta de lanza para llegar a una negociación ramal.

Los ministros de Hacienda y del Trabajo han dicho que este es un proyecto que equilibra la relación trabajadores y empleadores, ¿no es así?

La manera como está estipulado en el proyecto hace que la relación empresa-sindicato no sea equilibrada, y puede llevar a que la huelga dañe y provoque efectos irreparables para la empresa, sus trabajadores, proveedores y consumidores. Por eso, lo que nosotros estamos buscando es que esta reforma contenga normas que permitan un equilibrio en la relación, que exista el derecho a huelga, pero que no afecte más allá de lo que se está negociando con la empresa, es decir, que cuando se termine la huelga, al otro día la empresa pueda seguir trabajando.

El senador Juan Pablo Letelier (PS) dice que “no es ético ni moral que los empresarios estén defendiendo tanto sus privilegios, negándose a que los trabajadores que los ayudan a adquirir la riqueza participen en ella”…

Esa frase está muy alejada del mundo empresarial. No funcionan así las empresas, porque estas son iniciativas, emprendimientos que buscan desarrollar ideas, satisfacer necesidades de bienes y servicios, y para eso es muy relevante el factor capital humano, las personas. En definitiva, en el siglo XXI una relación armónica es la que satisface las necesidades tanto de los trabajadores como de los empresarios, aportando al desarrollo y conformando entre crecimiento y empleo un círculo virtuoso, cuyos beneficios incluso los recibe el Estado vía la recaudación de impuestos.

¿Cuando los ministros Valdés y Rincón les han explicado el objetivo que persigue esta reforma han escuchado estos argumentos?

A lo mejor muchos de los puntos que se desarrollan en el proyecto han sido hechos a partir de visiones poco aterrizadas o alejadas de la realidad. Nosotros, los empresarios, tenemos la ventaja que conocemos profundamente la realidad del mundo laboral, porque es parte de nuestro quehacer diario. La visión que hemos entregado a las autoridades es nuestra experiencia práctica y, por eso, podemos afirmar que hemos detectado que en el proyecto laboral algunas normas son inaplicables y perjudiciales, cayendo en el mismo tipo de problemas que la reforma tributaria, que se realizó sin el tiempo, la prolijidad y el conocimiento prácticos necesarios para lograr una buena reforma para el país.

Un ejemplo de lo alejada que está la reforma de la realidad que se vive al interior de una empresa…

El no reemplazo en huelga o como quieran llamarlo: si no se puede reemplazar en una empresa de servicios médicos domiciliarios, los pacientes quedan sin atención con las gravísimas consecuencias que eso puede traer; si en una salmonera no se alimenta a los peces, ellos se mueren, se producen daños ambientales y se afectan otras instalaciones vecinas; si tengo un horno en una compañía minera y lo tengo que apagar, aun cuando se termine la huelga, la empresa demorará al menos 45 días en retomar su actividad normal producto de su enfriamiento y reencendido. En un escenario así, el empresario, sin duda, se sentirá chantajeado y presionado por lograr cualquier tipo de acuerdo para evitar un daño mayor a su empresa y al entorno.

Algunos empresarios y parlamentarios han planteado que el resultado de la reciente negociación colectiva del BancoEstado es una prueba de la falta de equilibrio entre el sindicato y el empleador, ¿para ustedes podría transformarse en el ícono de lo que se debe evitar con esta reforma laboral?

No tengo los antecedentes específicos de la negociación. Pero sí queda en evidencia la moraleja de que, efectivamente, es fundamental que exista equilibrio entre la empresa y el sindicato. Si lo que se consiguió de reajuste y beneficios va más allá de la lógica en un escenario económico del país de desaceleración y crecimiento plano, sólo se puede concluir que el poder que tenía el sindicato excedía lo que se estaba negociando. Estos acuerdos tienen que considerar una mirada de futuro para darle continuidad a la empresa y no porque el sindicato gane una batalla debe afectar a la empresa y poner en riesgo su negocio. Hay que ser prudentes, sobre todo, en escenarios económicos difíciles, tanto externos como internos.

Puntos en conflicto

¿Están de acuerdo con el derecho a huelga?

Está bien que hagamos huelga y que ésta sea efectiva, que se pare la producción, pero que la paralización no provoque más daño que lo previsto por la huelga. Pero así como estamos de acuerdo en respetar el derecho a huelga, también respetemos el derecho de los que no van a la huelga, de los que no están sindicalizados y quieren trabajar. Además, es importante que las huelgas sean pacíficas y, en caso contrario, que se contemplen sanciones para quienes incurran en actos violentos y apartados de la ley.

En el proyecto se plantea que los trabajadores no sindicalizados puedan asumir otras funciones…

No basta con eso, pero si ese es el espíritu, hagámoslo de forma clara y directa.

¿Cómo?

Que no quepan dudas que se pueda resolver el problema con trabajadores internos. Pero esta indicación, según nuestros expertos, está muy difícil de aplicar, de interpretar y no cabe duda que se judicializará.

El proyecto también define los servicios mínimos, de seguridad, les pone plazo y la forma en que se deben acordar entre sindicato y empleador, ¿tampoco es suficiente?

Reconozco que en la indicación del Ejecutivo se avanza en esta materia al fijar el plazo de 180 días previos a la negociación colectiva para definir los servicios mínimos. Pero también sería importante que la Dirección del Trabajo se atenga al informe técnico que el regulador respectivo está obligado a emitir, para determinar esos servicios. Toda esta es una materia delicada y compleja, que si no se hace con mucha prolijidad, puede terminar en una judicialización permanente.

Más diálogo

Ya van a cumplir cinco meses conversando con las autoridades sobre posibilidades de reformar esta reforma, ¿creen que todavía tienen posibilidades de influir en algunas materias?

Eso esperamos, siempre vamos a estar tratando de aportar nuestra visión, experiencia y profundo conocimiento del mundo real para tener buenas políticas públicas. Nosotros no somos gobierno, así que desconozco los temas internos de por qué algunos logran o no cosas, pero debo reconocer que tenemos una relación directa y siempre hemos tenido acceso a conversar con todas las autoridades tanto del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Lo que ocurre es que en este proyecto e indicaciones no se consideró nuestra opinión.

¿No se darán por vencidos?

Nunca vamos a dar por perdida la posibilidad de diálogo. Tenemos la esperanza de poder insistir y seguir conversando con las autoridades para lograr equilibrios que sean buenos para los trabajadores, la empresa y, en el fondo, para el país. Nosotros vamos a estar siempre disponibles para trabajar con el mayor respeto, pero con la profunda convicción de que este proyecto de ley no es bueno, porque no ayuda a la productividad ni a la competitividad de la economía.

El consejo de la Sofofa acordó llegar hasta la Presidenta de la República, ¿ustedes como CPC seguirán la misma línea?

Nosotros como CPC trabajamos muy unidos y coordinados con las seis ramas que componen la Confederación, y como no estamos conformes y sí preocupados por estas indicaciones, vamos a seguir solicitando audiencias con todas las autoridades del Ejecutivo y del Legislativo, con el fin de demostrar y convencer de la necesidad de buscar el equilibrio que permita sacar una mejor ley que la actual.

¿Por qué cree que ahora tienen alguna posibilidad de influir si todo indica que el gobierno no se moverá del planteamiento expuesto en las indicaciones?

Tenemos la responsabilidad de insistir hasta la última instancia que sea posible en que esta reforma no va en la dirección correcta y creará un clima de conflictividad en la empresa, lo que le hará finalmente daño al país. Por lo tanto, en esa convicción, con el mejor espíritu y la mejor disposición, queremos colaborar en tratar de lograr una reforma más equilibrada, y no vamos a parar hasta agotar la última instancia. Hemos solicitado una reunión con la Presidenta de la República, con el ministro de Hacienda y con senadores. De hecho, nos reunimos el jueves con la ministra del Trabajo. Estamos trabajando activamente en esto.

Lo más probable es que los reciban…

Más que nos reciban, la verdad es que necesitamos un diálogo lo más franco posible para poder, ojalá, sin ninguna ideología, ver cómo mitigamos sus efectos negativos o cómo esta ley se hace cargo de los problemas reales de las empresas, como el tema de la conflictividad, de la violencia en la negociación colectiva y de evitar que esta extensión de beneficios produzca trabajadores de distintas categorías; en fin, de una serie de problemas que presenta el actual proyecto.

¿Está haciendo un llamado a que el gobierno se abra a nuevas rectificaciones?

Esperamos que el gobierno se abra y que nos escuchemos con buena voluntad y espíritu constructivo. Es decir: escúchennos, considérennos, porque creemos que esta reforma laboral no es buena para Chile. Y si las autoridades no están de acuerdo con nosotros, que me lo rebatan, pero allanémonos todos a buscar una fórmula para arreglar los problemas. Todos tenemos que entender que esta no es una ley a favor de los empresarios o de los trabajadores, es una ley que se tiene que hacer a favor de Chile.

¿Cuáles son los cambios urgentes que plantearán a las autoridades?

Primero, el reemplazo en huelga, llámese como sea, con el objetivo de lograr un equilibrio en la negociación, permitiendo la entrada de trabajadores externos. Segundo, el tema de la extensión de beneficios no debe depender del sindicato o de un grupo para no romper con la armonía en las empresas. Tercero, el tema de la conflictividad, pues hay que hacerse cargo de que la inmensa mayoría de los conflictos laborales son hechos al margen de la ley en huelgas ilegales, que tienen a veces grados de violencia que no sólo involucran a la propia empresa, sino que a terceros, como a los proveedores, etc. Por tanto, se debe garantizar que la negociación colectiva se haga en un ambiente de paz y el que llame a la violencia tenga un castigo, no puede ser gratis. Y, en cuarto lugar, están los temas que, precisamente, no están en la ley, como mejorar la competitividad y la productividad del país, la inclusión de la mujer, de los jóvenes, la tercera edad, el trabajo a distancia y la adaptabilidad.

¿El gobierno debiera avanzar en la idea de elevar el quórum para la conformación de sindicatos en las pequeñas empresas?

En las pymes hay poca experiencia en el trabajo con sindicatos y hay una inquietud de cómo se trata este tema, porque las pymes son muy frágiles financieramente y una negociación colectiva puede implicar la continuidad o no del negocio. Por lo tanto, una indicación que apunte a permitirles tener relaciones laborales más equilibradas como se está haciendo es positivo, va en la línea correcta.