En octubre los gremios que negocian el alza salarial comenzarán sus reuniones, para luego en noviembre iniciar las tratativas con Hacienda. El estrecho escenario fiscal, sumado al bajo crecimiento, son factores que los expertos esperan que se consideren.
Por C. Alonso y O. Galaz.
El lunes el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, quiso dar una señal de austeridad al firmar un protocolo de acuerdo suscrito entre el Gobierno y el Congreso para congelar las dietas de las principales autoridades a partir del 1 de diciembre de este año.
Con esta propuesta, además, el secretario de Estado quiere comenzar a pavimentar el camino para la negociación del reajuste anual con la Mesa del Sector Público, que reúne a 14 gremios, que tendrá lugar en noviembre.
Y si bien todavía restan varias semanaspara ello, el debate ya está abierto.
Este año la negociación cobra relevancia en momentos en que los ingresos fiscales son menores y por la priorización que debe realizar Hacienda considerando los gastos extras por el terremoto en la Región de Coquimbo. También se debe tomar en cuenta que el reajuste que se entregue al sector público es una señal que se manda para las negociaciones que se realizan en el sector privado. El año pasado el incremento fue de 6%.
En este contexto, el presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (Anef), Raúl de la Puente, no quiso adelantar cuál será la cifra de incremento que presentarán dentro del petitorio, pero dijo que “se debe considerar la inflación, que actualmente se ubica en 5% en 12 meses, más el crecimiento económico y un porcentaje adicional que se debe negociar con el Gobierno”. Asimismo, De la Puente acotó que para octubre se tiene agendado realizar la primera reunión con los gremios que componen la Mesa del Sector Público, para luego iniciar la negociación con Hacienda y Trabajo.
Sin embargo, desde ya Esteban Maturana, presidente de la Confederación Nacional de Funcionarios de Salud Municipal (Confusam), advirtió que si bien este año el escenario económico es más complejo que en 2014, “no se puede perder de vista que se debe recuperar el poder adquisitivo de los funcionarios públicos”.
El dirigente puntualizó que el reajuste contempla dos componentes básicos: la inflación y la expansión del PIB. “Si uno calcula que la inflación estará en torno a 5%, a ello se agrega el crecimiento de la economía que estará sobre 2%, más la variable de recuperación del poder adquisitivo que los funcionarios perdieron durante la dictadura. Con ello perfectamente podemos presentar una propuesta de dos dígitos para comenzar a negociar”, sostuvo.
Maturana agregó que “nosotros no tenemos por qué dar alguna señal de austeridad, ya que el país no está en quiebra, la economía seguirá creciendo, y además la distribución del ingreso sigue siendo muy desigual”.
Expertos
Pero según los economistas, el apretado escenario fiscal sumado al menor crecimiento económico, no le da mucho espacio a Hacienda para un incremento salarial que vaya más allá de 6%. Es más, el rango entre los economistas fluctúa entre 4,2% y 6%.
La economista de Libertad y Desarrollo, Cecilia Cifuentes, indicó que “la situación fiscal es bastante restrictiva, por ello y pese a la mayor inflación se debe dar una señal de austeridad, por lo que el reajuste no debe superar el 6%”.
A su vez, Joseph Ramos, académico de la Universidad de Chile, subrayó que “el escenario es complejo, porque la inflación este año rondará el 5%, mientras que la proyección del BC para 2016 indica que el IPC anual estará en torno a 4%, y a ello se le debe sumar el crecimiento de la actividad el cual estará en torno a 2%. Entonces, si se siguen ambos parámetros, el reajuste no debería ir más allá del 5%”.
Para Ramos, cada aumento en el salario del sector público es un peso menos que se puede gastar en otras actividades como educación y salud.
Felipe Bravo, de Banco Santander, añadió que “el piso debería estar entre 3,5% y 4,2% de manera tal que los trabajadores mantengan el poder adquisitivo que hoy día tienen”. Añadió que esperan que el gasto fiscal real del próximo año crezca en torno a 4,4%, “entonces el techo tiene que estar sujeto a eso”.
Alejandro Puente, académico de la Universidad Santo Tomás, por su parte, sostuvo que “lo que parece razonable, dada la estrechez presupuestaria, es que el reajuste esté en línea con la inflación, simplemente para mantener el salario en términos reales sin variación”. Por ello, el economista apuntó a que el alza debe ser de 5%.