La secretaria de Estado aborda estado de las negociaciones de uno de los proyectos más emblemáticos del Gobierno

Adelanta indicación sobre servicios mínimos, que apuntará a que se definan antes de la negociación colectiva y que entes especializados, como la SBIF y SVS, se pronuncien en el caso de firmas reguladas.

Por Silvana Celedón y Valeria Ibarra.

«No me quiero comprar ningún problema». La ministra del Trabajo, Ximena Rincón, explica así su cautela al hablar del trámite de la reforma laboral, aprobada la semana pasada por la sala del Senado y cuyas indicaciones deben ingresar al Congreso a más tardar el 7 de septiembre.

Los ajustes a uno de los proyectos más emblemáticos del Gobierno son liderados por la ex senadora DC, además del ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, más los senadores y diputados de las Comisiones de Trabajo, a quienes en las últimas reuniones se sumaron los senadores oficialistas de la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta.

Este grupo ha tratado, por ahora, solo los temas de menor disenso, como la definición de los servicios mínimos en una huelga, indicación que ya está prácticamente consensuada. En las próximas sesiones se abordarán los puntos más complejos: si hay reemplazo interno en las huelgas, cómo se abordará la extensión de los beneficios y cómo se implementa la adaptabilidad pactada.

-¿Qué tan capturado por la CUT y el PC está este proyecto?

«Cuando la ministra Javiera Blanco, que es tremendamente seria, construyó este proyecto lo hizo conversando con todos los sectores. No hay duda en el Gobierno en que se debe avanzar en esta reforma y emparejar la cancha».

-¿La cancha se empareja o esta reforma otorga un poder excesivo a los sindicados?

«El desafío impuesto como Gobierno, y hay un mandato de la Presidenta, es que hay que maximizar los efectos positivos de la relación laboral y esta ley debe cumplir ese objetivo».

-¿Han tenido feedback de La Moneda sobre cómo la reforma laboral adhiere a la máxima del «realismo sin renuncia»?

«¿Como que haya una reforma de modernización sin huelga?».

-No, pero sí permitir un reemplazo interno reglado, por ejemplo…

«No me voy a meter en los detalles, pero estamos revisando todo el proyecto».

-¿Cómo aplica el «realismo sin renuncia» a esta reforma?

«Esta reforma es importante para la Presidenta, porque restablece los equilibrios que se perdieron en el pasado en materia de negociación colectiva y relación entre empleador y trabajador. ¿Qué más puedo decir?».

«Con la vieja discusión del ‘cuándo’, finalmente nunca llega el momento»

-Un tema necesario de abordar es el deterioro del escenario externo. ¿Podría esta reforma ser contraproducente para el empleo?

«No se les puede echar toda la culpa a las reformas respecto de lo que está pasando con la economía del país. Además, Chile, como país serio, está en condiciones de soportar situaciones complejas, como China, y avanzar en una reforma laboral. Con la vieja discusión del ‘cuándo’, finalmente nunca llega el momento».

-El ex ministro de Hacienda Alberto Arenas garantizó que la reforma tributaria no afectaría el crecimiento ni la inversión, pero el crecimiento se ha deteriorado e incluso el Banco Central acuñó el concepto de shock autónomo para explicar que la desaceleración responde en parte de factores asociados a las confianzas. ¿Puede garantizar que esta reforma laboral no afectará el empleo?

«La legislación laboral que hoy tenemos no ha sido capaz de reactivar el empleo. En innovación, emprendimiento y desarrollo claramente no hemos hecho la tarea. No podemos esperar de esta reforma, que busca modernizar las relaciones laborales, que reactive la economía».

-¿Pero afectará o no el empleo?

«El impacto que esta reforma laboral vaya o no vaya a tener está por verse, pero si no nos hacemos cargo de que tenemos una relación laboral deficitaria, no vamos a poder enfrentar la descomposición social que existe en el país. Con el ministro Valdés estamos tratando que esta reforma restituya los equilibrios, sea armónica e impulse la productividad, pero ¡no le pidamos todo a esta reforma laboral!».

-¿Pueden sustituir los servicios mínimos al reemplazo interno?

«Los servicios mínimos no tienen relación con el reemplazo interno, son conceptos distintos que aluden a situaciones diferentes. Según el proyecto, los servicios mínimos se deben determinar en acuerdo entre las partes -y si no hay acuerdo, dirime la Dirección del Trabajo-, de manera de identificar aquellos servicios que sean estrictamente necesarios para precaver distintas hipótesis de daños (…) Como su nombre lo señala, los servicios deben ser mínimos, es decir, esta figura en ningún caso puede afectar la esencia del derecho a huelga. Y una empresa con un nivel de sindicalización alta, como Lider, que tiene 15 mil trabajadores sindicalizados y acaba de votar la huelga, se queda sin servicios mínimos».

-Y en servicios mínimos, ¿qué están revisando en las negociaciones?

«Se está viendo el momento en que se definen. Hay consenso en que tiene que hacerse previo a la negociación colectiva».

-¿Quién definirá los servicios mínimos?

«Según el proyecto, los fijan trabajadores con los empleadores. Si no hay acuerdo, la Dirección del Trabajo lo hace con opinión de órganos públicos o privados. Y ahí hay acuerdo en que en el caso de que sean servicios regulados, se tenga la opinión del regulador del sector (como las superintendencias de Bancos y de Valores), lo que se va a incluir en el proyecto. Si a algunas de las partes no le parece, puede recurrir a un procedimiento a los tribunales».

«El Ejecutivo está estudiando lo que nos han planteado los senadores en orden a tiempo en que se definen los servicios mínimos y quién emita opinión al respecto».

-Usted no quiere abordar aún el reemplazo en huelga, pero ¿qué le parece que en 24 de 25 países de la OCDE sí esté permitido el reemplazo interno en huelga?

«No quiero entrar al detalle. Cada país tiene su propia realidad y en esos países hay sistemas, no son instrumentos o instituciones aisladas. Estamos trabajando para poder decir que nuestro país pasó a la vanguardia en su legislación de relaciones laborales».

»Como su nombre lo señala, los servicios deben ser mínimos, es decir, esta figura en ningún caso puede afectar la esencia del derecho a huelga».
»Si no nos hacemos cargo de que tenemos una relación laboral deficitaria, no vamos a poder enfrentar la descomposición social que existe en el país».
»No se les puede echar toda la culpa a las reformas respecto de lo que está pasando con la economía del país».

Los rounds con la Súper de AFP
La aprobación de la fusión entre AFP Cuprum y AFP Argentum por parte de la Superintendencia de Pensiones, a cargo de Tamara Agnic, provocó una controversia con la ministra del Trabajo, Ximena Rincón, que calificó de «irregular» el procedimiento utilizado.

En un oficio enviado a esa superintendencia hace dos semanas, la titular del Trabajo le solicitó que «se abstenga de autorizar operaciones de la misma índole».

Pero este miércoles, Agnic aprobó otra transacción similar: la creación de AFP Acquisition, necesaria para realizar la fusión con AFP Provida, adquirida en 2014 por Metlife. Al respecto, Rincón dijo que «ella tendrá que remitirme los antecedentes».

La ministra precisó que lo que objetó en el caso Cuprum fue únicamente «el procedimiento de creación de la AFP» y no el beneficio tributario logrado al usar esta fórmula. Rincón insistió en que «aquí la entidad fiscalizada (Principal, dueña de Cuprum) actuó de acuerdo a los parámetros que le fijó el fiscalizador; no hizo nada que no le dijera el fiscalizador».

También señaló que la observación a la superintendenta de Pensiones «está dentro de mis facultades legales y constitucionales. Si no lo hubiese hecho, me habrían dicho ¿por qué no dijo nada?».