Entre enero y julio de este año se han cursado infracciones por más de $622 millones a prestadores y aseguradoras:
Superintendencia del área intensificó los castigos pecuniarios, dado que otras amonestaciones no estaban teniendo el efecto correctivo que se esperaba.
Por Nadia Cabello.
Más de $622 millones en multas ha acumulado el sector privado de salud en lo que va del año. Se trata de las sanciones pecuniarias que les ha cursado la Superintendencia de Salud en el marco de su plan anual de fiscalizaciones y cuyo monto no solo es más del doble de lo que tenían que pagar centros de salud e isapres el año pasado en el mismo período, sino que también es el más alto de la historia.
Si bien el aumento de las sanciones se da tanto para las aseguradoras como para los prestadores, gran parte del alza se explica por las multas a estos últimos. Si entre enero y julio de 2014 por este concepto debían pagar poco más de $10 millones, este año esa cifra subió a más de $308 millones. Es decir, la suma creció treinta veces.
El 90% de esas multas a clínicas y centros médicos se debe a que no están notificando debidamente a los pacientes cuando tienen un problema incluido en el Plan AUGE, aunque también hay sanciones por la exigencia de cheque en garantía en urgencias vitales. La mitad de las sanciones ya está ejecutoriada, y el resto aún puede ser apelada.
En las isapres -donde la cantidad de dinero que deben desembolsar por incumplimientos detectados creció 37,8% y superó los $313 millones-, las razones de las sanciones son más variadas, pero tienen que ver principalmente con incumplimientos de los contratos suscritos por sus beneficiarios.
Sebastián Pavlovic, superintendente de Salud, explica que este aumento no es casual, sino que «fue una decisión que tomamos porque nos interesa que haya cambios y se reconozca que hay que mejorar los procesos. Lo que veíamos es que las amonestaciones se repetían en el tiempo y los problemas no se solucionaban; entonces, el otro instrumento legal que tenemos es aplicar multas para ver si estas cumplen con un rol disuasivo que las amonestaciones hasta ahora no han logrado».
Bajo esa misma estrategia se cambió el criterio de castigo, y si antes se juntaban todas las infracciones y se determinaba una multa por todas ellas, ahora se está cursando una multa por cada sanción. Además, cuando se detectan faltas reiteradas, se están aplicando sanciones por montos mayores, no solo por la reiteración, sino también por no cumplir con la instrucción de mejorar la conducta que se instruye al momento de recibir la primera infracción.
«No nos interesa recaudar mucha plata para el fisco con esto, ni tenemos como meta ampliar las multas el próximo año, sino verificar que hay un comportamiento adecuado», asegura Pavlovic.
Pese al aumento de las multas, Ana María Albornoz, gerenta de Clínicas de Chile, dice que estas representan una cantidad «muy menor del total de 100 millones de prestaciones que las clínicas y los centros de atención ambulatoria realizamos anualmente».
Un argumento similar al de Rafael Caviedes, presidente de la Asociación de Isapres, quien sostiene que «solo en 2014 las isapres bonificaron 74 millones de prestaciones médicas y 1,3 millones de licencias médicas, lo que refleja que la tasa de sanciones mencionada es mínima en comparación a este universo».
Pero el gerente general de Consalud, Marcelo Dutilh, cree que «hay una intensidad de fiscalización que no habíamos visto antes, que va más allá de lo que nos parece razonable. Entendemos que podemos tener errores administrativos en un par de casos, pero a veces se ven temas que no tienen que ver con la atención, con lo que uno está obligado a hacer, sino que son pretensiones de lo que les gustaría (a las autoridades)».
Entre los organismos multados están las isapres abiertas y las cerradas, clínicas, centros médicos, hospitales institucionales y mutuales de seguridad.
Que no aparezcan en ese grupo hospitales o consultorios tiene que ver con que la superintendencia solo puede pedir sanciones administrativas a los prestadores públicos. De hecho, estos cuentan con una serie de amonestaciones e instrucciones de sumarios por los mismos problemas en los que incurren los privados.
Sumarios
En el sector público, legalmente no se puede pasar multas, sino solo castigos administrativos.