«Todo lo que pienso sobre el caso está en el oficio», señaló ayer la ministra Rincón y de paso confirmó su asistencia a la próxima sesión de la comisión que investiga la fusión de AFP Cuprum con Argentum.
Por N. Vivanco y M. Villena.
El oficio de la ministra del Trabajo, Ximena Rincón, criticando la aprobación otorgada por la Superintendencia de Pensiones a la fusión de AFP Cuprum con Argentum puso el foco en la autonomía del regulador previsional y la potestad de dicho misterio.
En el oficio conocido el martes, la secretaria de Estado le solicitó a la superintendenta Tamara Agnic que “se abstuviera de autorizar operaciones de la misma índole”, lo que cobra especial relevancia dado que se encuentra en marcha un proceso similar por parte de AFP Provida y Adquisition.
Para Álvaro Clarke, ex superintendente de Valores y Seguros, “las superintendencias son entidades autónomas, esa característica es una parte esencial de la institucionalidad económica de nuestro país, que busca garantizar la mayor objetividad en el cometido de las funciones de regulación y fiscalización”.
Dado ello, indicó que “en la medida que se cuestiona esta autonomía, como en esta situación en específica, a través del oficio en cuestión, se corre el riesgo de lesionar gravemente un aspecto fundamental de la Superintendencia de Pensiones (SP) que es la independencia de juicio”.
La consejera del Colegio de Abogados, Olga Feliú, sostuvo que la Superintendencia de Pensiones no está sometida ni depende del Ministerio del Trabajo para estas decisiones y destacó las atribuciones que la misma ley entrega al regulador: “No puede estar la superintendencia al escrutinio político. Es como si Hacienda le dijera al SII a quién cobrar o no los impuestos”.
Arturo Cifuentes, director académico del Centro de Regulación y Estabilidad Macrofinanciera de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, expuso que “una autoridad de gobierno opine de esta manera sobre un supervisor en este caso es bastante inapropiado, porque le resta independencia”.
Agregó que el regulador no tiene “porqué estar dándole explicaciones de tipo técnico a ningún funcionario de gobierno de porqué hace una cosa u otra”.
Ayer, en tanto, y consultada por el tema, la ministra Ximena Rincón sólo se limitó a señalar que “todo lo que pienso sobre el caso está en el oficio”, junto con confirmar su presencia a la próxima sesión de la Comisión investigadora de la fusión de Cuprum.
Más detalles
A ocho meses de que la Superintendencia de Pensiones otorgara su venia a la fusión de AFP Cuprum con Argentum, continúan surgiendo antecedentes de la aprobación a la operación que permitirá un beneficio tributario de US$ 129 millones a la administradora de fondos controlada por Principal.
El 5 mayo de este año, la entonces ministra del Trabajo, Javiera Blanco, se habría enterado de los beneficios tributarios a los que accedería la AFP gracias a la modalidad de fusión. El 8 de mayo el actual ministro de desarrollo social y en ese momento subsecretario de Previsión Social, Marco Barraza, ofició a la superintendencia solicitando detalles sobre el procedimiento. Dos semanas después, Tamara Agnic respondería por un oficio de tres páginas con los antecedentes de la operación y afirmando que el tema tributario escapaba de sus facultades.
El 8 de junio llegarían a la SP dos nuevos oficios. El primero solicitaba todos los antecedentes correspondientes a la operación de Cuprum; y el segundo requería los mismos documentos de la operación de Provida con Acquisition. El regulador respondería en 25 páginas las consultas por Cuprum y en un oficio reservado de 22 páginas las preguntas por Provida. En su momento, la ministra Ximena Rincón también habría preguntado en uno de los si alguna vez se había rechazado una operación como esa.
Finalmente el Ministerio del Trabajo se habría basado en tres informes elaborados por la propia Superintendencia de Pensiones para estimar que no existieron garantías a la regularidad del proceso. Ello luego de un análisis realizado por la Subsecretaría de Previsión Social.
Habla la subsecretaria
“Luego de analizar los antecedentes presentados, concluimos que el acto de aprobar operación fue a lo menos irregular, pues no se ajustó a los mandatos legales respecto a la materia, especialmente en la obligación que tiene la institución de velar por los intereses de los afiliados al sistema de pensiones”, explicó a PULSO la subsecretaria de Previsión Social, Julia Urquieta.
La subsecretaria respaldó los comentarios del ministerio del Trabajo, arguyendo que no se ejercieron en plenitud las facultades fiscalizadoras de la superintendencia, ya que debe velar por los intereses de los afiliados al sistema y a la transparencia de los actos que ejecuten los operadores y en este caso no habría sido así.
En esa línea, Urquieta explicó que la Subsecretaría, con el apoyo de sus equipos jurídicos, analizó la operación y entregó sus reparos, y que ellos se mantienen hasta hoy.