Los tribunales de alzada del país se constituyen en la primera instancia de la mayor judicialización a la que se ha visto enfrentado el sistema privado de salud.
Por Ximena Celedón.
Más de 3,3 millones de personas componen el universo de beneficiarios de la salud privada chilena. Puede que sean muchos los que piensan que se trata de una industria que es un mal necesario -ante un sector público que no se plantea como una alternativa realmente competitiva-, pero la verdad es que son pocos los afiliados a las isapres que de mutuo propio se cambiarían a Fonasa. Lejos de asumir una actitud de resignación, los cotizantes -apoyados por oficinas de abogados que se están repitiendo en más de una ocasión- son parte de lo que está siendo tal vez uno de los mayores dolores de cabeza de las aseguradoras de salud privadas: el efecto de las mayores costas ante el aumento de la judicialización que busca congelar el alza de los precios base de los planes de salud.
Es así como en los últimos años las distintas cortes de apelaciones del país se han visto inundadas por recursos de protección contras las isapres para evitar el aumento del valor de los planes. El crecimiento ha sido explosivo considerando que en 2011, el número de recursos ascendía sólo a 21.497 y que en 2014 sumaron 99.097, un incremento de 54% respecto a 2013 e involucrando costas por $14.836 millones. Para este año, ya se estima que las isapres tendrán que desembolsar por este ítem unos $25.000 millones.
De acuerdo a un estudio de la consultora Altura Management, el fenómeno de judicialización se inició en forma progresiva durante 2007 para incrementarse exponencialmente en 2008 y consagrarse como una variable más del sistema privado de salud.
Por otra parte, y si bien no involucra la participación de abogados ni el pago de costas, los reclamos por alzas de planes que desde el año pasado se pueden entablar en la Superintendencia de Salud está siendo visto por la industria como una herramienta que también está contribuyendo a la mayor judicialización, la que, afirman, terminan pagando el resto de los afiliados.
Los que deben fallar
Descontando los planes colectivos de salud, durante 2014 un 7,5% de los cotizantes recurrió a una corte de apelaciones para congelar el alza de su plan de salud.
Investigando en la información contenida en la página web del Poder Judicial, no deja de llamar la atención que entre los recurrentes se encuentran ministros de esas mismas cortes. Es así que tras una recopilación de esos fallos sólo en Corte de Apelaciones de Santiago -la que más recursos en esta materia ve en el país-, se aprecia que el 56% de los ministros de las salas que componen esa instancia ha demandado alguna vez a su isapre. Es importante señalar, eso sí, que cuando ha correspondido ver sus recursos, el ministro involucrado se ha inhabilitado. No obstante, no tienen ninguna limitación para decidir sobre el recurso del “colega” de otra sala. En la actualidad, el 41% de los ministros de esa corte mantiene demandas contra su isapre, destacando algunos que más de una ocasión han entablado recursos contra la entidad de salud a la que están afiliados. (ver tabla).
En tanto, y también de acuerdo a las causas que están en la página web del Poder Judicial, aproximadamente un 78% de los secretarios y fiscales de la Corte de Apelaciones de Santiago ha recurrido alguna vez contra su isapre.
¿Tanta diferencia en las costas?
Otro capítulo aparte lo constituyen las costas, las que a nivel general están orientadas a cubrir los gastos del abogado querellante. Sin embargo, y pese a que los recursos de protección que se presentan se pueden calificar como estándar, a nivel país se ha generado una importante diferencia en las costas unitarias entre distintas cortes de apelaciones.
Para Victoria Beaumont, directora ejecutiva de Altura Management, dado que las costas para los recursos de protección de isapres son distintas por corte y por salas, las preguntas al Poder Judicial apuntan a si es posible que se transparente cuáles son aquellas diferencias que hacen que los montos sean tan distintos (ver gráfico) y también a la factibilidad de llegar a un acuerdo para tener una costa previamente definida para este procedimiento. Para ella, esto aliviaría un poco el problema para las isapres.
¿Y los abogados?
El otro tema que tiene relación con las costas, de acuerdo a Beaumont, es el marketing que se ha generado en una parte de los abogados que se están dedicando a estas causas. “Han llegado al extremo de ofrecerle al afiliado parte de la costa o un incentivo económico -a través de giftcards, por ejemplo- con el objetivo de judicializar el plan. Eso en lo racional está indicando que tal vez la costa está sobredimensionada”, afirma. Una firma de abogados logró ingresos por $1.000 millones en 2014 (ver ranking).