La iniciativa comenzó su «segundo tiempo» en el Senado con la exposición de gremios.
Por C. Agurto y C. Reyes.
Se inició el segundo tiempo de la reforma laboral con su tramitación en el Senado y los principales actores involucrados revelaron sus propuestas con los temas que se deberían agregar, modificar o eliminar del proyecto aprobado en la Cámara Baja.
En la ocasión, la titular del Trabajo, Ximena Rincón, junto con enumerar sus principales aspectos insistió en que la iniciativa busca modernizar la ley en materia de derechos colectivos, “con un desarrollo de relaciones laborales modernas, justas y equilibradas entre las partes”.
A su turno, el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Alberto Salas, dio a conocer 15 puntos que considera necesario revisar. Entre ellos, la titularidad sindical, el no reemplazo en caso de huelga y descuelgue de los trabajadores. Además, puso un nuevo tema sobre la mesa: la necesidad de revisar la indemnización por años de servicio, pues conlleva “altos costos que inciden en la alta rigidez de nuestro mercado laboral”, dijo. A su juicio, se podría mirar el seguro de cesantía para efectuar los ajustes pertinentes.
Una visión distinta planteó la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Bárbara Figueroa, quien pidió revisar cuatro grandes ejes: la inclusión de la negociación ramal, la definición de los servicios mínimos, el IPC como piso de negociación de los reajustes salariales y el rechazo a la inclusión de los pactos de adaptabilidad en este proyecto.
Figueroa también acusó un cambio de postura respecto a varios temas acordados con la CPC en el marco de la declaración de voluntades firmado en 2011. Dijo que en el punto cinco de tal documento se consideraba que el sindicato debía ser fortalecido como el principal sujeto de negociación colectiva. Respecto de los pactos de adaptabilidad, se señalaba que convenía ampliar las materias que los sindicatos pueden abordar en una negociación colectiva siempre y cuando fuera bajo el acuerdo de las partes y los sindicatos representasen al menos el 65% de los trabajadores.
Más gremios
Junto con solicitar una legislación laboral especial dadas las características del sector, Fedefruta advirtió que fue una mala señal la eliminación de la palabra “pacífico” en caso de huelga y manifestaciones. “La violencia se consideraba una práctica antisindical y el dirigente podía perder su fuero (…) La violencia no puede ni debe ser tolerada en ninguna circunstancia como método de solución de conflictos laborales”, dijo su vicepresidente, Felipe García Huidobro.
El presidente del Consejo Minero, Joaquín Villarino enfatizó en la relación salarios-productividad dada la experiencia que del sector, donde no existe un correlato entre uno y otro. “Cuando se pretende por ley, que es al final lo que ocurre con este proyecto, aumentar la remuneración más allá de la productividad (…), se va a exacerbar la tendencia a desarrollar proyectos con menos trabajadores”, advirtió.
A los puntos expuestos, la Sonami planteó su inquietud por los servicios mínimos. “Son insuficientes y susceptibles de generar perjuicios que van mucho más allá de las materias y montos negociados; pueden afectar la subsistencia de una empresa o establecimiento”, dijo Jorge Riesco, secretario general del gremio, en la Comisión. Respecto a la prohibición del reemplazo trabajadores en huelga, el ejecutivo sostuvo que, si bien esa debe ser una herramienta efectiva, también tiene que ser ponderada, equilibrada y adecuada a un fin.
Ricardo Mewes, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), destacó que es necesario avanzar en tres aspectos clave: resolver las externalidades negativas que podría ocasionar una huelga sin reemplazo, evitar la generación de un veto sindical en materia de beneficios y aprovechar la oportunidad para otorgar a los trabajadores y empresas un efectivo sistema de adaptabilidad laboral. “Es una exigencia del mercado laboral del siglo XXI y no un beneficio que deba ser negociado cada tres años”, dijo el dirigente. Añadió que herramientas como esa permiten una mejor distribución de los horarios de trabajo y abrir oportunidades laborales a sectores más vulnerables como jóvenes, mujeres y tercera edad. Planteó que “la adaptabilidad sea extensiva a todas las empresas y trabajadores, independiente de la existencia de un sindicato”.
El debate de la reforma laboral en la Comisión de Trabajo continuará todos los lunes de julio y se espera que a fines de éste sea votada en general en la Sala del Senado, para su posterior discusión en particular, instancia en que el gobierno y los parlamentarios podrán ingresar indicaciones al proyecto.