Ley promulgada en el gobierno anterior fijó un pago de hasta 67,4 UF para este subsidio, lo que generó conflicto con juezas de la República.

Por Juan Pablo Palacios.

Tras varios recursos judiciales de un grupo de juezas del Poder Judicial, que incluyeron un fallido requerimiento al Tribunal Constitucional y una demanda en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Gobierno finalmente enviará este mes un proyecto de ley para permitir que a las funcionarias y funcionarios públicos se les pague su sueldo sin límite, en caso de hacer uso del postnatal parental.

El conflicto se generó porque la nueva ley del posnatal dejó sin efecto una norma anterior del Ministerio de Salud, a través de la cual los trabajadores estatales recibían su sueldo sin tope cuando estaban con licencia médica.

Así, en el segmento de rentas altas, las madres del sector público que hicieron uso del nuevo posnatal “parental” debieron aplicar el tope de 67,4 UF que rige para el sector privado. La aplicación de la normativa significó una rebaja de cerca del 70% de sus remuneraciones, en el caso de las funcionarias del Poder Judicial.

El compromiso para corregir durante este mes el tema fue suscrito en el protocolo del acuerdo marco que firmaron ayer los ministerios de Hacienda y del Trabajo con la directiva de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), que contempla otras 18 temáticas que serán negociadas por las partes para fortalecer las condiciones laborales en el sector público.

De acuerdo a lo detallado por el presidente de la ANEF, Raúl de la Puente, el documento generará nueve proyectos de ley, como por ejemplo, el incentivo al retiro, que se espera ingrese a fines de julio al Congreso.

“Esta iniciativa permitiría que las personas que tienen la edad para jubilarse puedan alejarse de la administración pública, lo que hoy no ocurre debido a las malas remuneraciones”, expuso.

A lo anterior, De la Puente explicó que se suman proyectos para viáticos y para que las personas a contrata tengan seguro de cesantía. Todo esto, esperan sea presentado durante este año en el Parlamento.

Sobre los trabajadores de honorarios, el Gobierno comprometió un plan de traspaso a contrata en el período 2015-2018 de 8.800 trabajadores que desempeñan funciones permanentes y tienen más de un año de antigüedad y jornada completa en el Gobierno Central.

De ese total, se incluyen 1.462 traspasos en 2015 y aproximadamente 2.500 honorarios por año entre 2016 y el 2018. Se constituirá una instancia conjunta de seguimiento de este compromiso, que revisará si existieran casos adicionales a ser incluidos y diagnosticar la situación de los trabajadores a honorarios del sector descentralizado para definir cursos de acción. Asimismo, se estudiarán modificaciones legales para asegurar que los contratos a honorarios se restrinjan a funciones no permanentes.

Negociación colectiva y ¿huelga?

El protocolo de acuerdo también considera la institucionalización de la negociación colectiva en el sector público. El próximo año se enviarán los proyectos de ley para implementar esa medida.

En este punto, la mesa de trabajo Gobierno-Anef estudiará la institucionalización de modalidades eficaces de negociación de este sector, considerando mecanismos que se hagan cargo de sus particularidades.

Además se abordarán las prohibiciones legales y constitucionales vigentes como la exclusión de la huelga efectiva para los funcionarios públicos, así como la restricción de ese mismo derecho a los empleados de las empresas estratégicas.

Tras firmar el acuerdo, el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, lo calificó como “muy importante porque nos pone un cronograma y materias claras para fortalecer las condiciones laborales del sector público, en el trabajo que vamos a hacer en los próximos años en lo que resta del Gobierno”.

En esa misma línea, la titular del Trabajo, Ximena Rincón, aseguró que el compromiso es que al término de este Gobierno “no habrá trabajadores desempeñando funciones permanentes en el Gobierno Central a honorarios, por lo tanto, nuestra labor es continuar trabajando para avanzar en diseños institucionales acordes con lo que señala la OIT en materia de empleo decente”.