Debido al déficit de especialistas, los recintos compran servicios a empresas privadas.

Por O. Fernández, G. Sandoval y M. J. Jarpa.

Una de las explicaciones es la falta de especialistas de planta, para dar abasto a la demanda asistencial diaria y evitar las largas demoras, incluso de años, que sufren algunos pacientes que requieren una consulta específica. A eso, se suma la resolución de los casos Auge, que obliga por ley a cumplir determinados tiempos de atención. Y un tercer motivo son las listas de espera quirúrgica, sin plazos pactados, que se han abultado en el país hasta llegar a 232 mil personas en marzo pasado.

Todas estas son las razones que esgrimen los hospitales y servicios de salud para justificar las costosas contrataciones de sociedades médicas, empresas privadas creadas por profesionales de salud, que realizan atenciones, cirugías y exámenes a pacientes de la red pública, incluso, al interior de los mismos recintos.

Según cifras entregadas vía Transparencia a La Tercera, los centros de salud que lideran el gasto es este ítem, son los situados en la zona sur-oriente de Santiago: el Sótero del Río, La Florida y Padre Hurtado (ver infografía). El primero de estos encabeza el listado de los pagos, con más de $ 1.039 millones a 10 sociedades médicas.

Antonio Infante, director del servicio de Salud Metropolitano Sur-Oriente, dice que para entender este escenario, se debe conocer el contexto del área: “acá se atiende al 10% de la población del país, por lo que la demanda por prestaciones no se detiene”. Así, a junio, a la compañía de anestesistas Morpheus, por ejemplo, se le han pagado $ 717 millones, lo que permite mantener funcionando 12 horas los pabellones quirúrgicos. También, sólo en procesos de lectura de exámenes radiológicos, cancelan $ 86 millones.

En el recinto concesionado de La Florida, que ha invertido $ 735 millones en este ítem, aún no funciona a plena capacidad, lo que lleva a que no se puedan brindar todas las atenciones requeridas.

Brecha

Todos los recintos que compran servicios a sociedades médicas admiten una carencia de facultativos, de variadas especialidades, que llega a 132 profesionales.

Mientras, en Antofagasta, donde este año se han pagado $ 656 millones en prestaciones de privados, Zamir Nayar, director del Servicio de Salud de la zona, plantea que “cuando uno sale a comprar, es que ya agotó todas las alternativas en la red. No hay ningún directivo que quiera adquirir afuera estos servicios, siempre es más barato dentro de la institución”.

La ministra de Salud, Carmen Castillo, admite que hay preocupación por esta realidad y dijo que “estamos viendo cómo está el sistema para perfeccionarlo y el tema de las sociedades médicas es uno de los puntos que estamos revisando, porque es un gasto muy alto en relación a lo que habitualmente teníamos”. Castillo agrega que “lo que queremos es que estos médicos se incorporen a la red pública, que sean parte de los hospitales, porque hay un déficit y se está estudiando cómo hacerlo”.

Este punto ha sido abordado en la negociación en curso entre el gobierno y los médicos, para mejorar sus beneficios. Enrique Paris, presidente del gremio, dice que se ha exigido al Ejecutivo que los hospitales privilegien la compra de servicios de las empresas “formadas por médicos que laboran en esos recintos y no a empresas de afuera”.

Según el presidente de los médicos de Valparaíso, Juan Eurolo, los profesionales están “desencantados” de los hospitales por los bajos sueldos, la falta de equipos y de infraestructura. “Se produce un incentivo perverso: los médicos renuncian al hospital y, desde afuera, venden los mismos servicios. Puede ser éticamente cuestionable, pero esto es una economía de mercado”.

Su par de Punta Arenas, Gonzalo Sáez, comparte la visión. Afirma que si hubieran mejores remuneraciones, los funcionarios que están a media jornada en los centros de salud “optarían por trabajar por la tarde en esos recintos”.

Antonio Infante, director del Servicio Sur Oriente, reconoce que no es posible pagar en un hospital “ni la sombra de lo que gana un reumatólogo o un anestesista en el sector privado”, por lo que les deben adquirir prestaciones a sus empresas, como una forma de rebajar las listas de pacientes que esperan por una atención.