Por Marco Gutiérrez V.

La decisión de la estatal Empresa Portuaria de Iquique (EPI) de poner fin al contrato de concesión para la operación de una planta de procesamiento de harina y aceite de pescado de Camanchaca en ese terminal, pondría en riesgo la continuidad de 397 puestos de trabajo que la compañía tiene vinculados a esas instalaciones.

La operación de Camanchaca en ese puerto también genera una actividad ligada a 20 contratistas, que representan a 284 personas y que está relacionada con servicios por US$ 7 millones al año.

La actividad de la compañía pesquera en la ciudad nortina está relacionada con la captura de 129 mil toneladas de peces, ventas de harina de pescado por 30.274 toneladas y la comercialización de 3.682 toneladas de aceite de pescado. A la vez, la planta genera ingresos por unos US$ 62 millones, y los impuestos, patentes, contribuciones y permisos pagados en la zona suman US$ 2,7 millones.

Las instalaciones de la compañía que se encuentran en el puerto de Iquique cuentan con capacidad de proceso para 2.500 toneladas diarias de pescado, según la memoria 2014 de Camanchaca.

En ese mismo documento, la firma señaló que «una serie de inversiones por US$ 3,5 millones y cambios logísticos se realizaron en nuestra planta de harina y aceite de pescado ubicada en el puerto de Iquique. Pese al terremoto que afectó al Norte Grande el 1 de abril de 2014, se logró concretar este proyecto, lo que incluyó nuevos pontones que permitieron mejorar los indicadores de eficiencia operativa y medioambiental».

El pasado martes, Camanchaca informó a la Superintendencia de Valores y Seguros que ese día EPI había ratificado la decisión de poner fin al contrato de concesión, medida que ya le había anunciado el 7 de abril. La firma también indicó que existe un plazo de 18 meses contados desde la recepción del aviso para que expire dicho convenio.

La pesquera ocupa desde 1994 las instalaciones en el puerto de Iquique, y el plazo de expiración del contrato fue prorrogado en 2004 por 10 años. Luego se amplió por otro año, plazo renovable automáticamente por periodos semejantes y «sucesivos de un año cada uno», indicó la firma. Esto, hasta que se adjudicara la concesión del frente de atraque uno, lo que aún no sucede.

En el documento enviado a la SVS, Camanchaca informó que realizará las gestiones necesarias para asegurar la continuidad de la planta y la mantención de los puestos de trabajo.

Tanto en EPI como en la pesquera declinaron ahondar en las razones del conflicto.

Plazo final
El contrato de concesión expiraría definitivamente en un plazo de 18 meses, a contar del 7 de abril, fecha en que EPI envió una carta a Camanchaca.