Sondeo realizado por Generación Empresarial y «El Mercurio»:
Mayoría se inclina por pasar de los dos sistemas impositivos que estableció la reforma a uno solo. El 62% cree que cambios al proyecto laboral mejorarían las expectativas económicas.
De los cambios estructurales que ha implementado o impulsa el Gobierno, la reforma laboral es, si no el principal, uno de los actuales focos de preocupación de los empresarios. Tanto así, que la mayoría de ellos -el 62%- cree que la principal medida que tendría una mayor incidencia en mejorar las expectativas económicas del sector empresarial es precisamente un anuncio de cambios a esta reforma, cuyo primer trámite se retoma esta semana en la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados.
Esta es parte de las conclusiones de una encuesta realizada por Generación Empresarial y «El Mercurio», que abarcó una muestra de 145 consultados, entre socios, presidentes, vicepresidentes, presidentes ejecutivos y gerentes generales de distintas empresas.
El 55% de los entrevistados rechaza terminar con el reemplazo de trabajadores en huelga y el 11% apoyaría este punto, «resguardando servicios mínimos, para evitar accidentes o daños a la empresa, como lo establece el estándar de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)».
Después de la reforma laboral, posibles modificaciones a la reforma tributaria (39%), así como una eventual decisión de no incluir una Asamblea Constituyente en el proceso que iniciará el gobierno en septiembre para reformar la Constitución (34%), también tendrían -según el sondeo- un impacto positivo en las expectativas económicas del sector privado.
De hecho, el 78% de los encuestados considera «indispensable» pasar de los dos sistemas de pago de impuestos que estableció la reforma tributaria, parcialmente integrado y de renta atribuido, a uno solo, antes de su plena entrada en vigencia, en 2018.
Respecto al proceso constituyente anunciado por el gobierno, un 57% opina que «no es necesaria una reforma constitucional», un 22% estima que debería abordarse «a través de una participación ciudadana, que después sea resuelta por el Congreso, y un 20% «a través de la deliberación única del Congreso».
Categórico es también el juicio de los empresarios sobre los últimos hechos de violencia registrados en La Araucanía: el 91% tiene una evaluación «muy mala» (61%) o «mala» (30%) del rol de las autoridades en esta materia.