El proyecto establece un período de «vacancia» de un año para aplicar la nueva legislación. Este ha sido un punto de debate entre los diputados oficialistas y el Gobierno. Algunos plantean que no debiera existir y otros, que sólo se debe extender por seis meses.

Por Pía Toro.

A paso firme se acerca el período en que el Gobierno y parlamentarios podrán presentar indicaciones a la reforma laboral. Es que el próximo 17 de marzo, la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados votará la idea de legislar, para dar paso a la discusión en particular.

En este contexto, ya hay temas que inquietan a los diputados oficialistas que integran la instancia. Uno de ellos, y que ha sido manifestado a la ministra del ramo, Javiera Blanco, durante los almuerzos de coordinación de los lunes es el período de vacancia que hoy considera la reforma laboral una vez promulgada: 12 meses para implementarse.

Durante la presentación que realizó la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) ante la comisión, se expresó la preocupación por este período, ya que, según la presidenta Bárbara Figueroa, muchos sindicatos han utilizado el artículo 369 para extender su negociación colectiva por 18 meses para esperar la implementación de la reforma. La CUT sostuvo que el tiempo de implementación debe ser inherente a la negociación colectiva de cada sindicato.

Una inquietud que los diputados de la Nueva Mayoría hicieron suya. Si bien, hay matices respecto a cuál debería ser el período de vacancia, hay coincidencias en que debe ser menor a un año.

En línea con la CUT el diputado Lautaro Carmona (PC), quien presidirá la comisión de Trabajo a partir de la próxima semana, indicó que “muchos gremios sindicales son partidarios de que esta suerte de un año de gracia, en beneficio de los empleadores, no debiera ser una consideración toda vez que hay una gradualidad que está determinada por el cronograma natural de las negociaciones colectivas, y yo creo firmemente en eso”.

Además el parlamentario indicó que un año de vacancia podría afectar a aquellos sindicatos que una vez aprobada la reforma, tengan comprometida una nueva negociación.

Una visión similar tiene el diputado PS y ex ministro del Trabajo, Osvaldo Andrade, quien aseguró que “a mí nadie me ha explicado por qué es necesario un período de vacancia, en consecuencia el año o seis meses me provocan la misma inquietud. Si este es un proyecto que va a beneficiar a los trabajadores, no veo razón alguna para que tenga un año de vacancia. Este tiene un período de tiempo que incuestionablemente va a tener un espacio de transitoriedad porque se va a aplicar en la medida que se vayan venciendo los contratos colectivo, entonces ya hay ahí plazos establecidos”.

Al momento de presentar el proyecto, desde el ministerio argumentaron que el año de vacancia obedece a la necesidad de dictar reglamentos una vez promulgada la ley, a lo que se suma el acomodo que sufrirá la Dirección del Trabajo con las nuevas facultades que la iniciativa le otorga. Sin embargo, para Andrade eso no es justificación, ya que dice que estos puntos pueden ser trabajados desde ahora.

Menos drástico es el diputado DC, Patricio Vallespín, quien es partidario de rebajar el “período de gracia” de un año a seis meses. “Creo que 12 meses es un período extremadamente largo para las expectativas del mundo sindical y para la capacidad institucional de adaptarse. Ciertamente que hay un período de vacancia, pero un año es absolutamente exagerado, se lo hemos planteado formalmente (a la ministra) y esperamos tener una respuesta, porque estamos seguros que los sindicatos van a querer estar negociando con una nueva legislación para el próximo año”.

La diputada PS, Denise Pascal indicó “si logramos tener los puntos necesarios (de la reforma) debe ser aplicada lo más pronto que se pueda. El ideal sería menos de un año, pero hay que considerar a las pequeñas empresas que podrían verse afectada; hay que evaluarlo”.