Javiera Blanco asegura que el proyecto de reforma laboral es transversal:
La secretaria de Estado descarta que el proyecto pueda tener efectos negativos sobre el empleo en los meses venideros
Por Pablo Obregón Castro
El primer día hábil de 2015 empezó tal como terminó 2014 en el Ministerio del Trabajo: agitado. La ministra del Trabajo, Javiera Blanco, se reunió durante la mañana con su par de Hacienda, Alberto Arenas, y con el arzobispo de Santiago, el Cardenal Ricardo Ezzati, para entregarle detalles sobre la reforma que fortalece la posición de los sindicatos en procesos de negociación colectiva.
Cambió el año, pero no la estrategia: conversar con todos los actores, aunque eso no implique abdicar de los contenidos esenciales planteados en el programa de gobierno.
Es este último punto el que más resienten los empresarios. Dicen que durante los últimos ocho meses se reunieron decenas de veces con la ministra y con su equipo de asesores, liderados por Roberto Godoy (PS), pero que salvo matices, sus planteamientos no fueron acogidos. En la vereda opuesta, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) se da por vencedora sin disimulo.
Apenas la Presidenta Michelle Bachelet firmó la iniciativa el 29 de diciembre de 2014 en el Salón Montt-Varas de La Moneda, la líder de la multisindical, Bárbara Figueroa, envió un nuevo mensaje al empresariado: si esta vez no se avanzó en restaurar el esquema de negociación por ramas de actividad que operó hasta la década del setenta, fue porque la Constitución no lo permite, pero cuando se discuta una nueva carta fundamental, esos cambios deberían estar incluidos.
Por ahora se declaran más que conformes con lo que obtuvieron: derecho a huelga sin reemplazo ni descuelgue de trabajadores; titularidad de los derechos negociados para que los sindicatos, en acuerdo con la empresa, decidan extender o no los beneficios de la negociación colectiva a los trabajadores no sindicalizados; eliminación de los grupos negociadores paralelos en empresas donde haya sindicatos; ley de pisos mínimos para que el nuevo contrato colectivo ofrezca, en el peor de los casos, las mismas mejoras contenidas en el contrato vigente.
Sin embargo, tanto los máximos dirigentes sindicales como las autoridades de gobierno saben que en política las cosas cambian vertiginosamente, que a la vuelta de la esquina pueden esperar los nubarrones.
Hay datos subyacentes que así lo muestran: si bien el desempleo fue 6,1% entre septiembre y noviembre -cifra que representa una baja de 0,3 puntos respecto del trimestre móvil anterior, pero un alza de 0,4 puntos comparado con el mismo trimestre de 2013- en los últimos 12 meses las personas que perdieron su trabajo se incrementaron en 13%, alcanzando las 493.620 personas.
Para un sector del empresariado, de académicos y de parlamentarios de oposición, la preocupante evolución del escenario económico hacía claramente aconsejable dejar el debate laboral para más adelante. Sin embargo, alegan que la ministra prefirió ignorar lo que decían las cifras y darles luz verde a las posiciones pro sindicato.
-Se ha especulado mucho sobre la excesiva injerencia que tendría el ex ministro del Trabajo Osvaldo Andrade en la elaboración de este proyecto. ¿Cómo es su relación con el ex ministro?
«Tanto los partidos de la Nueva Mayoría como los parlamentarios de las comisiones de Trabajo de la Cámara y del Senado tuvieron una activa participación. Hay una participación de diversos actores, pero hay un liderazgo con nombre y apellido que es la decisión y la convicción política de la Presidenta Michelle Bachelet».
-El diputado Osvaldo Andrade señaló recientemente que esta reforma era una tarea que le había quedado pendiente cuando él fue ministro del Trabajo. A la vez, el principal asesor del Ministerio del Trabajo, Roberto Godoy, fue jefe de gabinete de Andrade y hoy se le reconoce como el redactor de la reforma. A partir de esto, se ha inferido que Osvaldo Andrade es el verdadero ministro y Roberto Godoy, el subsecretario…
«Lo que hubo durante la elaboración de este proyecto es un trabajo de equipo que estuvo liderado por Roberto Godoy, eso es de público conocimiento. Actores que han participado también son el director y subdirector del Trabajo, Cristián Melis (DC) y Rafael Pereira (PS); Ariel Rossel, Cristóbal Huneeus (DC), Claudia Donaire (PS) y los subsecretarios. Aquí hubo un trabajo de equipo súper consistente de gente que logró dar cuerpo a un proyecto que logra justos equilibrios. Por otra parte, hay una serie de actores políticos y sociales que acompañaron este proceso y que obviamente también son parte de la construcción de este proyecto».
«Están representadas todas las tendencias que nos permiten generar un proceso moderno de relaciones laborales»
-¿Por qué decidió rodearse como principales asesores de personas que ya habían pasado por el ministerio?
«Son todos profesionales destacados, vinculados durante toda su trayectoria a temas laborales, desde distintas aristas. Todos son conocedores del tema y todos tienen una capacidad de diálogo que ha sido destacada por los propios actores».
-Pero quedó la idea en un sector del empresariado de que los asesores vinculados a la Democracia Cristiana fueron perdiendo fuerza con el transcurso de los meses…
«Siempre va a haber personas que van a tratar de catalogar si el proyecto es más de este lado, pero lo que caracteriza este proyecto es la transversalidad. Están representadas todas las tendencias, todos los intereses de los actores que nos permiten generar un proceso moderno de relaciones laborales. Eso es lo que se expresa en el proyecto de ley. Para nosotros el acuerdo de voluntades de la CUT-CPC del año 2012 no era trivial. Ahí había una voluntad de actores sociales que era importante relevar y la mayor parte de los puntos del acuerdo de voluntades están comprendidos en el proyecto».
-¿En la elaboración del proyecto sintió que los partidos de la Nueva Mayoría, el PS, el PC, intentaron tironearla o manipularla en algún minuto?
«No, yo diría con total certeza que hubo una coincidencia total de intereses y alcances de los partidos de la Nueva Mayoría. El nivel de adhesión hacia los contenidos es total, lo que nos permitió darle fuerza al proyecto. Pero sin duda que el gatillante total del proyecto tiene que ver con la decisión política de la Presidenta».
-Pero algunos sectores han planteado dudas de que en este proyecto esté la impronta de los sectores liberales de la Nueva Mayoría.
«Me cuesta pensar que alguien no crea que este es un proyecto que le hace juicio a los equilibrios. Por eso no me gusta hablar de que esto le resta poder a alguien o lo pone en una posición inferior. Esto no se trata de poner a uno encima de otro».
-Usted ha señalado que este es un proyecto pro empleo. ¿Qué punto de los diez que conforman el proyecto apunta, por sí solo, a generar más puestos de trabajo?
«Hay una serie de estudios que dicen que cuando mejora el clima laboral, con trabajadores que sienten que ganan lo justo, que están debidamente representados, hay un impacto positivo en el empleo. Un estudio de la OCDE hecho en seis países, titulado «Legislación laboral, participación salarial y desempleo», dice que todo lo que tiene que ver con leyes de representación colectiva tiene un impacto positivo que puede derivarse de la motivación y la moral de los trabajadores. Por ejemplo, en vez de ir cada vez al Congreso (para discutir temas relativos a las relaciones laborales) ahora los actores robustecidos podrían negociar en una relación más simétrica. Un estudio de Brown and Medoff (Charles Brown y James Medoff, economistas norteamericanos expertos en mercado laboral) estima que la productividad en los establecimientos de Estados Unidos que tienen sindicatos es entre 25% y 27% más alta que aquellos establecimientos sin sindicatos. El derecho a huelga es simplemente una condición necesaria para el logro de equilibrios y simetrías, eso no lo dice la ministra del Trabajo, lo dicen los estudios».
«El proyecto es proempleo en un nivel agregado con las otras políticas que estamos impulsando, entre otras, el presupuesto contracíclico»
-¿Pero hay algún punto en esta reforma que por sí solo pueda entenderse como generador de empleo?
«Es que es un proyecto integral, el proyecto no puede entenderse como secciones separadas, es un todo. Es proempleo en un nivel agregado con las otras políticas que estamos impulsando; entre otras, el presupuesto contracíclico, la capacitación de 450 mil inactivos. Esto es parte de un engranaje con las otras políticas económicas. Además, nuestra legislación laboral de derechos colectivos no ha tenido cambios sustantivos desde 1979 y no hay nadie en Chile que pueda decir que en estos años la economía del país no haya cambiado y, por cierto, la manera de entender a los trabajadores y empleadores también. El que la legislación actual diga que primero se vota la huelga y después se negocia genera un clima adverso. El hecho de que los colectivos permanentes (sindicatos) tengan que lidiar con grupos que aparecen y desaparecen sin saber mucho cuál es su origen también genera un clima adverso. Todo está hecho para generar conflicto y lo que nosotros estamos haciendo es generar incentivos adecuados para el diálogo. La agenda es proempleo porque cuando disminuyen los conflictos hay un ahorro de costos importante. Basta recordar en cuánto podría valorizarse el conflicto que tuvimos, heredado de la administración anterior, en materia portuaria».
-Osvaldo Andrade ha señalado que las reformas en materia de derechos colectivos como esta no son para promover el empleo.
«No creo que haya que forzar una opción respecto de lo que usted está señalando. Detrás de las relaciones laborales tiene que haber principios de equidad y justicia. Lo que nosotros estamos dando es cumplimiento a esos principios, los que también hemos ratificado a través de una serie de convenciones internacionales. Esto no es solo criterios personales de la ministra, estas son obligaciones que tenemos con organismos internacionales. Los principios de equidad y justicia conversan perfectamente con los de la eficiencia».
-Las últimas cifras de actividad, sobre todo en industrias clave como la minería y la manufactura, dan cuenta de que durante 2015 la situación del empleo será bastante magra. ¿Dado este escenario, por qué no se postergó el envío de este proyecto? ¿Para cumplir con el compromiso suscrito con la CUT?
«Vamos por parte: nosotros teníamos un compromiso en el programa de gobierno; segundo, en junio firmamos un acuerdo a propósito del acuerdo salarial de que esta agenda se presentaría en el último trimestre, ese era un compromiso ya asumido. Y lo que ha señalado el ministro Arenas es que este año vamos a crecer más que en 2014, al menos un punto más. Además, tenemos un comité de ministros del área económica que está dando seguimiento a los distintos procesos administrativos que les toca enfrentar a las inversiones. Este proyecto dialoga con esas políticas, porque una de las cosas que hoy nos preocupan es el nivel de conflictividad que tiene nuestro país en materia laboral».
-Pero las cifras de la Dirección del Trabajo muestran que en 2013 solo 30 mil trabajadores, el 0,36% del total, fueron a huelga. Entonces, la conflictividad es baja.
«Respecto de eso hay que señalar varias cosas: en términos absolutos, las huelgas sí han aumentado, pero además tenemos otros indicadores que nos dicen que la participación de trabajadores en procesos que no son legales (paros al margen de la negociación colectiva) han aumentado. Eso ocurre cuando las personas no ven en el formato establecido por la ley un canal legítimo para la conversación».
-Pero 30 mil personas en huelga al año es poco.
«La Cepal hizo un estudio en 2014 sobre conflictividad en el sector portuario. Se registraron 312 días de huelga según este estudio en los últimos cuatro años dentro de los doce países de la región. El 46% de esos días se registraron en Chile; 15% en Argentina; 12% en Perú. De muestra un botón».
«Hay en Chile un nivel de conflictividad mayor que en los países de la región y ha aumentado la ilegalidad»
-¿Eso significa que el sindicalismo tradicional, que negocia en procesos reglados, ha sido superado por grupos anárquicos?
«No, lo que yo estoy diciendo es que las plataformas que tenemos a nivel normativo no están teniendo el efecto deseado, la gente no considera que ese sea un espacio legítimo. En cantidad de huelgas, las legales siguen siendo mucho más, pero en términos de trabajadores involucrados, hay una mayor participación en las huelgas ilegales. En el nivel de conflictividad nadie puede decir que se ha mantenido un statu quo . En 2013 hubo 201 huelgas efectivas en Chile. En México, que tiene normativas parecidas a la que estamos proponiendo para nuestro país, hubo 18 huelgas efectivas y en Perú, 94 huelgas efectivas. Entonces, tengamos a la vista todas las cifras cuando vayamos a dar esta discusión. Hay en Chile un nivel de conflictividad mayor que en los países de la región y ha aumentado la ilegalidad. Es una obviedad, pero es imposible que en Chile tengamos una interlocución entre empresario y trabajador al alero de una ley de 1979. Eso no resiste análisis».
-El objetivo del Gobierno es que los trabajadores aumenten sus remuneraciones a través de la negociación colectiva. Eso es sinónimo de aumentar el costo de la mano de obra. ¿Desde qué punto de vista un aumento de los costos podría entenderse como pro empleo?
«Esto efectivamente puede traer un aumento salarial. Hay evidencias de que en Chile las empresas con sindicatos registran promedios de salarios más altos, pero lo que estamos diciendo no es que este proyecto vaya a tener un efecto unívoco. El correlato de aumento salarial también tiene que ver con aumentos de productividad como resultado del diálogo, de incorporar en ese diálogo temas sensibles para algunos actores».
-Un sector del sindicalismo considera que las relaciones laborales son eminentemente políticas, ya que involucran la forma como se distribuye el poder al interior de la empresa. ¿Cuando se decide aumentar la fuerza de los sindicatos, se está buscando que las empresas pierdan poder?
«No, esa es una mala manera de ejemplificar lo que uno busca con esto. Cuando uno busca generar simetrías, uno no está diciendo que unos van a tener más poder en desmedro de otros; lo que uno está diciendo es que van a dialogar mirándose a los ojos. Yo le aseguro que ningún empresario va a ver en esto una pérdida de poder si usted le dice que a través de este proyecto tendrá menores niveles de conflictividad».
-Usted ha dicho que el proyecto no apunta a volver a un esquema de sindicato único. Sin embargo, es obvio que si los empleadores no pueden extender los beneficios libremente, los trabajadores van a tender a afiliarse al sindicato capaz de negociar el contrato más generoso y eso va a derivar en un esquema de sindicato único en el mediano plazo.
«¿Pero lo propone porque hay alguna evidencia de eso?».
-Es de sentido común que si tengo un abanico de contratos colectivos voy a elegir el más generoso. ¿Ese sería un efecto indeseado de la reforma?
«Yo no podría concluir algo como lo que usted está señalando porque los sindicatos tienen que ver con confluencias de intereses. Hoy día la gente no está eligiendo libremente, está eligiendo por una vía individual o por una vía colectiva que tiene muchas fallas. Con los incentivos adecuados, en cambio, usted no va a tener ninguna barrera para poder tomar una decisión».
-¿Pero si este proyecto derivara en un esquema de sindicato único, sería un efecto indeseado de la reforma?
«Lo que pasa es no me gusta hacer ciencia ficción. Lo que sí buscamos es que los sindicatos tengan un nivel de representatividad adecuado y eso es una de las razones por las que los propios empresarios nos decían que a ellos les gustan los sindicatos. Hermann von Mühlenbrock lo ha dicho, yo le puedo mostrar la transcripción de la frase. A un empleador le resulta más orgánico entenderse con voces que representen a los trabajadores a tener que entenderse por separado. Eso también tiene un desafío para el mundo sindical. Cuando vamos a avanzar en simetría y en representación real, es importante llevar aparejado un proceso de formación».
-¿Y si se quería tener sindicatos representativos por qué no se aprovechó esta oportunidad para volver a un quórum mínimo de veinticinco trabajadores para formar un sindicato y no seguir con el mínimo de ocho trabajadores, que era una propuesta que además generaba bastante consenso entre la CUT y la Conapyme?
«Siempre hay espacio para discutir distintas materias, pero el compromiso para este proyecto estaba volcado a temáticas específicas contenidas en el programa de Gobierno y eso fue lo que nosotros respetamos».
-La CUT mantiene su demanda de ir hacia un esquema de negociación por rama de actividad. ¿El proyecto no lo propone porque la Constitución no lo permite o porque usted considera que ese esquema de negociación no sería bueno para Chile?
«De nuevo, hay un montón de materias que si el contexto social amerita el debate, puede haber una instancia. El punto es cuál es el momento y nosotros tomamos un compromiso que abordaba temáticas específicas. Estamos hablando del proceso de reforma de una legislación que no se cambiaba sustantivamente desde el año 79. Hoy estamos dando un paso importante, pero otra cosa es que haya temáticas planteadas por los actores que no están incluidas. Lo único que estamos diciendo es que, sin desestimar esas temáticas, ahora tenemos un compromiso con un programa acotado. El programa traía la definición».
-¿Pero si la Constitución se lo hubiera permitido, le hubiera parecido positivo avanzar hacia la negociación por ramas?
«Lo que nosotros teníamos era el compromiso de avanzar en la negociación colectiva a nivel de empresa y ese compromiso lo mantenemos vigente».
-Usted señaló en una presentación en la Universidad Diego Portales que este proyecto no apuntaba a paralizar las empresas, puesto que es el sindicato el que va a huelga y no la empresa en su totalidad. ¿De qué manera podría seguir operando una pequeña empresa si sus ocho trabajadores sindicalizados van a huelga y el empleador no los puede reemplazar?
«Nunca la huelga ha estado pensada con el horizonte de quiebra, ni de alguno de estos conceptos que se han usado. En esto hay que aplicar sentido común. Los países con huelga efectiva, como Perú, Colombia o México, son destinos que los inversionistas chilenos han elegido para estar. Todos entendemos que no debería haber ningún inversionista chileno en esos países por el riesgo que usted señala. Me cuesta creer que no sea posible extrapolar en Chile la experiencia que hay en otros países».
-Cuando la Presidenta Bachelet señala que el interés del Gobierno es proteger y fomentar el trabajo decente, ¿por dicotomía se infiere que en Chile hay trabajos que no valen la pena proteger, que no importa si se destruyen?
«Yo creo que hay precarización en cualquier trabajo cuando no se cumplen las normativas laborales, no es que haya un tipo de trabajo específico. En todos los ámbitos podría encontrar un trabajo no decente, cuando usted habla de empresas que incumplen el salario mínimo, que hay personas que insisten en pagar por debajo de él. Hoy día, el salario mínimo tampoco acredita que usted esté fuera del círculo de la pobreza. Entonces, claramente el empleo precarizado tiene asimetrías, poca información, capacitación espuria, donde no hay cumplimiento de normativa previsional, o sea, el trabajo que no vale la pena, o que más que no vale la pena, es trabajo respecto del cual tenemos que preocuparnos».
«Le aseguro que ningún empresario va a ver en esto una pérdida de poder si usted le dice que a través de este proyecto tendrá menores niveles de conflictividad».
«En Chile, las empresas con sindicatos registran promedios de salarios más altos, pero lo que estamos diciendo no es que este proyecto va a tener un efecto unívoco».
«Los países con huelga efectiva, como Perú, Colombia y México, son destinos que los inversionistas chilenos han elegido para estar».
«Con el Ministerio de Hacienda siempre estuvimos en sintonía, nunca hubo propuestas distintas»
-El ministro de Hacienda, Alberto Arenas, se comprometió ante los empresarios en Enade a que la reforma sería gradual, pero la única gradualidad que se incorporó es la que pedían los sindicatos, que es la relativa a la adaptabilidad. ¿A esa gradualidad se refería el Gobierno en ese minuto?
«Hay varios temas de plazos que hay que señalar. Uno es la vacancia legal, que es cuando la ley comienza a implementarse, que es el primer día del decimotercer mes. Vamos a tener trece meses para hacer los ajustes necesarios, porque hay una serie de materias que requieren un trabajo concienzudo, como la creación del cuerpo arbitral. La otra es la gradualidad natural, que es cuando la ley comienza a regir al momento en que los contratos colectivos vencen. Y lo otro, lo que usted señala».
-¿Por qué no se incluyó la propuesta que promovió el Ministerio de Hacienda de crear un Comité de Expertos para determinar los servicios mínimos ?
«Con Hacienda siempre estuvimos en sintonía, nunca hubo propuestas distintas. Esta es una cosa que vale la pena recalcar, ha habido una sintonía fina respecto a lo que hemos llevado adelante. Lo que hubo fue una propuesta de crear un Comité de Expertos para servicios mínimos, y no fue planteado por Hacienda, fue planteado por el empresariado, y con el Ministerio de Hacienda arribamos a la conclusión de que los servicios mínimos se establecen con los sindicatos, y cuando no hay acuerdo, interviene la Dirección del Trabajo. Esa es una opción que se barajó con Hacienda siempre. Lo único de lo que usted señala y que yo escuché fue una propuesta de los empleadores».
-¿Cómo evalúa la participación de los empresarios en las instancias de diálogo? Se lo pregunto porque tras la presentación del proyecto algunos gremios se han declarado más conformes que otros.
«Este gobierno parte de la base del respecto irrestricto de los distintos actores. Desde el día uno, que invitamos a la CPC, a las pymes, gerencias de distintas empresas, nunca se restó nadie. La percepción es que el empresariado se quiere sentar a conversar sobre estos temas».
-La OCDE recomienda extender los beneficios de la negociación colectiva a los trabajadores no sindicalizados. ¿Por qué en esta materia se va en contra de la tendencia de los países más desarrollados?
«Yo también le podría decir lo que dice la OIT en esto. El Comité de Libertad Sindical de la OIT ha dicho que cuando en un proceso de negociación con el sindicato la empresa ofrece simultáneamente mejoras en las condiciones de trabajo a los trabajadores no sindicalizados, existe un peligro serio de que se menoscabe la capacidad negociadora de los sindicatos y que se produzcan situaciones discriminatorias que favorezcan al personal no sindicalizado».
-Usted ha señalado que sostuvo más de cien reuniones con gremios y otros actores para discutir el proyecto. Sin embargo, el corazón de la reforma no se alteró en lo esencial. ¿Para qué sirvieron esas reuniones?
«El alcance y la definición de los temas en su redacción final tuvieron a la vista a los actores. Un caso patente fue el de las pymes. Pero los temas estaban dados por el programa. Incorporamos temáticas que fueron surgiendo en las conversaciones, pero también había temas que eran de perogrullo. Cuando hablamos de huelga efectiva, obviamente estábamos hablando de fin al reemplazo en huelga.
DESDE EL DÍA UNO, que invitamos a la CPC, a las pymes, nunca se restó nadie».