Tensiones marcaron debate interno de la iniciativa:

Una pugna soterrada entre la cartera del ministro Alberto Arenas y la de su colega, Javiera Blanco, se desarrolló durante todo el segundo semestre del año. El último enfrentamiento involucró también a la CUT, quince días antes del anuncio presidencial.

Por Equipo de Reportajes.

La frase del ministro dejó perplejos a los dirigentes de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) que se encontraban en la reunión que convocaron los jefes de las carteras de Hacienda, Alberto Arenas, y del Trabajo, Javiera Blanco. «El Gobierno y la CUT tienen distintas expectativas», habrían sido las palabras del jefe de las finanzas públicas -según líderes sindicales- para explicar por qué en esa cita él pretendía revisar el 100% de las materias, cuando la multigremial ya tenía zanjado el 90% de ellas en las conversaciones que venía sosteniendo por meses con la ministra Blanco.

Ese lunes 15 de diciembre, la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa acusó falta de coordinación por parte del Gobierno y, en particular, cuestionó al ministerio de Teatinos 120. «Pareciera que a Hacienda le falta mucha información para poder sentarse a esta mesa, lo que lamentamos», dijo.

Fue ese el último momento de tensión antes de que, 14 días después, la Presidenta Bachelet firmara el proyecto que ingresa pasado mañana a la Cámara de Diputados.

Quienes estuvieron presentes en esa reunión recuerdan que nunca pensaron que, a dos semanas de presentar el proyecto, el ministro Arenas tomaría esa posición. Los representantes de la CUT le respondieron que si quería revisar lo ya acordado ellos endurecerían su postura. Y Trabajo, si bien mantuvo una posición neutral en la cita, acusó el último golpe desde Hacienda luego de que habían logrado sortear diferencias desde mediados del año. Pero tras el episodio fue Arenas el que debió terminar cuadrándose con Blanco: el proyecto que esta semana anunció la Presidenta recogió la mayoría de los puntos que en esa reunión había puesto Hacienda bajo interrogante.

Fue el final de una negociación que, si bien se desarrolló con un bajo perfil, no estuvo ajena a ripios ni complejas tensiones.

La agenda «popular» del Gobierno

«El título de la canción es uno solo: fin al reemplazo en caso de huelga», dijo en junio a La Tercera la ministra Blanco. Con esa declaración desde Trabajo se quiso marcar un hito público que mostraba en qué dirección estaba pensada la reforma laboral. En paralelo, comenzaron a sucederse una serie de reuniones -en total sumaron más de 100- con trabajadores y empresarios agrupados en la Sofofa, la CPC y representantes de Pymes (Ver entrevista a ministra en B4 y B6).

La agenda era clara no solo por la prioridad que había puesto la ministra sino porque sus directrices estaban ya en el programa de gobierno. A diferencia de otras reformas emblemáticas, en este caso el documento no sólo entregó titulares, sino que especificó al detalle los puntos que se pretendía modificar y que ahora recogió el proyecto: fin del reemplazo en huelga, titularidad sindical, piso de negociación, información sobre situación de la empresa, entre otros.

Por eso, cuando a principios de julio, para zanjar la negociación del salario mínimo, el Ejecutivo comprometió enviar la reforma laboral al Congreso en octubre, dentro de la Nueva Mayoría se estimaba que cumplir aquello no sería complejo. Sin embargo, distintos factores demoraron el trámite: se pensó, por ejemplo, que la reforma tributaria dejaría menos heridos de los que finalmente quedaron -principalmente en Hacienda-; que los indicadores económicos no serían tan adversos, y que la reforma educacional avanzaría con «velocidad crucero». Pero ninguno de estos escenarios se cumplió.

Y todo ello -sostienen en el oficialismo- pesó tanto para que el proyecto se retrasara como para que Hacienda buscara imponer una nueva actitud de cautela.

Los meses de agosto y septiembre fueron los más complejos para los partidarios de jugarse por la reforma. En ese período se llevó a cabo una lucha mediática de declaraciones que mostraba a Arenas reiterando la necesidad de implementar la agenda laboral con «gradualidad». Mientras, el término ya empezaba a molestar a la CUT y al gabinete de la ministra Blanco.

La fecha prometida de octubre se comenzaba a ver lejana: un mes antes, en septiembre, la misma Presidenta hacía suyo el término favorito de Hacienda, al afirmar en entrevista con «El Mercurio» que «vamos a cumplir el programa de gobierno. En qué gradualidad y oportunidad será algo que decidiré en su momento». Y desde el PPD el senador Guido Girardi planteaba derechamente postergar la discusión de la reforma hasta el segundo semestre de 2015.

Por entonces, Hacienda parecía haber asumido el control de la reforma y sus tiempos. Sintomáticamente, en medio de esa lucha de protagonismos entre ministerios, La Moneda instruyó a Trabajo mantener un bajo perfil.

Sin embargo, la estrategia de Arenas no resultó exitosa. La apuesta por reconstruir confianzas con el empresariado por la vía de prometer gradualidad en la reforma laboral no fue bien recibida por los privados; de hecho, aunque estuvo presente en el discurso del ministro en la Enade, a fines de noviembre, la recepción fue más bien fría: los empresarios respondieron que el tema no eran los tiempos, sino los contenidos de la reforma.

Y en medio de este escenario fue simbólico que el 11 de diciembre los ex ministros de Trabajo Germán Molina, Ricardo Solari, Yerko Ljubetic y Osvaldo Andrade se reunieran con Blanco y no solo apoyaran su agenda sino que la instaran a enviar lo más pronto posible el proyecto al Congreso, cuestionando la gradualidad.

Factores que inclinaron la balanza

En paralelo, otros dos factores contribuirían a definir el curso a seguir: el rol del Partido Socialista y la caída del Gobierno en las encuestas.

El presidente del PS, Osvaldo Andrade, mantuvo la presión por sacar adelante la agenda en cada comité político que se realizaba en La Moneda. Junto con ello, se preocupó de asesorar a la ministra y de generar puentes con el mundo del trabajo, como ex jefe de la misma cartera. Incluso invitó a la dirigencia de la CPC al partido para «disipar temores», dicen desde la colectividad. Un alto dirigente del PS asegura que para el partido el tema es bandera histórica de lucha y la decisión fue jugarse del todo, aunque significara renunciar a otros temas importantes para la izquierda, como el aborto.

El mal resultado del Gobierno en la encuesta CEP también estuvo en los análisis del oficialismo: incluso figuras críticas al modo en que el Ejecutivo ha manejado sus reformas, como el socialista Camilo Escalona, habrían advertido en el tema laboral la oportunidad de mejorar la popularidad del Gobierno. Y la DC, que durante este año hizo de los «matices» un punto central de su discurso, en esta materia se mostró totalmente cuadrada. De paso, buscan repetir la estrategia de poner a la Alianza en jaque usando el tema laboral y buscando situarla del lado de los empresarios, fórmula cuya eficacia electoral la centroizquierda viene comprobando desde la campaña Lavín-Lagos de 1999.

Vocerías internas y «externas»

Como se acostumbra tras el anuncio de un proyecto de ley, La Moneda está diseñando un despliegue comunicacional con distintos ministros -además de Blanco y Arenas-. La dificultad que ha surgido es que un eventual ajuste de gabinete en las próximas semanas puede complicar este plan, pues algunas de las carteras ligadas al tema, como Economía, Minería y Secretaría General de la Presidencia, suenan para un posible cambio.

Independiente de aquello, los subsecretarios de Trabajo -Francisco Díaz (PS) y Marcos Barraza (PC)- tendrán un rol clave en ese diseño, junto con el vocero, Álvaro Elizalde.

Y, de manera oficiosa, ex titulares de la cartera, como Ricardo Solari y Yerko Ljubetic, sostendrán conversaciones con diferentes sectores para defender la reforma. De hecho, el presidente del directorio de TVN participará en un seminario organizado por la Sofofa el 15 de enero.

Para esa fecha el texto ya se estará tramitando en la comisión del Trabajo de la Cámara. Con los diputados, el Gobierno está conciente que el proyecto se puede «izquierdizar» pues algunos sectores ya notificaron que querrán incluir que se aborde el despido por necesidades de la empresa y que se amplíe la negociación interempresas. Y que mirarán con atención el tema de la adaptabilidad de las jornadas de trabajo, algo que la CUT analiza como una concesión a los privados.

Apuestan en el Gobierno, en todo caso, a que en el Senado, la reforma retorne a sus líneas originales.

Alianza levantará la bandera del desempleo para enfrentar reforma
El lunes, para la Alianza, será el punto de inicio de una estrategia destinada a recuperar terreno y recorrer Chile con un mensaje claro de rechazo a la reforma laboral que ingresará el martes al Congreso. Dirán que la iniciativa tendrá «graves consecuencias en la generación de empleo».

Los principales dirigentes de RN y la UDI llegarán cerca de las 9:00 de la mañana a la sede de Libertad y Desarrollo. Para muchos, será una señal de unidad, la segunda luego de elaborar una propuesta conjunta que ya se dio a conocer hace unos días y que fue liderada por los diputados Nicolás Monckeberg (RN) y y Patricio Melero (UDI).

En paralelo, se organiza una gira nacional; y la directiva de RN solicitó el martes al Instituto Libertad que «cruce» dicha propuesta de la Alianza y el proyecto del Gobierno, para analizar en profundidad los pro y contra de la iniciativa.

Tampoco esconden una pretensión. Que, al igual como ocurrió con la reforma tributaria y en el tratamiento de la reforma educacional, sean técnicos de Cieplan y ex ministros de los gobiernos de la Concertación, como René Cortázar, Alejandro Foxley y José Pablo Arellano, quienes jueguen un rol de oposición a este proyecto desde el corazón del oficialismo.

En la Alianza existen algunos matices entre las directivas de ambos partidos. Mientras la UDI muestra un rechazo mucho más tajante a la reforma, en RN hay quienes se muestran más abiertos a analizarla, rescatando aspectos como la capacitación. De ahí que ya estén agendando en la sede de calle Antonio Varas algunas reuniones con dirigentes sindicales del partido y de las pymes.

Entre los puntos que más preocupan a la Alianza está el no reemplazo en huelga. Aquí, hay quienes proponen que sea un organismo técnico el que defina, por ejemplo, las funciones críticas y no la empresa ni los trabajadores, como lo establece el proyecto. También rechazan que se tenga como base los resultados de la negociación colectiva anterior, ya que ello, a su juicio, no consideraría el estado de la economía. Creen que el proyecto buscaría forzar a los trabajadores a sindicalizarse. Incluso desde la UDI señalan que ello atentaría contra la libertad sindical y no descartan llegar al Tribunal Constitucional.

Lucha de poderes en la CUT
La noche del 29 de diciembre, el mismo día que se firmó el proyecto de reforma laboral, un mail llegó a todos los dirigentes de la CUT. El remitente era la secretaría general, que lidera Arturo Martínez (PS), y enviaba un informe donde se planteaba que ya se había pasado la primera barrera, que era el diálogo con el Ejecutivo, pero ahora venía la tramitación en el Congreso, instancia donde se jugará «de verdad» la reforma.

Incluso, desde el Gobierno creen que Martínez pretende «adelantar por la izquierda» a la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa (PC), para retomar la presidencia.

Durante el proceso de elaboración del proyecto la directiva trabajó con un equipo compuesto por los abogados Josué Vega (DC), Pablo Centeno (PC), Marcela Lillo (PS) y el economista Fernando Carmona.

Ellos trabajarán en las «precisiones técnicas» de la CUT para influir en la redacción de indicaciones.

Además, para la primera quincena de enero fue convocado un consejo nacional ampliado al que asistirán dirigentes de todo el país. La cita es un anhelo de las sedes provinciales, que se habían mostrado críticas por la falta de consulta a las bases y el «oficialismo» de Figueroa.

En la instancia, además, se puede generar una lucha de poderes entre el PS y el PC.

La primera parte de la jornada estará destinada a evaluar la propuesta del Gobierno y la segunda parte será para calendarizar el 2015, específicamente el trabajo que realizarán en el Congreso y eventuales movilizaciones.