Superintendencia de Salud ha recibido 125 reclamos. A fines de mes estarán listas las primeras sanciones contra los centros de salud que hayan infringido la normativa vigente desde 2009.

Por Catalina de Améstica.

«Llegamos a la clínica con mi esposo con peritonitis y, para que lo atendieran, tuvo que hacer trámites notariales y dejar un cheque en garantía. ¡Una vergüenza!», cuenta Andrea, una profesional de 35 años que vivió angustiosos momentos en una clínica capitalina ante la posibilidad que su marido no fuera atendido porque primero debía garantizar el pago de la atención.

La experiencia ejemplifica los 125 reclamos a nivel nacional que ha recibido la Superintendencia de Salud -entre enero y septiembre de este año- en contra de 50 clínicas y hospitales por incumplimientos de la Ley de Urgencia Vital.

La normativa, vigente desde el año 2009, prohíbe a las instituciones de salud condicionar la atención de un paciente que esté en riesgo vital o que pueda tener una secuela funcional grave (infarto al corazón, accidente de tránsito grave, caída de altura con daños complicados, quemaduras en el cuerpo, entre otras) a la entrega de un cheque en garantía, un pagaré firmado en blanco o dinero en efectivo.

Sin embargo, esto no ha impedido que recintos privados y públicos continúen con la práctica.

Sanciones a fin de mes

«Nos llama la atención esta tendencia, porque es totalmente irregular condicionar la atención de un paciente a la entrega de un documento en garantía de pago», dice el superintendente de Salud, Sebastián Pavlovic, quien ve con preocupación que no se reduzca el número de reclamos.

Hasta septiembre de este año se contabilizan 125 y durante todo 2013, éstos llegaron a 134. «Nuestro objetivo es reducir esta cifra y lograr la implementación cotidiana de esta ley, sin la necesidad de que haya reclamos. Queremos que el 2015 se convierta en el año de los derechos y deberes del paciente, fortaleciendo el empoderamiento ciudadano», agrega.

Según el último informe de la Superintendencia, del total de reclamos a nivel nacional, 63 corresponden a centros en la Región Metropolitana (ver tabla).

Consultadas las instituciones denunciadas, los hospitales clínicos (de la U. de Chile y U. Católica) aseguraron no exigir cheque en garantía por atenciones en sus servicios de urgencias ni condicionar la atención de un paciente en situación de emergencia o riesgo vital. Igual postura plantearon desde la Clínica Indisa, mientras que le resto de los centros declinó referirse a las denuncias.

El proceso de tramitación de los reclamos ya está en su etapa final. Según anunció el superintendente Pavlovic, las primeras sanciones estarán listas este mes. «Aún cuando un porcentaje de estos reclamos pueda ser declarado improcedente, es preocupante que siga existiendo problemas de información e implementación de la ley por parte de las personas a cargo de la recepción de pacientes en los servicios de urgencia», dijo.

Y aclaró que los centros de salud que sean sancionados arriesgan multas desde 10 a mil UTM, la suspensión hasta por 180 días para otorgar las prestaciones AUGE-GES y su eliminación del registro de instituciones acreditadas hasta por 2 años.

Héctor Sánchez: No es una cifra relevante

Para el director del Instituto de Salud Pública de la U. Andrés Bello, Héctor Sánchez, «que la Superintendencia reciba un promedio de 14,6 reclamos al mes en una industria de más de 5 mil camas, no es muy relevante».

A su juicio, «la ley se cumple en un muy alto porcentaje, lo que demuestra que las personas están informadas, que las instituciones cumplen y la Superintendencia fiscaliza».

Para el experto, las faltas a la ley son por falta de capacitación de personal que atiende público y descuido.

Enrique Paris: Se debe priorizar la vida antes del pago

El presidente del Colegio Médico, Enrique Paris, calificó como «lamentable» que no bajen las cifras de reclamos de los usuarios por la infracción a la ley de urgencias.

«No es correcto que se vulnere la normativa, ya que los prestadores deben priorizar la vida antes del pago», dijo.

Y agregó que «los pacientes cuando acuden a un servicio de urgencia lo hacen en busca de una atención de emergencia. Los hospitales y clínicas deben exigir el pago sólo una vez que se estabilice a la persona, no antes. Ambas instituciones deberían dar el ejemplo en esta materia».