Alza de 7% real para sueldos menores a $801 mil y de 5% real para los que están por encima de ese umbral:

Este es el proyecto de ley más oneroso que le toca enfrentar al Gobierno. Supera el costo anual de la reforma previsional que creó la pensión básica solidaria. Beneficia a empleados de la administración central, municipales, de las Fuerzas Armadas y de Orden.

Por Pablo Obregón Castro.

Miércoles al mediodía, Plaza Los Héroes, a metros del Edificio Tucapel Jiménez y a tres cuadras de La Moneda. Columnas de trabajadores de los quince gremios que conforman la mesa del sector público comienzan a concentrarse en ese punto de Santiago. Rechazan y califican como una vergüenza el reajuste de 3% que les ofreció el Ministerio de Hacienda en su primera reunión -oferta que corrigió a 4% el jueves- y anuncian una escalada de movilizaciones para forzar al Gobierno a subir la puntería.

Los dirigentes liderados por la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, exigen un reajuste real de 7% para aquellos funcionarios que ganan menos de $801 mil mensuales y de 5% real para los que están por encima de ese monto. Las partes están muy lejos, y entre los trabajadores saben que, este año, la negociación presentará dificultades que no estaban presentes desde la crisis de 2009: una desaceleración económica más pronunciada de lo previsto y una inflación en torno al 5%, muy superior al 1,5% acumulado a octubre del año pasado, cuando se llevó a cabo la última negociación del sector.

Este último punto es crucial para el devenir de las negociaciones: solo para mantener la capacidad de consumo de los salarios, el reajuste debería ser de 5%, situación que tendría un costo para el fisco de US$ 1.680 millones, según un estudio realizado por el Instituto Libertad y Desarrollo. Esta cifra se elevaría a US$ 3.360 millones en el caso de que el Gobierno aceptara la propuesta de los trabajadores, que se traduce en un alza nominal de 10%. En cualquiera de los dos casos, el reajuste es el proyecto de ley más oneroso para el fisco cada año, superando incluso el costo de la reforma previsional que creó la pensión básica solidaria (proyectado en US$ 1.419 millones para 2015).

Durante la tarde del viernes, fuentes de la mesa del sector público señalaron que los trabajadores estarían dispuestos a bajar sus pretensiones a un 8,8% nominal. Con esto, el costo del reajuste disminuiría unos US$ 336 millones (llegaría a unos US$ 3 mil millones), pero la propuesta de los trabajadores sigue muy por encima de lo que ofrece el Ministerio de Hacienda.

Casi la mitad corresponde a asignaciones

Solo el 56,68% del costo total del reajuste se relaciona con las remuneraciones propiamente tales. El resto se descompone en una serie de asignaciones especiales, como bonos por hijo en edad escolar; bonificación extraordinaria para las enfermeras y matronas; bono de vacaciones; bono especial a los trabajadores del Servicio Electoral y asignaciones de zonas extremas, entre otras.

La proliferación de bonos es una de las razones que explica que, entre 2006 y 2014, el costo fiscal del reajuste se haya multiplicado casi por tres, sin que eso se vea claramente reflejado en los sueldos imponibles de los trabajadores.

El reajuste también tiene un costo vinculado con las pensiones. La mesa del sector público negocia el bono de invierno y los aguinaldos de los jubilados fuera del sistema de AFP.

Para la investigadora de Libertad y Desarrollo Cecilia Cifuentes, esta situación evidencia la necesidad de mantener un control sobre todas las materias discutidas en el proceso de negociación y no solo sobre las remuneraciones.

«El país hace un gran esfuerzo por mantener el aparato estatal cada año, y es menos evidente el esfuerzo que hacen el Gobierno y los funcionarios por responder a ese esfuerzo con el máximo de eficiencia», afirma Cecilia Cifuentes, quien estima que la propuesta de la mesa del sector público es demasiado onerosa en el actual contexto.

Una visión distinta existe en la ANEF: el gasto en personal representa el 21% del presupuesto del Estado, cifra que está entre las más bajas de la OCDE. Además, entre 2006 y 2013, la dotación de funcionarios de planta de la administración central no ha crecido. El Estado ha optado por aumentar sus funciones a través de trabajadores a contrata (tienen contratos anuales y previsión, pero no tienen derecho a carrera funcionaria ni acumulan antigüedad), cuyo número pasó de 79 mil a 125 mil personas en este período. A esto se suman 33 mil trabajadores a honorarios, de los cuales 20 mil tienen más de un año de antigüedad en la administración pública, pese a que la ley le permite al Estado emplearlos solo para tareas puntuales.

El Gobierno sabe que esta situación constituye una irregularidad y ha comenzado a enviarles algunas señales a los trabajadores: el Ministerio de Hacienda se comprometió a que entre 2015 y 2018 se pasará a contrata a los trabajadores a honorarios que realicen funciones permanentes, priorizando a los de mayor antigüedad.

Este proceso comenzó en el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG). De un total de 1.007 trabajadores que se desempeñan a honorarios, 206 serán incorporados al régimen de contrata a partir de enero de 2015.

Política de bonos afecta las pensiones

Junto con la mesa que negocia el reajuste salarial, existen otras instancias en las que los empleados fiscales y el Gobierno están trabajando para diseñar una nueva política laboral para el Estado.

En julio de este año, la ANEF, los ministerios de Hacienda y del Trabajo, y el Servicio Civil constituyeron cuatro mesas de trabajo que presentarán sus conclusiones y propuestas en 2015.

Una elaborará una propuesta sobre carrera funcionaria, evaluación de desempeño y condiciones de retiro; otra buscará fórmulas para redefinir la escala de remuneraciones y la política de beneficios variables; la tercera abordará políticas de género y una cuarta buscará una fórmula para regular la negociación colectiva en el sector público. Actualmente, los funcionarios públicos paralizan de facto, puesto que la ley no les reconoce derecho a huelga.

La mesa que estudia el ítem remuneraciones se hará cargo, entre otras materias, de elaborar propuestas que corrijan los efectos de la política de entregar bonos en lugar de incrementar el sueldo base de los trabajadores.

El diagnóstico que hacen los dirigentes de la ANEF es que varias de estas bonificaciones no son imponibles y, por lo tanto, no se reflejan en la base sobre la cual los funcionarios cotizan para su pensión: «Los empleados públicos jubilan con un tercio de lo que ganan cuando están en actividad. Pero los funcionarios que están en zonas extremas y que tienen una alta asignación de zona, jubilan con un 20% de tasa de reemplazo», dice Raúl de la Puente, presidente de esta organización.

Funcionarios piden política de viático único

La asignación de viáticos es otra de las políticas que se están discutiendo. Todos los funcionarios que cambian de ciudad deben firmar un documento llamado «autorización por cometido», procedimiento que activa automáticamente el pago de estas asignaciones, las que junto con las horas extraordinarias han pasado a representar parte importante de las remuneraciones.

El problema que advierten los trabajadores es la dispersión que existe entre los viáticos que reciben los profesionales y directivos en comparación con los auxiliares, técnicos y administrativos. Esto, porque los viáticos para viajes nacionales se calculan como un porcentaje de la remuneración imponible. Y en el caso de los viáticos al extranjero, existe una escala que va desde 35 a 100 dólares diarios, dependiendo del grado de los funcionarios. La idea de la ANEF -y que es parte del petitorio presentado al Ministerio de Hacienda- es establecer un viático único.

Según cifras de la Fundación Avanza Chile, el presupuesto para viáticos aumentará 12,7% el próximo año, con lo cual llegaría a US$ 119,5 millones.

Funcionarios ganan un mínimo de $260 mil y apuntan a llegar a $300 mil
Los efectos del reajuste se hacen extensivos a unos 800 mil trabajadores del sector público, tanto de la administración central del Estado como del Congreso Nacional, municipalidades, Fuerzas Armadas, Carabineros y Policía de Investigaciones.

Según el presidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (Anef), Raúl de la Puente, pese a las mejoras salariales que se han obtenido en los últimos años, la situación de este universo de trabajadores sigue siendo precaria y presenta altos grados de inequidad.

Si bien las cifras más recientes (Casen 2011) muestran que los trabajadores del Estado ganan, en promedio, un 4,2% más que los del sector privado con el mismo grado de escolaridad, esos promedios no dejan ver la heterogeneidad de situaciones que se dan en el Estado, afirma De la Puente.

La remuneración mínima de un funcionario público que tiene la categoría de auxiliar es de $260 mil; de un administrativo, $295 mil, y de un técnico, $317 mil. Al mismo tiempo, hay profesionales que -sin ocupar cargos de autoridad- ganan $6.079.058 y que también están contenidos en los promedios. La propuesta de reajuste que están impulsando los trabajadores apunta a que el sueldo mínimo para un auxiliar llegue a $300 mil; para un administrativo, a $350 mil, y para un técnico, a $400 mil.