Esta semana se conocieron detalles del proyecto de reforma laboral y se produjo el primer cortocircuito entre el Ministerio del Trabajo y la CUT por la no inclusión en el proyecto de una demanda histórica de la Central: la instauración de la negociación por rama. Si bien esa idea se discutió en las instancias de diálogo, nunca fue parte del texto de nueve puntos del Gobierno. Pablo Obregón Castro

Nueve titulares. Eso es todo lo que se conocía hasta hace unos días sobre la reforma laboral que busca fortalecer la posición de los trabajadores en procesos de negociación colectiva. Pero el escenario cambió esta semana: el Gobierno mostró las cartas con las que jugará esta partida en el Congreso, y con ello se produjo el primer cortocircuito con la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

Entre martes y miércoles, la ministra del Trabajo, Javiera Blanco, tuvo dos actividades públicas -en la Universidad Diego Portales y en la Adolfo Ibáñez (UAI)-, y en ellas entró de lleno en los contenidos del proyecto, con lo cual aterrizó las expectativas de trabajadores y empresarios.

«La titularidad no significa que negocie un sindicato único», dijo en la UAI.

La reacción de la titular de la CUT, Bárbara Figueroa, no se hizo esperar: «Es preocupante escuchar estas palabras, porque lo que hacen es instalar una sombra de duda respecto de lo que nosotros entendíamos que ya había sido abordado», afirmó.

Pese a este desencuentro, hay un dato que no cambia: los nueve puntos comprometidos originalmente por la Presidenta Michelle Bachelet -de los que se conocían solo los titulares- se abordarán íntegramente, incluidos los tres aspectos que generan más inquietud en el empresariado, que son el fin del reemplazo en huelga, titularidad sindical y ley de pisos mínimos. Lo que se queda fuera son dos de las demandas históricas de la CUT: la reinstalación de la negociación interempresa y un esquema que tienda al sindicato único.

Fuentes de Gobierno aclaran que si bien estas propuestas se discutieron largamente en las instancias de diálogo con la multisindical -lo que quedó reflejado en varias minutas internas-, nunca hubo un compromiso de acogerlas íntegramente.

Entre las 25 propuestas de la CUT -que apuntaban a reformar ampliamente el Código del Trabajo, y no solo a perfeccionar los mecanismos de negociación colectiva- se incluyen limitaciones al uso de la figura del despido por necesidad de la empresa y el cierre de las empresas que vulneren reiteradamente el fuero sindical.

Tampoco se incluirán restricciones que limiten las facultades de los trabajadores no sindicalizados para negociar individualmente. Esto -señalan fuentes de gobierno-, porque aunque hubiera existido voluntad de avanzar en esa dirección, una iniciativa como esa hubiera sido bloqueada por sus vicios de inconstitucionalidad, situación que ya había sido advertida por la oposición en las rondas de conversaciones que han sostenido con el Ministerio.

Durante los últimos días, representantes del empresariado transmitieron al Ministerio del Trabajo la idea de incluir en este paquete de reformas una modificación al sistema de indemnizaciones por años de servicio, lo que el gobierno también descartó.

Un estudio realizado por el INE en 2011 reveló que más del 40% de los trabajadores cambia de trabajo antes de un año: «No valía la pena avanzar en un tema que, aunque los empresarios están empujando hace tiempo, tiene poco impacto real, puesto que muy pocos trabajadores acumulan antigüedad», señalan fuentes cercanas a las negociaciones.

Sobre estas definiciones conversó la ministra Javiera Blanco con «El Mercurio» una vez finalizada su intervención en la Universidad Diego Portales, un día antes de la exposición realizada en la UAI que generó reacciones en el empresariado y entre los trabajadores. Con posterioridad, la secretaria de Estado no contestó nuevas preguntas.

-¿A qué se refiere el gobierno cuando habla de prohibir el reemplazo de funciones durante la huelga?

«Cuando se habla de paralización y de huelga efectiva, tiene que ver con el sindicato que está negociando. Nosotros nunca hablamos de paralización de la empresa, porque el que tiene el derecho a huelga es exclusivamente el sindicato que está negociando. No es toda la empresa ni todos los sindicatos a la vez, así que lo primero que quiero es desmitificar la idea de paralización. También estamos viendo el tema de los servicios esenciales. No queremos que una paralización -y los trabajadores tampoco lo van a querer- afecte a la empresa de alguna manera. La huelga efectiva tiene un sentido de simetría entre las partes, pero entendiendo que no es la empresa la que paraliza, que hay servicios esenciales que no paralizan. Esto (la reforma) lo estamos pensando para las empresas grandes. Nosotros siempre hemos pensado que en el caso de las pequeñas empresas tiene que haber ciertas particularidades».

Aumenta la conflictividad

Durante los últimos nueve años, la conflictividad laboral ha crecido de manera considerable. Si en 2005 se efectuaron 101 huelgas, con 11 mil trabajadores involucrados, en 2013 se llevaron a cabo 201 paralizaciones, con 30 mil trabajadores involucrados. Para la ministra del Trabajo, detrás de este incremento de la conflictividad subyace una razón que considera central: una normativa que incentiva los conflictos.

-Los empresarios han planteado que si no se pudiera reemplazar a los conductores de una empresa contratista de buses que lleva trabajadores a una obra, por ejemplo, esta prohibición le impediría a la empresa principal seguir con su proceso productivo.

«La negociación colectiva se da entre el empleador y sus trabajadores. La relación que existe entre la empresa principal y la empresa contratista es de carácter civil o comercial. Por lo tanto, las regulaciones que estamos introduciendo solo afectan al empleador y sus trabajadores, y no debieran tener impacto en el mundo de las relaciones comerciales. Claramente no se puede afectar el proceso productivo de la empresa principal. Está el legítimo derecho de la empresa principal de mantener su producción, que no es la que está en el marco de la negociación colectiva. Pero lo que vamos a tener después de esta reforma es que las huelgas van a ser prácticamente inexistentes en el país, porque los incentivos van a estar bien puestos».

-¿Qué le hace suponer que va a bajar la conflictividad?

«Los derechos colectivos están regulados aún bajo la normativa del plan laboral creado en dictadura, y es un plan laboral que se estructura sobre la base de la teoría de las desconfianzas. Los economistas siempre dicen que uno toma buenas decisiones cuando los incentivos son adecuados. Hoy, cuando se hace efectiva una huelga, los trabajadores dejan de recibir sus remuneraciones y el empleador puede, bajo ciertas condiciones, reemplazar para poder seguir produciendo. Cualquier economista se puede dar cuenta de que el incentivo de uno es muy distinto al del otro, porque el trabajador no recibe su remuneración, que es su sustento básico, y el empleador sigue produciendo. ¿Quién es el que tiene más ganas de llegar a acuerdo? ¿Quién trata de seguir bajando sus pretensiones porque le angustia más llegar a acuerdo? Esto es de cálculo uno. Simetría se llama. Cuando uno avanza en materia de derechos colectivos, siempre está la percepción de que los trabajadores piden con el tejo pasado, y la pregunta es si alguien de verdad cree que un trabajador va a querer proponer algo que vaya en contra de la viabilidad de la empresa, en contra del espacio que le da su sustento de vida. Al trabajador le importa tanto que le vaya bien a la empresa como al empleador».

-Descontando al empresariado y a la oposición, ¿por qué la necesidad de avanzar en esta reforma no ha permeado en actores que uno suponía que estarían alineados detrás de este proyecto? Algunos sectores de la Nueva Mayoría no ven con buenos ojos la oportunidad de esta reforma en un periodo de desaceleración económica.

«Parte de la función que tenemos es poder explicar bien los contenidos y escuchar las observaciones, porque esta es una agenda que se está construyendo, y uno parte de una premisa, pero quiere escuchar a otros actores e incorporar esas visiones. Lo que yo espero es construir una agenda que sea buena para el país, detrás de la cual se alineen todos los actores. Yo no podría decir que esta es una agenda respecto de la cual haya sectores que masivamente se niegan. Lo que yo he visto es apertura respecto de estos temas, es una mirada constructiva. Muchos empresarios nos señalan que obviamente entienden que los sindicatos le hacen muy bien al país. Hay figuras que son mitos».

-¿También es mito el que existen diferencias con Hacienda?

«No, no. Con Hacienda hemos estado trabajando conjuntamente. Con el ministro Arenas tenemos una sintonía súper buena, estamos en la misma línea, vamos a trabajar por buscar acuerdos, que es lo que él ha dicho y la Presidenta nos ha mandatado, y también por llegar a presentar la reforma antes de final de año. En esto estamos totalmente alineados; las diferencias son parte del mito».

«Con Hacienda hemos estado trabajando conjuntamente. Estamos alineados y las diferencias son parte del mito».

«Lo que vamos a tener después de esta reforma es que las huelgas van a ser prácticamente inexistentes en el país».

«Está el legítimo derecho de la empresa principal de mantener su producción, que no es la que está en negociación».

«No podría decir que esta es una agenda respecto de la cual haya sectores que masivamente se niegan. He visto es una mirada constructiva» «Los grupos negociadores se constituyen básicamente para negociar remuneración y punto. Solo existen por las lucas, y muchas veces generan un efecto distorsionador»
«La sola posibilidad de reemplazar a los trabajadores en huelga merma la eficacia y sentido del derecho a huelga, ya que con ello no se cumple con la finalidad de paralizar el proceso de producción de la empresa». Esta es una de las conclusiones del Informe de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales presentado esta semana y comentado por la ministra del Trabajo Javiera Blanco. En esa oportunidad, la secretaria de Estado describió lo que, a su juicio, son las principales paradojas de la legislación laboral chilena y cómo serán abordadas en el proyecto de reforma.

* Titularidad sindical y grupos negociadores paralelos: El proyecto eliminará la posibilidad de que los trabajadores puedan negociar colectivamente a través de grupos distintos a los sindicatos. Esto, porque el objetivo de la reforma apunta, precisamente, a aumentar la sindicalización y evitar lo que en el mundo sindical se conoce como efecto polizón: que los trabajadores no sindicalizados accedan a los beneficios de la negociación colectiva sin participar de la actividad sindical: «Los grupos negociadores se constituyen básicamente para negociar remuneración y punto. Solo existen por las lucas, y muchas veces generan un efecto distorsionador», señala Blanco.

Esto se produce porque cuando un sindicato logra algún beneficio a través de la negociación colectiva -explica la ministra- para poder hacerlo extensivo a otros trabajadores, estos deben pagar el 75% de la cuota sindical. Si un grupo de trabajadores se organiza solo para negociar, puede acceder a los mismos beneficios, sin pagar ni siquiera el 75% de la cuota.

* Ampliar el derecho a huelga: El proyecto también abordará las exclusiones y restricciones que impiden negociar colectivamente a algunos trabajadores. «Todos los años viene un decreto de tres ministerios, entre los que estamos nosotros incluidos, que establece cuáles son la áreas que pueden negociar pero sin ir a huelga. El famoso artículo 384 del Código del Trabajo. La lógica que hay detrás es que los servicios esenciales -luz, agua, gas- no pueden ir a huelga. Si pararan, dejarían a una población entera sin luz, agua y gas, pero la paradoja que hay en esto es que en esos sectores el 70% de los trabajadores son provistos por subcontratistas que sí van a huelga».

* Simplificación del proceso de huelga: La idea del Gobierno es eliminar una serie de trabas que hacen de la negociación colectiva y de la huelga procesos altamente engorrosos: «Hoy tenemos un procedimiento que invita a la mediación después que se vota la huelga. Es como si en los matrimonios yo le dijera divórciense y después van a terapia. Entonces, nosotros decimos que si ponemos un orden lógico a la situación, que la gente tenga todos los incentivos para mediar, que no haya un ritualismo excesivo, se va a traducir en menos conflictos. Por último, para los que no creen en esto, vámonos a la evidencia fáctica: los países desarrollados tienen elevados niveles de sindicalización y, en muchos casos, la negociación es ramal, lo que tampoco va a en nuestra agenda laboral, nosotros todavía estamos un peldaño más abajo. Además, esto lo estamos haciendo bajo los estándares internacionales y nos estamos poniendo al día sobre cosas por las que ya hemos sido requeridos por la OIT y por Naciones Unidas. A mí me ha pasado que cuando voy a audiencias con trabajadores y explico que nos hemos encumbrado a ser un país que tiene un PIB per cápita de 23 mil dólares, me quedan mirando con cara de ‘a mí no me llegó'».