EL ACTUAL gobierno estudia fórmulas para el fin al reemplazo en huelga y titularidad sindical. Aunque no se han conocido los detalles, uno esperaría que cualquier modificación al Código del Trabajo en materia de relaciones laborales debería alcanzar al menos objetivos de corto y largo plazo.

En lo más inmediato, y frente a la fuerte desaceleración que enfrenta la economía chilena, una agenda laboral proactiva debería contemplar el diseño de mecanismos que perfeccionen el seguro de cesantía más que una iniciativa legal sobre negociación colectiva.

Gracias a un ciclo económico expansivo y políticas públicas que favorecieron el crecimiento del empleo, la tasa de desempleo durante la administración anterior alcanzó su nivel más bajo desde la década de los 90, lo que junto a un aumento significativo de los salarios, ayudó a reducir los niveles de desigualdad.

Ahora bien, a pesar de los avances de los últimos años, se debe reconocer que el mercado laboral sigue presentando bajas tasas de empleo, bajos salarios y productividad, y relaciones laborales cortas y con alta rotación. De hecho, pese a que duplicamos nuestro PIB por hora trabajada desde principios de los 90, persiste una diferencia promedio de tres veces con los países desarrollados.

Luego, es un imperativo avanzar hacia una legislación laboral moderna que permita una combinación óptima entre flexibilidad y seguridad, y que de esa forma mejore la capacidad de competir en mercados dinámicos y abiertos, que asegure la protección social de los trabajadores y contribuya a aumentar su inclusión y competitividad.

La evidencia sugiere que a partir de fines de la década de los 90, la probabilidad de encontrar trabajo se mantuvo persistentemente baja por un tiempo prolongado. Es decir, durante períodos de desaceleración, la probabilidad de perder el empleo aumenta y la de encontrar trabajo disminuye. En este contexto económico, y en donde el máximo efecto por una menor actividad demora seis meses, la política pública debería focalizar sus esfuerzos en la protección del empleo de los trabajadores más vulnerables (mujeres, jóvenes y pobres).

Es importante destacar que aún persisten niveles de desigualdad respecto de la participación laboral, empleo y desempleo. Basándose en la Encuesta de Protección Social se puede recalcular el ingreso de los hogares asumiendo para cada desempleado un ingreso igual a la remuneración promedio de su decil. Este escenario ficticio generaría una caída del coeficiente de Gini de 0,54 a 0,52. Este resultado releva la importancia del empleo como política pública que promueve la igualdad de oportunidades y la reducción de la desigualdad de ingresos.

En general, los últimos cambios al Código del Trabajo han favorecido a los trabajadores más calificados y productivos en desmedro de aquellos que tienen menos experiencia y baja productividad. En este último grupo la fijación de salarios mínimos, fueros e indemnizaciones, entre otros, impide que frente a diferentes escenarios, la probabilidad de perder el empleo disminuya y la de encontrar trabajo aumente.