La historia de la Central Unitaria de Trabajadores no ha estado exenta de disputas. Tras ganar la presidencia en 2012, el PC tomó control de la entidad e inició una lucha de poderes con las bases PS. Hoy, la amenaza de una reforma laboral más tibia de lo anhelado suavizó las tensiones entre los dos dirigentes que representan cada bloque.

Por Nicolle Peña/Cristina Cáceres.

La tensión explotó justo a mitad de este año, en plena negociación con el gobierno por el nuevo salario mínimo. A horas de que se cumpliera el plazo de entrada en vigencia del reajuste – el 1 de julio- el comité ejecutivo de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) sesionó para decidir si respaldaba o no el incremento de $ 15.000 propuesto por el Ministerio de Hacienda.

Tras un duro debate, la determinación de apoyar públicamente el incremento salarial menor a los $ 17.000 logrados en el último año de la administración de Sebastián Piñera, no dejó contentos a todos los integrantes de la mesa. Al contrario. Hubo distanciamiento, malestar y acusaciones que apuntaban a la presidenta de la entidad, Bárbara Figueroa. La acusaron de actuar con “condescendencia” hacia el Ejecutivo, aseguran fuentes de la multisindical.

Cuatro meses después, las diferencias persisten. Más suavizadas, al menos en lo público, por la necesidad de la organización de ordenar las filas detrás de la reforma laboral que busca que el gobierno envíe al Congreso con el fin de fortalecer la negociación colectiva y reconocer la titularidad sindical. Ello, pese a que al interior de la entidad saben que el Ejecutivo busca matizar los cambios laborales.

El fantasma de una iniciativa más moderada de lo conversado en casi cinco meses de tratativas entre la CUT y los técnicos de Hacienda y Trabajo, principalmente para recoger parte de las inquietudes del empresariado y los sectores más centristas de la Nueva Mayoría, ha sido el aliciente que faltaba para poner paños fríos en la agrupación de trabajadores con más llegada en la ciudadanía y a nivel de las organizaciones sociales.

Pero, ¿de dónde vienen los problemas internos que habitan en la central? Todo se remonta a 2012, cuando tras 12 años en la presidencia, el dirigente socialista Arturo Martínez perdió las elecciones en un fallo fotográfico ante la profesora y militante comunista, Bárbara Figueroa.

Las elecciones de ese 24 de agosto también dieron como resultado un Consejo Directivo Nacional compuesto por 27 miembros del PC, 25 del PS, cuatro de la DC, 2 del Partido Radical y 2 socialistas de un sector del conglomerado. Este estamento es el que elige al comité ejecutivo, integrado a su vez por 15 dirigentes que encarnan la cúpula de poder de la CUT. La elección de Figueroa, de hecho, resultó de una alianza entre el PC y la DC.

TRES MOMENTOS

Desde el recambio en la presidencia de la CUT y pese a las diferencias de estilo, la relación entre Figueroa y Martínez -quien aún mantiene un fuerte liderazgo en la entidad- en una primera parte se vio favorecida por la oposición a varias de las propuestas del gobierno de Piñera. En la entidad temían que la Alianza pudiera restar espacio a los intereses sindicales.

Pero con el cambio de gobierno afloraron las discrepancias. Apenas se instaló la Presidenta Michelle Bachelet las diferencias se hicieron más que patentes. Sobre todo a la hora de abordar la estrategia que la Central adoptaría frente a una administración más proclive a sus intereses. Fuentes de la directiva afirman que los conflictos y discusiones se hicieron recurrentes en las reuniones de comité. Si bien es habitual que estos encuentros se realicen cada semana, este año han sido más espaciados, comentan en la añosa sede ubicada en la Alameda, casi al frente de La Moneda.

Hasta ahora, el principal desencuentro ha sido el salario mínimo fijado. Si bien durante la administración de Piñera, la CUT instaló la idea de un sueldo mínimo en el umbral de los $ 250.000, a la hora de iniciar las tratativas con el gobierno de Bachelet, la Central desistió de esa demanda. Contrariando la tradición de la CUT de exigir una cifra determinada, Bárbara Figueroa otorgó mayor relevancia a la solicitud de conformar una mesa que estudiara la política salarial vigente.

Martínez, en cambio, sí difundió la intención de que el reajuste llegara al menos a $ 230.000 mensuales.

La concesión por parte de los ministerios de Hacienda y Trabajo de instalar la mesa que pedía Figueroa y comprometer el envío al Congreso de una reforma laboral en octubre de este año, terminaron convenciendo a la mayoría del comité de la CUT. “He tenido que quedarme callado, porque la CUT tiene que tener una sola opinión. Pero la central es diversa. Tenemos muchas opiniones y no basta con escuchar solo a la cabeza de la CUT”, reconoció Martínez a La Tercera en junio de este año en su rol de secretario general de la central.

Marínez incluso advirtió sobre la necesidad de “democratizar el debate interno”, argumentando que la postura adoptada por la multisindical no representaba mucho a la gente. “La CUT ha estado con un discurso bastante oficialista, quizás porque el gobierno es de una colación muy amplia o por simpatía, no lo sé. Pero no debemos olvidar nuestro rol de exigencia. Somos contraparte, no gobierno”, dijo entonces.

Lo de Martínez no ha sido el único capítulo de discordias internas que se hicieron públicas.

Dos meses antes de sus declaraciones por el salario mínimo, Figueroa ya había enfrentado divisiones internas, aunque con el vicepresidente de la CUT, el DC Nolberto Díaz, a raíz de la indicación sustitutiva que el gobierno de Bachelet envió al proyecto de ley que restringía el uso de multirut por parte de las empresas y que había dejado instalado en el Congreso el gobierno anterior. El tema marcó otro punto de desencuentro en la entidad. Un día después de conocer la iniciativa firmada por Bachelet, Díaz aseguró que se trataba de “un mal proyecto” que no resolvía los problemas de fondo. En su opinión, el Ejecutivo debió haber eliminado el concepto de empresa en lugar de establecer una definición de empleador que, bajo su análisis, actuaba en desmedro de la legislación vigente.

Sin embargo, el comité ejecutivo decidió valorar la indicación, argumentando que satisfacía los objetivos perseguidos por la multisindical. El punto fue para Figueroa.

El último episodio de discordia surgió por la reforma laboral que hoy diseña el gobierno. Si bien el consejo de la CUT acordó que serían 25 los puntos que solicitarían al gobierno, desde la directiva aseguran que Figueroa -quien tiene línea directa con la ministra del T rabajo, Javiera Blanco- habría insistido en respaldar las nueve materias propuestas por esa cartera, presentadas en la mesa técnica que culminó la semana pasada.

CUT EN BLOQUES

Las principales fuerzas en la CUT se distribuyen entre Figueroa y Martínez, pero hay quienes sostienen que Díaz mantiene una postura intermedia, porque desconfía de los resultados que se pueden obtener con el gobierno.

Directivos, sin embargo, afirman que también conviven otros subgrupos en los partidos más importantes que integran las bases de la central. “Al interior de los socialistas se produjo un quiebre: una corriente que sigue a Martínez, y, otra, a Juan Moreno, del sindicato interempresas de Líder”, explica un dirigente de la directiva.

En el caso del PC también hubo un fraccionamiento: por un lado Figueroa y Guillermo Salinas, antiguo militante comunista que en la administración anterior fue brazo derecho de Martínez, acompañándolo por más de una década en distintos cargos. Y por otro, Manuel Ahumada, que representa al sector que aglutinaba Cristián Cuevas, también PC, quien hoy está fuera del país. Se trataría de unos cinco consejeros que si bien “no hacen oposición, están alejados de Figueroa”, explican dentro de la directiva.

Por su parte, Díaz convoca a la DC y a algunas facciones del PS y ex PC, así como a integrantes de la Izquierda Cristiana. “Tenemos una gran vocera, lo que es bueno, pero en la interna siguen existiendo muchos problemas”, dice otro dirigente.

Consultada por La Tercera, Bárbara Figueroa declinó referirse a las distintas visiones internas de la organización, afirmando estar enfocados en el contenido de la reforma laboral. La dirigenta presidirá la CUT hasta mediados de 2016 y, según dirigentes, tendría aspiraciones de optar a un cupo al Senado en representación del PC.

No sería el primer caso. En 2009, Martínez dejó la presidencia de la CUT previo a las parlamentarias de 2009 para postular -sin éxito- por un cupo a diputado.