Análisis encargado por gremio de AFP sugiere alinear inversiones a un benchmark de la industria. También advierte de efectos de la entidad estatal sobre un potencial incremento del déficit fiscal.

Por M. Andrade y S. Jara.

Desde que surgiera la idea de crear una AFP estatal, en el marco de la “comisión Marcel” en 2007, el gremio que agrupa a las administradoras se ha opuesto al ingreso de este tipo de actor al sistema. Pero si en el primer mandato de la Presidenta Michelle Bachelet la iniciativa no prosperó, este año una de las primeras medidas adoptadas por la reelecta Mandataria fue enviar al Congreso el proyecto de ley que crea la gestora estatal de fondos de pensiones.

Ante esto, la Asociación de AFP encargó un estudio económico y legal a Gonzalo Sanhueza, de la consultora Econsult, titulado “Proyecto de ley AFP estatal y efectos sobre el equilibrio competitivo”, al que tuvo acceso La Tercera y que fue la base de la presentación que ayer realizó el presidente del gremio, Rodrigo Pérez Mackenna, ante la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, que analiza la iniciativa.

El estudio identifica dos riesgos que podría generar el proyecto, en caso de aprobarse tal como está planteado: la alteración de lo que llama el “equilibrio competitivo” de la industria y un potencial incremento del déficit fiscal, peligros frente a los que propone una serie de alternativas que ayudarían a que la AFP estatal tenga una “neutralidad competitiva” en relación con sus futuros pares.

Sanhueza sostiene en su estudio que “la experiencia internacional de los países de la Ocde indica que la presencia de empresas públicas en los sectores económicos afecta su equilibrio competitivo. Entre los principales riesgos asociados se encuentran la fijación de precios predatorios, la elección de tecnologías ineficientes y los beneficios de subsidios cruzados, entre otros”.

En ese sentido, uno de los principales focos de preocupación del estudio es la prerrogativa que tendrá la nueva entidad para invertir en entidades relacionadas, y que no tienen por ley el resto de las AFP. Sanhueza propone que para evitar posibles conflictos de interés y ventajas competitivas, se contemplen límites especiales para que las inversiones de la AFP estatal en entidades relacionadas estén alineadas con benchmarks (índices de referencia) de la industria privada.

Además, ve necesario garantizar la competencia del directorio y potenciar su independencia, de acuerdo a estándares de la Ocde.

Respecto de un potencial aumento del déficit fiscal del país, indica que la AFP estatal pone en riesgo “la correcta asignación de los recursos”, explicando que “los grupos de presión podrían terminar destinando los fondos de pensiones al financiamiento de las pymes, a la construcción de viviendas sociales, entre otros”.

Como ejemplo, indica que la nueva AFP podría tener el “riesgo de que los recursos de los afiliados terminen financiando un excesivo déficit fiscal, un rescate al sistema financiero o ineficiencias de las empresas públicas”.

Para asegurar la rentabilidad social de sus inversiones, Sanhueza expone la necesidad de que se obligue a la AFP estatal a que alcance una tasa de retorno de mercado para el capital invertido, y la obligación de realizar el estudio de factibilidad requerido por la Superintendencia de Pensiones, en las mismas condiciones que un actor privado. También sugiere la prohibición para la AFP estatal de acceder a bases de datos en condiciones preferenciales respecto del resto de las AFP (por ejemplo, base de datos del IPS).

Por su parte, durante su exposición ante la Cámara de Diputado, Pérez valoró “que el gobierno comparta algunas inquietudes presentadas por la Asociación de AFP”, como el nombre de la nueva entidad o sus convenios con el IPS.

En esa línea, fuentes del gobierno confirmaron que se evalúa un cambio al nombre de fantasía “AFP del Estado”, con el que pretendían llamar a la nueva administradora.