Se pondría hincapié en el envejecimiento avanzado de la población, las mayores expectativas de vida, los problemas del mercado laboral y el nivel de las remuneraciones.

Pía Toro Pía Toro.

A contra reloj. Así están trabajando por estos días los integrantes de la comisión asesora presidencial sobre el Sistema de Pensiones, más conocida como comisión Bravo, para cumplir con el mandato de la Presidenta Michelle Bachelet de entregar un informe preliminar durante octubre. Para enero del próximo año se espera la presentación con las recomendaciones en pos de mejorar las pensiones en Chile.

Una de las principales dificultades que ha tenido hasta ahora la comisión para la elaboración de este informe preliminar, que será sólo de diagnóstico, es el tiempo. Se reconoce internamente que el período de audiencias, que es destacado como un hito de la instancia por la amplia cobertura que éstas tuvieron, fue demasiado largo, limitando el tiempo para el diseño del documento.

Dada esta problemática, fuentes cercanas al proceso aseguran que al interior de la comisión se habla del 31 de octubre como fecha de presentación del informe a la Presidenta, con la idea de aprovechar todo el tiempo para su redacción.

Para ello, la comisión se está reuniendo de lunes a jueves en el Ministerio del Trabajo. Además solicitó a la Superintendencia de Pensiones un profesional en comisión de servicio que se encargue de reunir todos los antecedentes que se vayan necesitando para la elaboración del diagnóstico.

Asimismo, la instancia asesora se encuentra trabajando con el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuestos para obtener la mayor cantidad de datos administrativos en el menor plazo posible.

Hasta ahora, todas las sesiones de la comisión han sido privadas; sólo la audiencia con la ministra del Trabajo y el subsecretario de Previsión Social, por AFP estatal, ha sido pública. De hecho, se espera que en los próximos días la superintendenta de Pensiones (SEP), Tamara Agnic, se reúna con la comisión o con el presidente de la misma, David Bravo, para entregar el diagnóstico de la entidad respecto a las Pensiones. Esta cita también sería a puertas cerradas.

Aristas del diagnóstico

Hasta ahora, los 24 integrantes de la comisión Bravo han analizado una a una las audiencias desarrolladas. Una de las temáticas reiteradas es el problema que se le adjudica al actual sistema de capitalización individual por no cumplir con la tasa de reemplazo proyectada en sus inicios (70% del promedio de las últimas remuneraciones).

En esa línea, un análisis hecho por el Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo (Cenda) a las 78 audiencias, muestra que un 41% de los participantes se manifestaron a favor de sistemas intergeneracionales o de reparto. Dentro de ellos se encuentran el Colegio de Profesores, la CUT, Anef, sindicato de Actores de Chile, Asociación de Pensionados, Jubilados y Montepiados de Chile, el senador Eugenio Tuma (PPD) y el diputado Tucapel Jiménez (PPD), entre otros (ver gráfico).

Por su parte, un 40% se mostró partidario del actual sistema de AFP. Figuran entre ellos la CPC (Confederación de la Producción y del Comercio), Libertad y Desarrollo, la Asociación de AFP, Icare, Centro de Estudios del Desarrollo y los diputados Gabriel Silber (DC), Daniel Farcas (PPD) y Juan Luis Castro (PS).

Del mismo modo, un 17% postuló avanzar hacia un sistema mixto: Cepal, OIT, Colegio Médico, vicepresidente del Banco Estado, Guillermo Larraín, entre otros.

Como conclusión Cenda señala que un 58% de los participantes sugiere cambios estructurales al sistema. El centro de estudios hizo llegar este análisis al Ministerio del Trabajo, por lo que las autoridades ya están en conocimiento de estos primeros acercamientos al diagnóstico de la comisión Bravo.

Temas de fondo

En este contexto, en la comisión estarían analizando diversos sistemas de previsión en el mundo, como el de Estados Unidos, Uruguay, Australia y Polonia, que serían los principales modelos a mirar en la etapa de construcción de propuestas.

En el diagnóstico se transparentarían las verdaderas tasas de reemplazo que logra el sistema de capitalización individual, apuntando a que estarían lejos del 70%.

Pero junto con lo anterior, se enfatizarían las deficiencias estructurales que afectan al sistema de pensiones de manera externa y que no tienen que ver con su naturaleza. Ahí se inscriben los problemas del mercado laboral, relacionados principalmente con el nivel de las remuneraciones y las expectativas generadas en las personas, respecto a las pensiones a recibir. Asimismo, las complicaciones que está generand en este mercado el envejecimiento poblacional. Según datos de la Casen 2011, los adultos mayores se duplicaron desde 1990, alcanzando a más de 2 millones 600 mil. Esta población se elevaría a 3 millones 200 mil para 2020 y a más de 5 millones al 2050, de acuerdo a datos de la Celade. En paralelo, la población más joven se reduce.

Estos cambios demográficos de mayores expectativas de vida no están siendo acompañados por el mercado laboral, que no tiene los incentivos para el trabajo de adultos mayores, lo que hace que el trabajador no pueda extender más su edad de retiro, afectando su pensión.

A esta parte del diagnóstico se sumarían los problemas de lagunas previsionales de las mujeres y la tardía entrada de jóvenes al sistema.

Ante esto, fuentes cercanas al proceso aseguran que parece lógico que en enero se recomienden aumentos en la edad de jubilación, subir la tasa de cotización, incentivos a los mecanismos alternativos de ahorro (APV y APVC), y cambios en los requisitos del pilar solidario, entre otros.