Iniciativa sumará otros dos penales de Santiago el 2015:

Desde hace cinco años, 250 personas privadas de libertad ingresan anualmente al programa de reinserción de la Cámara Chilena de la Construcción.

Por Maximiliano Vega Machuca.

Claudio Lizama (43) muestra sus manos: están manchadas y heridas. El hombre trabaja hace un mes en el área de electricidad de la construcción de un edificio en Los Trapenses, en Lo Barnechea. Dice estar orgulloso de sus manos. «Ya no son manos de ladrón». En el historial de Lizama se cuentan nueve detenciones por robo. Al terminar su jornada laboral va a dormir a la ex Penitenciaria.

El hombre es parte de las 250 personas que cada año, desde el 2009, participan en el Programa Cimientos de Reinserción Socio Laboral de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), el cual permite que presos y personas en situación vulnerable de la comuna de Peñalolén sean capacitados y terminen trabajando en una de las empresas que pertenecen al conglomerado.

El programa actualmente se hace en la ex Penitenciaría y en la cárcel de Puente Alto. Para el próximo año se agregarán las cárceles Colina I y II.

Hoy en la noche, en una ceremonia, se les entregará un certificado que acreditará que han aprobado el programa. Es el fin de intensos cuatro meses en que fueron capacitados para labores de soldadura y electricidad.

Bernardo Ramírez, gerente general de la Corporación de Capacitación de la CChC, indica que la selección de quienes ingresan al programa se inicia en Gendarmería. Ellos indican cuales son los presos que muestran iniciativas de querer reformarse. Cada año se crean 10 grupos con 25 personas, y cada uno cuenta con un psicólogo y un asistente social, quienes ven «la asistencia de las personas a la capacitación; que tengan los permisos de Gendarmería», además de ayudarles en la búsqueda de un trabajo.

No volver a delinquir

Héctor Reyes (31) ha sido condenado dos veces por el delito de robo con fuerza -«al igual que mi padre», dice- y también, al igual que su padre, se ha propuesto como meta en la vida no volver a delinquir. «Mi padre ahora es guardia de seguridad y jardinero».

Según la psicóloga Eugenia Pérez y el asistente social Daniel Seisdedos, los factores comunes de estas personas son la baja escolaridad -se repite no haber cursado más allá de octavo-, la importancia del entorno familiar (tanto de forma positiva como negativa en el proceso) y un historial en que es común escuchar sobre consumo de drogas y alcohol.

«Yo ahora prefiero ser gil», dice Jorge Hinrichsen (35). En las cárceles, la palabra «gil» es considerada un insulto. Se les dice a los que intentan trabajar con un horario, quienes intentan dejar las drogas y no volver a robar.

Hinrichsen dice que una de las cosas que más lamentará en su vida es que mientras estaba preso sus padres murieron con menos de un mes de diferencia.

«Fue por una tontera», dice Jorge Sobarzo (35), quien afirma que debido a una oscura etapa de su vida, comenzó a consumir drogas, se alejó de su familia y fue detenido por un robo en un supermercado. Hoy trabaja en el recinto «»La maestranza nacional», en San Joaquín.

A pesar de esto, no es un sistema infalible. Este año en un grupo entraron 23 personas, pero al fin del proceso, y por razones de consumo de drogas o de regreso al delito, se retiraron seis. Incluso uno estuvo prófugo de la justicia. «No hay un sistema perfecto», dice Ramírez.

$1.500.000
es el costo de la rehabilitación de cada persona del programa de la CCHC.