Expertos y gremios sostienen que la fijación de horario de colación afectará la productividad.
Por C. Cáceres y T. Flores.

Menor productividad y competitividad podría generar en los puertos del país la denominada “ley corta” que regula el trabajo de los funcionarios del sector. Así lo sostienen expertos, gremios exportadores y empresarios portuarios. Dos puntos de la iniciativa son los que prendieron las alarmas: La fijación de horarios de colación, y el impuesto de entreUS$ 0,2 y US$ 0,1 (dependiendo del tipo de carga) por cada tonelada transferida.

Con el afán de dar a conocer el efecto y los costos que tiene el proyecto, Terminal Pacífico Sur Valparaíso (empresa presidida por Richard von Appen), difundió un video explicativo, en el que su gerente general, Francesco Schiaffino, asegura que el proyecto impactará en 20% de la capacidad competitiva de los puertos.

Asimismo, el material audiovisual muestra que la paralización de faenas -para que los trabajadores hagan uso de su descanso de colación- provocaría tiempos de espera, congestión y molestias para la ciudad.

En el video se explica que sólo en infraestructura portuaria, el país tiene invertido más de US$ 20 mil millones y la paralización de faenas “significará 4,5 horas diarias perdidas de un total de 22,5 horas de trabajo, es decir, el 20% de uso de la infraestructura portuaria perdida. Son US$ 4.000 millones de inversión botados a la calle”, asegura el video, enfatizando que equivale “a no usar los fondos de media reforma tributaria”.

Schiaffino agregó que “esto es una tremenda baja en la eficiencia y en la posibilidad de transferir carga”.

Jorge Marshall, presidente de la Cámara Marítima Portuaria (Camport), sostiene que “se ha tocado la organización de descanso de los trabajadores, creemos que estos dos aspectos pueden interferir con la actividad portuaria y pueden afectar tanto a la productividad de los puertos como también la eficiencia con que esté operando el sistema de transporte asociado a la actividad portuaria. Puede afectar al conjunto de la cadena logística”.

Ricardo Mewes, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), también coincide en que se afecta la productividad, pues “cuando uno hace el cálculo matemático de las horas trabajadas, los funcionarios van a trabajar 42 horas en la semana en la práctica y eso, en general, está bajo los niveles de jornada laboral”.

COMPETITIVIDAD

Debido al impuesto que deberán pagar las empresas portuarias, los gremios exportadores aseguran que afectará a la competitividad.

Juan Pablo Matte, secretario general de la Sociedad Nacional de Agricultura, el gravamen les preocupa, pues temen que los operadores suban las tarifas: “Estamos compitiendo con el mundo, con muchos países vecinos que llegan a estos destinos a los cuales hemos conquistado y cualquier elemento que haga subir los costos es pérdida de competitividad”.

Fuentes de Sofofa, aseguran que “no es muy consistente que un país que tiene vocación exportadora resuelva el problema de algunas empresas del sector portuario por la vía de un impuesto a las exportaciones. Es algo que no se entiende”.

Según el Informe de Infraestructura Crítica para el Desarrollo 2014-2023 de la Cámara Chilena de la Construcción, las necesidades de inversión portuaria en la próxima década suman alrededor de US$ 5.000 millones. “Es, por ende, muy compleja una ley que altera las reglas del juego de concesiones vigentes”, dice un informe de LyD.

El presidente de la Unión Portuaria de Trabajadores, Sergio Vargas, enfatizó que “la jornada no se va a alterar, porque la ley así lo dice”. Sobre la petición del empresariado de flexibilizar dichos horarios, Vargas manifestó que “los empresarios quieren que la ley sea negociable y la ley no está en venta”.