Porcentaje de denegación de permisos llegó a 12% el año pasado. En las diferentes regiones, el promedio varía de 7% a 16%.
Por G. Sandoval y A. Lobo.
Una serie de medidas de fiscalización y mejoramiento de procesos instruyó la Subsecretaría de Salud en las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin) del país. Eso, tras detectar un exceso en los plazos de pago de las licencias médicas de Fonasa y un alto porcentaje de denegación de estos permisos.
Según datos del Ministerio de Salud, el porcentaje de rechazo de licencias en Fonasa pasó de un 8% en 2009 a un 12% en 2013, con un peak hace dos años, cuando la denegación de permisos llegó al 13% y se equiparó con la cifra del sistema isapres.
“En la administración pasada se puso como meta de cumplimiento de las Compin rechazar un determinado número de licencias. Lo que pasaba es que a un trabajador que presentaba un permiso de cinco días, por ejemplo una sinusitis, lo bajaban a tres o cuatro días y así se cumplía la meta”, explica el subsecretario de Salud Pública, Jaime Burrows.
A esto se suma la disparidad detectada en los porcentajes de denegación de permisos en las distintas regiones (ver infografía).
Así ocurre al comparar, por ejemplo, las regiones de Arica y Parinacota con Tarapacá, dos zonas con un perfil epidemiológico similar y donde el porcentaje de rechazo de permisos varía en nueve puntos, con un 7% y un 16% de las licencias denegadas, respectivamente.
Al respecto, la seremi de Salud de Tarapacá, Patricia Ramírez, asevera que la cifra responde a una aplicación rígida de manuales e instrucciones desde un prisma estrecho y parcial. “Esto lo estamos revirtiendo, devolviendo a las Compin al cauce del que nunca tuvo que salir, que es el de asegurar y garantizar este derecho que los trabajadores y trabajadoras han conquistado”, sostiene.
Lo mismo ocurre en el sur del país. “Las regiones de La Araucanía, Los Lagos y Los Ríos, siendo homogéneas en lo epidemiológico, presentan diferencias (en el rechazo de licencias)”, comenta Manuel Inostroza, académico del Instituto de Salud y Futuro de la Universidad Andrés Bello, quien agrega que el conflicto radica en la desconfianza hacia el rol de juez y parte del seguro público en materia de licencias médicas.
“El resultado es que Fonasa adquirió la misma conducta de las isapres”, explica Inostroza. Según él, este tema será resuelto cuando una institución autónoma se encargue del proceso de aprobación y pago de licencias médicas. “Ahí se va a establecer una tasa de rechazo o aprobación ajustada a la realidad epidemiológica de cada zona”, añade.
Rafael Caviedes, director ejecutivo de la Asociación de Isapres, afirma que siempre han existido las diferencias regionales frente a los permisos, tanto en el seguro público como en el privado. “En ambos casos se puede ir a la Superintendencia de Seguridad Social. Más que una explicación epidemiológica hay que buscar una explicación política”, dice Caviedes, quien agrega que las Compin dependen de las seremis de Salud. “Cada Seremi se las entiende con sus recursos y sus propias políticas marcadas por decisiones políticas también. Las seremis, en general, son carentes de recursos y tecnología. La licencia electrónica apenas ha avanzado en Fonasa. Hay inexistencia de guías clínicas de referencia para duración de licencias, cada uno determina a su mejor entender”, dice.
SUMARIO
El subsecretario Burrows asegura que desde marzo pasado está en curso un sumario administrativo en la Compin metropolitana, tras el hallazgo de 80 mil licencias que no habían sido tramitadas. “Estaban en cajas en una pieza. Eran 80 mil licencias de personas que no estaban recibiendo su sueldo. De ellas, 30 mil superaban los 30 días de atrasos y llegaban incluso a los 120 días, al límite del plazo para la tramitación”, detalla.
Para resolver esa situación se contrató personal extra para ingresar las licencias al sistema, lo que ha permitido reducir a siete mil los permisos que resta pagar en la R.M. Asimismo, se reforzaron las oficinas de Concepción y Valparaíso, que junto a Santiago tramitan el mayor volumen de permisos.
En materia de fiscalización, Burrows asegura que se ha cambiado el foco de revisión, trasladándolo a los permisos más largos y dependiendo del diagnóstico, y que son reiterativos en determinadas personas, para detectar, efectivamente, cuándo se trata de fraude. “La licencia es una herramienta médica de tratamiento y el foco no debe ser el perjuicio económico ni el aumento de número”, dice.