En la composición del capital, el Fisco aportará el 1% y Corfo el 99% restante. De esta manera, por primera vez desde los años ’70 la Corporación se convertiría en dueña de una empresa del área financiera.
Por D. Morchio, P. Toro, E. Elgueta y O. Galaz.
Es la N° 16 de las 50 medidas para los primeros 100 días de gobierno y, a sólo tres días de que se cumpla el plazo autoimpuesto por el Ejecutivo, ayer la Presidenta Michelle Bachelet firmó el decreto para el envío del proyecto de ley que crea una AFP estatal.
“Estamos dando un nuevo paso en materia de previsión social. Digo ‘un nuevo paso’, porque sabemos que cambiar un sistema de previsión social es un proceso complejo que toma tiempo”, señaló Bachelet. En su discurso, la mandataria -quien era flanqueada por los ministros del Trabajo y Previsión Social, Javiera Blanco; de Hacienda, Alberto Arenas; de Economía, Luis Felipe Céspedes, y por el presidente de la Comisión Previsional, David Bravo- detalló el objetivo al que apuntará la gestora estatal. “Debemos ocuparnos de la cobertura de los independientes y trabajadores de bajos recursos y de reducir de manera importante la evasión de cotizaciones previsionales”, señaló. Esto, además de quienes trabajan en zonas alejadas.
Y para crear una AFP estatal buscarán una figura en que la administradora -tal como lo señaló PULSO- sea una sociedad anónima dependiente de Corfo. De hecho, en la composición del capital social e inicial, el Fisco aportará el 1%, mientras la corporación el 99% restante. A esto, se agregará los activos y pasivos que adquiera con motivo de su ejercicio comercial. De esta manera, Corfo por primera vez desde los años ‘70 se convertiría en dueña de una empresa del área financiera.
Pero además de ser dependiente de la corporación, según trascendió, la AFP estatal sería parte del Sistema de Empresas Públicas (SEP). Este tipo de empresas se caracteriza por tener una participación de Corfo, constituirse como S.A. (con requerimientos básicos como la constitución de un directorio y gerencia general) y desempeñarse en áreas sensibles para la economía del país (transporte, servicios como correo, portuarias). Respecto del segundo punto, la ministra Blanco precisó que se tratará de una gestora “como cualquier empresa pública, que se va a regular por las reglas de mercado”. Adelantó que el directorio tendrá siete miembros “tres de los cuales van a ser elegidos por la Presidenta de la República” y, los otros cuatro propuestos por el Consejo de la Corfo. “Dos de los cuales serán autónomos, que es lo que rige también para el resto de las AFP. Las decisiones justamente van a ser tomadas por ese directorio”, indicó.
Adicionalmente, según una minuta entregada por el Ejecutivo, “se le impone el principio de la transparencia en sus operaciones, al disponer la publicación mensual de sus estados contables y financieros (…) En el mismo ámbito de las operaciones financieras, en cuanto a la mantención del encaje, se plantea una excepción en cuanto a los instrumentos en los que se podrá hacer efectivo, excluyendo instrumentos garantizados por el Banco del Estado y de empresas públicas”. En tanto, respecto de la fiscalización, se establece que “estará afecta a idénticas normativas financieras, contables y tributarias que todas las sociedades anónimas abiertas y se contempla una triple fiscalización: superintendencias de Pensiones, de Valores y Seguros y la Contraloría General de la República y que las relaciones contractuales con sus trabajadores se regularán por el Código del Trabajo”.
Con todo, una serie de incógnitas se mantendrán hasta la conformación del directorio. Dudas que pasan por el nivel de comisión y si participarán en la licitación de cartera de nuevos afiliados. La Presidenta señaló que buscan introducir competencia en el mercado de las AFP, pero justamente una de las principales dudas es si esta administradora será capaz de cobrar una comisión cero o al menos inferior a la comisión más baja de las AFP privadas (Planvital con 0,47% a partir de agosto). Blanco -sin precisar cuál será finalmente la tarifa que cobrará esta AFP, toda vez que dependerá de la decisión del directorio de la gestora- al menos descartó que sea cero. “Es difícil pensar en una comisión cero, pero sí estamos hablando de comisiones competitivas”, sostuvo.
Junto con explicar los lineamientos generales de esta iniciativa, Bachelet también se refirió a la crítica visión que envuelve a las AFP y al sistema en su conjunto. “Hoy existe entre la ciudadanía un descontento que crece. Es el descontento por la calidad de los beneficios, la calidad de la atención, el acceso a la información y la falta de competencia en el sistema de AFP”, sostuvo.
Recordó que “hoy hay en Chile cerca de 9,6 millones de personas afiliadas al sistema de AFP, de las cuales sólo 5 millones cotiza, es decir, existe un enorme número de trabajadores dependientes e independientes que no está ahorrando para su futuro lo que incidirá directamente en el monto de su pensión”. Sin embargo, la situación -a juicio de la mandataria- no es mucho mejor para quienes sí cotizan permanentemente. “Las pensiones incluso de quienes han cotizado de forma regular son insuficientes. El promedio de las pensiones es de alrededor $185 mil, menos que un sueldo mínimo”. Así, afirmó que “tenemos que hacernos cargo de un sistema frágil e injusto”.
Buenas prácticas
Sobre el proyecto enviado al Congreso, Bachelet reiteró que si bien es un avance “no es una solución al problema de fondo”. Así, dijo, ésta “permitirá introducir mayor competencia al Estado, es decir, que las AFP se esfuercen en reducir sus costos de administración, mejoren la calidad del servicio y aumenten los beneficios para sus afiliados, porque aquí se trata que desde esa AFP marquemos la pauta de lo que deberían ser las buenas prácticas”. También se refirió en su discurso a cómo participará esta gestora en el mercado, otra de las inquietudes que ronda al proyecto. “Al estar sujeta en general a las mismas normativas, exigencias y límites que las demás AFP, garantizaremos el principio de igualdad de condiciones entre empresas públicas y privadas”. Sobre el gobierno corporativo de la AFP, el proyecto “asegura que su estructura de gobierno sea seleccionada, evaluada, remunerada y removida siguiendo las mejores prácticas, porque queremos que su administración esté sujeta a un nivel de independencia en la toma de decisiones superior al estándar de las AFP privadas”.
Y en la presentación de la medida contenida en el programa de gobierno, que contó con la presencia de diversas asociaciones gremiales, estuvo también la Asociación de AFP. En sus primeras declaraciones como presidente del gremio, Rodrigo Pérez Mackenna, insistió en que las AFP sí compiten y de manera muy intensa. Afirmó que si bien “la industria no le tiene miedo a la competencia, está a favor y la valora”, sí reconoció que “la irrupción de un actor estatal crea inquietud en la industria, porque puede eventualmente afectar las reglas de la libre competencia, de la justa competencia”. Y aunque todavía queda analizar en profundidad el proyecto, “hay algunos aspectos que inquietan (…) Hay elementos que pueden ser conflictivos respecto a los conflictos de interés, de manejo de las inversiones, pero queremos estudiar el proyecto con buena voluntad”.
Sobre el objetivo del gobierno de querer que la AFP marque pauta en materia de buenas prácticas, Pérez respondió que “las AFP han demostrado en sus más de 30 años de historia que han manejado responsablemente los fondos que se le han confiado, las rentabilidades han sido ampliamente por sobre lo que ha sido lo que se esperaba de esta industria. Los fondos han sido administrados de forma segura con los más altos estándares respecto del manejo de las inversiones y de los conflictos de interés. Creo que en ese sentido, la industria ha dado ejemplo de buen comportamiento, de buenas prácticas, de defender el patrimonio que pertenece a los trabajadores chilenos”.
Consultado sobre si correspondía que este proyecto fuera analizado por la Comisión Bravo antes de ser enviado a tramitación, quien fuera ministro de Vivienda y Urbanismo señaló que “entiendo que la comisión tiene la libertad absoluta de pronunciarse respecto de todos los temas que estime pertinente. Es una posibilidad que es interesante. Entiendo que la AFP estatal estaba en el programa de gobierno, por eso, supongo, se ha enviado esta iniciativa al Parlamento, pero sin duda que sería interesante que la comisión también analizara este tema”.
A la firma del decreto, también asistieron parlamentarios de la Nueva Mayoría. La senadora PPD y presidenta de la Comisión del Trabajo, Adriana Muñoz, sostuvo que “ésta es una señal fuerte del cambio previsional de nuestro país (…) Debería ser una comisión cero, porque ya existe una AFP en el mercado que ha bajado sustantivamente las comisiones. No es posible que este mercado esté tan concentrado y monopolizado, existen seis AFP que concentran la cartera de cotizantes y además de eso con comisiones muy altas”.