Primeras definiciones sobre proyecto de ley de Fondo Nacional de Medicamentos:

Para determinar su financiamiento se ponderará que el tratamiento solicitado sea efectivo, que esté amenazada la vida del paciente y que signifique un cierto porcentaje de sus ingresos.

René Olivares
La forma en que se trabajará en Salud Pública durante el actual gobierno busca cambiar el enfoque desde la lógica de la libertad (Elige Vivir Sano, Elige No Fumar, etc.) y la restricción (Ley Antitabaco, Ley de Etiquetado de los Alimentos o Ley Tolerancia Cero) ocupada durante el gobierno de Sebastián Piñera, a una lógica de equidad e inclusión, que es el sello que quiere imprimir la administración de Bachelet.

En ese contexto, el subsecretario de Salud Pública, Jaime Burrows, explica que este «relato» por parte del Gobierno se expresará en el área a través de la revisión de los derechos de las personas en salud, y dentro de ellos, en la forma de compensar las inequidades en el estado de salud de ellas, más que en el acceso. «La libertad es una condicionante para la salud de las personas, no un fin en sí mismo», dice.

Por ello, afirma que uno de los procesos que se revisará es el de los usuarios que requieren medicamentos de alto costo, pues la evaluación hecha por Salud muestra que este segmento se encuentra marginado de un sistema donde la gente está cada vez más empoderada en cuanto a sus derechos.

Según Burrows, la iniciativa legal de un Fondo Nacional de Medicamentos (conocida popularmente como «Ley Ricarte Soto») está avanzando en su construcción. Afirma que es partidario de evaluar «caso a caso» las coberturas, aunque no descarta que exista una lista de enfermedades cubiertas.

Cualquiera sea la fórmula para acceder al financiamiento, el solicitante deberá cumplir con tres condiciones: que el tratamiento para su enfermedad infrecuente sea efectivo, que esta amenace su vida, y que signifique un cierto porcentaje de sus ingresos «con el que la persona corra el riesgo de empobrecimiento».

La autoridad cuenta asimismo que el sistema de evaluación de cada uno de los medicamentos que se soliciten debiera tender a parecerse al sistema que hoy rige con el plan AUGE, «y que termine por converger finalmente con él».

Para ello -adelanta- se creará una entidad revisora de tecnologías de la salud, que permita un sustento técnico a la decisión de entregar o no coberturas, evaluando la eficacia terapéutica de los medicamentos. Sin embargo, esto requerirá también una discusión previa, para resolver si este nuevo organismo será parte del Ministerio de Salud, del Instituto de Salud Pública o un órgano independiente.

PROYECTO

Al Fondo Nacional de Medicamentos se suma la iniciativa del Fondo de Farmacia de Salud con los municipios.

Cambios a Elige Vivir Sano y a Senadis
Dentro de la misma lógica de entregar cobertura a sectores excluidos hasta ahora del sistema de salud, Burrows muestra una preocupación especial por la situación de los inmigrantes, las minorías sexuales y los discapacitados, entre otros grupos.

Sobre estos últimos, asegura que uno de los intereses del Gobierno es traspasar desde el Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis) a Salud la entrega de elementos como sillas de ruedas, bastones y otros apoyos técnicos, para acercarlos a la comunidad, a través de los respectivos consultorios.

Asimismo, el plan Elige Vivir Sano (impulsado por la administración anterior) estará enfocado en entregar a la gente las condiciones para que puedan optar por una vida saludable. Para ello, asegura, se requerirá de un trabajo coordinado por distintos sectores, como Vivienda, Educación y Trabajo.

La idea de la autoridad es relevar la importancia de las determinantes sociales (como el entorno en que la gente se desenvuelve) en el estado de salud de la población.