Camilo Cid será el encargado de dirigir el grupo asesor, que tendrá su primer encuentro el próximo miércoles

El ingeniero dice que terminar con la selección por riesgo debería ser el punto de mayor consenso.

Por Equipo de Salud.

El próximo miércoles se reunirán por primera vez los 18 integrantes de la comisión revisora del sistema privado de salud, que sesionará una vez por semana y casi siempre en La Moneda, excepto cuando necesiten un lugar más amplio para tener audiencias.

El secretario ejecutivo de la instancia, Camilo Cid, contó a «El Mercurio» que en la primera cita planificarán el trabajo de los próximos cuatro meses, tras los cuales deberán proponer una reforma al sistema.

El mandato presidencial incluye cuatro grandes temas. El ingeniero comercial explica que, entre estos, para los usuarios «lo más importante son los precios y la discriminación», por lo que las propuestas de esa área serán las más valoradas por la gente. «Para eso, sí o sí habrá que tener una solución», puntualiza.

Agrega que a su juicio, el tópico más difícil será «llegar a una propuesta lo más consensuada posible» respecto de las modificaciones en el financiamiento de aseguradores y prestadores.

Por el contrario, dice que la discusión será más fácil en el caso del «uso de las tablas de factores que discriminan por riesgo en los planes, que ya están cuestionadas por los tribunales y que es algo que nadie debería defender».

El último tema para el que está mandatada la comisión es para buscar propuestas en torno a regular los planes en cuanto a beneficios y copagos.

Respecto de los cambios que necesita el sistema, Cid explica que uno de ellos debe ser que las isapres cumplan un rol más preponderante en la seguridad social, en el cual no debiera interferir el hecho de que sean entidades privadas.

«Desde que manejan una cotización del 7%, las isapres han estado insertas en el sistema de seguridad social de salud. Por ello, hay que reinsertarlas en ese sistema, que implica principios como la solidaridad, la equidad y la eficiencia», sostiene.

La comisión de 18 miembros está compuesta por ocho ingenieros, un economista, siete médicos y dos abogados, y, según Camilo Cid, es «básicamente técnica», con experiencia en salud.

La mayoría de los miembros es o ha sido cercano a la ministra de Salud, Helia Molina, o a la Presidenta Bachelet. De acuerdo con lo expresado por Cid, en la composición buscan que «todas las visiones estuvieran representadas, que hubiese representantes de la industria y académicos de distintas universidades, además de gente con experiencia».

DIPUTADOS

Ayer se aprobó la creación de una comisión investigadora de hospitales concesionados.

Las propuestas que ya ha realizado Cid
El secretario ejecutivo de la comisión, Camilo Cid, es académico del Departamento de Salud Pública de la U. Católica, donde enseña e investiga sobre Economía de la Salud. Cuenta con 20 años de experiencia en esta materia e incluso su tesis doctoral -que cursó en Alemania- la hizo sobre el sistema privado de salud.

En 2011 presentó un estudio sobre el financiamiento de las isapres, en el que propuso la creación de un fondo nacional de riesgo, el establecimiento de una prima proporcional al ingreso y la definición de un sistema de afiliación abierta.

«La solución que se puede montar sobre la base de los principios de la seguridad social de salud (…) es la existencia de un fondo o pool de riesgos único nacional, que permita la compensación de riesgos al conjunto de la aseguradora pública (Fonasa) y las privadas (isapres)», dice el texto.

Según él, esto permitiría que los ocho fondos de riesgo existentes (uno por cada isapre abierta, más el de Fonasa) se transformen en dos: uno público y otro común para el sistema privado.

Cid explica que en el trabajo toma «la experiencia internacional sobre el tema, porque hay mucha. Nosotros no somos el único país donde discriminan por riesgo, seguramente en Chile es más intenso, pero en otros países lo hay».

En el estudio dice que este sistema funciona en países como Alemania y Holanda, y agrega que el fondo de pago sea administrado por el Estado.