Iniciativa buscaba que personas de menores recursos accedieran al sistema privado de salud:
Pese a que en 2011 y 2012 diputados del actual oficialismo apoyaron la medida, dicen que hubo un «cambio de escenario».
Por René Olivares.
«Entiendo que es así, el proyecto se retirará». Con esas palabras, el ex diputado y hoy asesor legislativo del Ministerio de Salud, Enrique Accorsi, expuso ayer que la iniciativa legal que buscaba universalizar el acceso a la compra de bonos para los usuarios de Fonasa no seguirá su trámite en la Cámara de Diputados.
Accorsi explicó que la posición del Gobierno es que los enfermos del grupo A -aquellos con ingresos inferiores al salario mínimo- con esta ley podrían comprar un bono y atenderse en el sector privado, pero que luego quedarían desamparados. «¿Dónde van a ir a hacerse los exámenes o a buscar los medicamentos?», se pregunta.
La ministra de Salud, Helia Molina, aseguró a «El Mercurio» que aumentar la libertad de elegir en el ámbito de la salud tiene un peligro: «Cada vez que aumenta la libertad, disminuye la equidad, porque esa persona de escasos recursos podrá costear una consulta, pero no el tratamiento. Ellos necesitan una atención integral» otorgada por el Estado. Por ello, el Gobierno optó por fortalecer la red de salud pública por sobre el aumento de las transferencias desde Fonasa al sector privado.
Sin embargo, en 2011 y 2012, cuando Accorsi era diputado por Peñalolén y La Reina, promovió junto a otros diputados de la comisión de Salud la idea de universalizar el acceso a la compra de bonos para los usuarios del seguro público de salud.
La bancada de su partido, el PPD, informó en junio de 2012 que tras una reunión con el entonces director de Fonasa, Mikel Uriarte, «se acordó incorporar en la discusión del presupuesto del próximo año el acceso a la libre elección universal para todos, incluso para los asegurados del tramo A que hoy solo pueden atenderse en hospitales y consultorios, sin poder comprar bonos». Agregó que «vamos a mandar una carta al Presidente para que apoye un proyecto de ley sobre esta materia, y decirle que estamos disponibles para tratar este tema».
Hoy, el ex diputado expresa que esa situación se planteó «como un piloto para enfrentar la crisis de los servicios de salud, para tener alternativa en las campañas de invierno. Y el resultado de eso no fue bueno». Sin embargo, en la oportunidad la comunicación oficial del PPD no mencionó esas precisiones. «Queremos que las soluciones se den en el sector público», argumenta.
Pasó un año y medio antes que la petición original de Accorsi, Juan Luis Castro (PS), Víctor Torres (DC), Alberto Robles (PR) y Karla Rubilar (en ese momento RN) viera finalmente la luz en la forma de un proyecto de ley, ingresado en enero al Congreso. Para que eso fuera posible, durante los últimos años se trabajó en la reclasificación de más de dos millones de usuarios Fonasa que aparecían en el grupo A, pero que percibían ingresos suficientes para calificar en los otros tramos.
Según el informe financiero realizado por la Dirección de Presupuestos, el aumento de gasto para el Estado que implica entregar la libre elección a los usuarios Fonasa A es de $13.733 millones al año, de los cuales $8.320 millones corresponden al monto que debería desembolsar Salud. La construcción de un consultorio promedio bordea los $3.000 millones.
Aunque no parece una gran cifra para los recursos que maneja el Estado, otro de los diputados que antes apoyaba la idea de universalizar la libre elección, Juan Luis Castro, expuso que hubo «un cambio de escenario que se refiere a que el programa de gobierno fijó prioridad en la construcción hospitalaria, la atención primaria y la absorción de las listas AUGE, todos mecanismos destinados a mejorar a los grupos A y B de Fonasa principalmente. Entonces, ya no hay razón para traspasar plata al sector privado si tenemos una política definida».
Costo
$8.320 millones al año debería invertir el Ministerio de Salud para costear la medida.
»Cada vez que aumenta la libertad, disminuye la equidad, porque esa persona de escasos recursos podrá costear una consulta, pero no el tratamiento. Ellos necesitan una atención integral».
HELIA MOLINA
MINISTRA DE SALUD
»Queremos que las soluciones se den en el sector público».
ENRIQUE ACCORSI
ASESOR LEGISLATIVO MINISTERIO DE SALUD
»Ya no hay razón para traspasar plata al sector privado».
JUAN LUIS CASTRO
DIPUTADO PS