Medida afecta a los trabajadores que se desempeñan como guardias de seguridad privada, por lo que los sindicatos del sector, junto a los empleados bancarios y al senador electo, Felipe Harboe, piden que se anule la medida, por considerarla ilegal y discriminatoria.
Varias ronchas entre los trabajadores está sacando un dictamen de la Contraloría General de la República que permite a Carabineros exigir el temido papel del Dicom a la hora de postular a un empleo de vigilancia privada, debido a que podría abrir la puerta a otras instituciones para que aplicar la misma medida.
El senador electo Felipe Harboe (PPD) se reunió con el contralor para pedirle que anule el dictamen, por considerarlo ilegal, lo que es apoyado por la Confederación de Sindicatos Bancarios.
qué se indica
El documento 45.145, del 26 de julio de 2012, permite que la institución policial exiga Dicom a quienes se desempeñen como vigilantes, basado en la interpretación extensiva que realiza del artículo 5 de la ley que permite exigir “certificados especiales”, lo que -según Harboe- estaría colisionando con la Ley de Protección de Datos Personales, donde se no se deben pedir antecedentes comerciales al momento de contratar personas.
La Contraloría emitió este dictamen, a partir de una consulta hecha por la Dirección del Trabajo, «en orden a que se determine si se ajusta a la normativa laboral y constitucional que Carabineros de Chile solicite a los interesados en desarrollar actividades de seguridad privada, el certificado de antecedentes comerciales para fines especiales, para los efectos de acreditar su idoneidad moral para ejercer dicha labor».
El Sindicato de Guardias de Seguridad Interempresas también envió una presentación a la Contraloría para rechazar esta facultad de Carabineros.
cómo lo ve contraloría
Según el organismo fiscalizador, la prohibición de pedir el certificados Dicom a los trabajadores se exceptúa cuando se trata de trabajadores «que tengan a su cargo la recaudación, administración o custodia de fondos o valores de cualquier naturaleza, situación en la que se encuentran las personas que desarrollan actividades inherentes a la seguridad privada».
«La apreciación de ciertas conductas susceptibles de valoración personal o moral, a fin de reputar a una persona apropiada para realizar el trabajo en comento, como lo es el cumplimiento de las obligaciones pecuniarias, no implica una discriminación arbitraria que vulnere los derechos fundamentales de igualdad ante la ley y libertad de trabajo», señala la Contraloría, por lo que desestimó el cuestionamiento del Sindicato de Guardias de Seguridad.