Pese al bajo nivel de desempleo actual, aseguran que el mercado laboral requiere reformas. Cambios en negociación colectiva, capacitación y sistema de gratificación están entre prioridades.

Por Nicolle Peña

Modificar el esquema de gratificaciones, fortalecer la capacitación y reformar el sistema de negociación colectiva. Estas son algunas de las materias más mencionadas por los especialistas a la hora de analizar los principales desafíos en materia laboral que deberá enfrentar el gobierno de Michelle Bachelet desde el 11 de marzo.

Si bien durante los últimos meses la tasa de desocupación bajó a su menor nivel (5,7%) desde que se aplica la nueva encuesta de empleo (2010) y la creación de trabajos continúa bordeando los 156 mil puestos, los expertos insisten en la necesidad de realizar cambios en el ámbito laboral.

“Hemos tenido un período tan próspero en materia de empleo, que a veces nos olvidamos de que esto no está blindado”, advierte Sergio Urzúa, investigador del CEP y profesor de la Universidad de Maryland. Plantea que la legislación laboral está “retrasada” y que el Código Laboral “es el resultado de varios parches”.

Más allá de los matices, el tema que suscita mayor consenso entre los expertos es la necesidad de una reforma profunda al sistema de capacitación. Pese a que el gobierno actual hizo algún esfuerzo en este sentido y que hace más de un año aseguró que enviaría un proyecto de ley al Congreso, los especialistas aseguran que el diseño actual sigue sin garantizar un impacto positivo en los trabajadores.

Junto a ello, varios sostienen que se debe fortalecer el rol de los sindicatos, simplificar el proceso de negociación colectiva y ampliar las materias sujetas a negociación. Este último punto también estaba contemplado en el programa de la actual administración, pero no hubo avances.

Otros postulan rediseñar el mecanismo de gratificaciones. Si bien fue pensado para distribuir utilidades entre los trabajadores de una empresa, aseveran que dicho objetivo no se estaría cumpliendo, ya que la ley permite que el empleador pague al trabajador el 25% de las remuneraciones devengadas durante el año -con un tope de 4,75 Ingresos Mínimos Mensuales-, cualquiera sea la utilidad de la empresa.

LAS REFORMAS SEGUN LOS ESPECIALISTAS

Cecilia Cifuentes, economista de LyD

“A lo que debería dar prioridad el próximo gobierno es a la capacitación. Es un tema clave para mejorar la condición de los trabajadores (…) También hay un tema que sugirió Res Publica, que es modificar el esquema de gratificaciones, que hoy no logra el objetivo de que los trabajadores sean partícipes de las utilidades. Una propuesta es repartir un porcentaje de utilidades netas o de ventas”.

Sergio Urzúa, investigador del CEP

“Hay que modernizar el Código del Trabajo, que es el resultado de años de parches. Desde el punto de vista técnico, el retraso que hay en legislación laboral es bastante evidente, y eso tiene un impacto significativo en la economía, pues impide que las empresas se puedan acomodar en forma sencilla a las condiciones imperantes, y que jóvenes y mujeres ingresen al mercado laboral”.

Huberto Berg, director de Berg Consultores

“Se debe abordar el tema de la gratificación, que ha perdido el sentido original. Hoy, muchas empresas garantizan este pago mes a mes, entonces no está asociado a su resultado. Hay que buscar una fórmula intermedia para que los trabajadores se sientan parte de las empresas. Lo otro es que hay que separar las funciones de la Dirección del Trabajo; no puede ser que siga siendo juez y parte”.

Claudia Sanhueza, académica de la UDP

“En lo que se debería avanzar es en tratar de fortalecer a los sindicatos, ya que la baja participación actual es el gran déficit del mundo laboral. Junto a esto, se podrían ampliar las materias sujetas a negociación colectiva y establecer la sindicalización automática. También es necesario mejorar el sistema de capacitación, con una oferta de mayor calidad, y fomentar la capacitación al interior de las mismas empresas”.

Mauricio Jelvez, ex subsecretario del Trabajo

“La agenda del programa del gobierno electo abarca tres áreas: las políticas orientadas a corregir los elementos regresivos de la legislación laboral, fomentando la sindicalizacion y fortaleciendo la negociación colectiva; generar una política global de empleo, perfeccionando la capacitación y la intermediación laboral; y mejorar la institucionalidad, modernizando la Dirección del Trabajo y el Sence”.