Presidente de Pacific Hydro se refiere a paralización de proyectos en el país:
José Antonio Valdés dice que la oposición de la ciudadanía ha inducido fallos adversos contra las inversiones. Propone que el 20% de los impuestos que pagan las empresas eléctricas se destinen de forma permanente a las comunidades.

Por Miguel Concha M.
Para el presidente ejecutivo de la australiana Pacific Hydro, José Antonio Valdés, una de las razones que explica la paralización de inversiones eléctricas en el país es la influencia de la opinión pública en las decisiones.

«Los proyectos no se están haciendo porque la opinión pública los está rechazando. Hay compañías que lo pueden estar haciendo bien en aspectos de ingeniería, económicos, en el tema del medio ambiente e incluso con las comunidades, pero terminan siendo rechazados sus proyectos porque la opinión pública tiene una mala imagen de ellos», dice.

El máximo representante de la firma oceánica en Chile asegura que este tema ha derivado en un mayor número de fallos adversos contra las iniciativas y en que las autoridades estén más abiertas a oponerse a los proyectos de la misma forma como lo hace la ciudadanía.

«Los funcionarios administrativos y jueces se ven influenciados por la opinión pública. Los jueces son seres humanos al igual que los agentes administrativos. Todos nos influenciamos por la opinión pública y no hay nadie que no pueda dejar de influenciarse. Si tú tienes que votar algo y piensas que todo el país y la comunidad se opone, la decisión es muy distinta si toda la comunidad y el país está a favor», afirma Valdés. Este escenario, dice, no solo le compete a las empresas, «sino que también al Gobierno y los consumidores. Son ellos los que van a pagar los precios altos (de la energía)», sostiene.

Más beneficios

Para revertir la oposición de la ciudadanía, Valdés propone elevar las ganancias que se entregan a las comunidades.

«Hoy, lamentablemente, cuando se hace un proyecto eléctrico hay un desbalance entre los costos y los beneficios. Los beneficios los recibe todo el país pero los costos solo la comunidad. Cualquier proyecto tiene un impacto, sobre todo en su construcción».

Frente a esto, el ejecutivo señala que parte importante de los tributos que pagan las firmas eléctricas deben ir a las zonas donde se emplazan los proyectos. «Traspasar los beneficios a las comunidades puede generar un punto de inflexión. Parte de los impuestos que pagan las empresas deben quedar en esa localidad donde se instalan. Estamos hablando, por ejemplo, de que un 20% quede para siempre».

Y agrega: «Deberíamos buscar que una comunidad pueda construir hospitales, colegios y universidades de calidad gracias al financiamiento que gracias a los impuestos entregan estos proyectos. Acá el gobierno central tiene que perder poder para dárselo a las comunidades. Hay que descentralizar el país y que las zonas donde se ubican proyectos ganen, pero en el largo plazo, para el desarrollo de infraestructura».

El alto ejecutivo sostiene que una vez que las personas comiencen a percibir directamente los beneficios de las inversiones en su zona, se revertirá parte de la oposición de la opinión pública, lo que reducirá las paralizaciones.

«Parte de los impuestos que pagan las empresas deben quedar en esa localidad. Estamos hablando de que un 20% quede para siempre».

Los proyectos en carpeta de Pacific Hydro
La compañía de capitales australianos tiene como objetivo duplicar su capacidad instalada actual de 500 MW en energías renovables en Chile dentro de los próximos cinco años.

Para eso, en 2014 la empresa comenzará la construcción de un parque eólico de 100 MW en la IV Región. El proyecto Punta Sierra demandará una inversión por US$ 250 millones.

Por el lado hidroeléctrico, también en 2014 está contemplado el ingreso a tramitación ambiental de dos centrales de pasada. La primera es Nido de Águilas (140 MW) y la segunda es una central de 110 MW que se ubicará aguas abajo de la unidad en funcionamiento Chacayes (111 MW). Estas se sitúan en la zona del Alto Cachapoal, VI Región, y suman una inversión por US$ 850 millones. Finalmente, también tiene en carpeta unos 250 MW adicionales en hidroelectricidad.