Licencias médicas emitidas sin fundamento del diagnóstico. Ese fue el patrón que siguió la fiscalización de la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) para vigilar los subsidios de incapacidad laboral, en el marco de la nueva ley que regula su correcta entrega y sanciona el fraude.

En los 14 meses transcurridos desde la entrada en vigencia de la norma, la unidad de control creada en la Suseso para revisar los permisos ha iniciado un total de 181 investigaciones a médicos particulares, institucionales y también a profesionales que se desempeñan en las contralorías de isapre, verificando la validez de los períodos de reposo instruidos.

Los procedimientos han decantado en un total de 23 profesionales, nacionales y extranjeros, sancionados con multas que totalizan 282,5 UTM, es decir, poco más de 11 millones de pesos.

Uno de los facultativos amonestados, en tanto, corresponde a un médico contralor de isapre. “La ley contempla el derecho de los afiliados a isapre a presentar una denuncia contra el contralor médico que ordene bajo su firma rechazar o modificar una licencia médica sin justificación que respalde su resolución o sin expresión de causa”, informó la Suseso.

El presidente del Colegio Médico, Enrique Paris, valoró que las personas puedan denunciar a los contralores cuando ven sus licencias denegadas o disminuidas.

“Nosotros no avalamos el fraude en las licencias. Estos permisos son un derecho tanto del médico para entregarla como del paciente a recibirla, pues es parte del tratamiento para que se recupere de su enfermedad y es bueno que la gente pueda hacer que se investiguen estas situaciones en que ven la licencia rechazada o modificada”, dijo Paris.

Del grupo sancionado, la multa más baja fue de $ 200 mil y la más alta poco más de $ 603 mil. Además, cuatro médicos quedaron suspendidos durante un mes de la facultad de emitir licencias.

El director ejecutivo de la Asociación de Isapres, Rafael Caviedes, sostuvo que la ley es un avance, pero que se está lejos de fiscalizar apropiadamente el uso de licencias.

“El gasto en licencias siempre va subiendo y el problema es el mal uso colectivo del beneficio, porque proporcionalmente tiene un impacto muy grande. Los fraudes reales son los menos”, precisó Caviedes.