EN LOS últimos años hemos constatado cómo los tribunales fallan en favor de ciudadanos que solicitan congelar sus planes de Isapres por considerar las alzas de precios arbitrarias e injustificadas.
La respuesta a esta demanda legítima se origina entre quienes sienten afectados sus derechos, por lo que debiera haberse encontrado respuesta en las autoridades de Salud mediante el diseño de una política pública adecuada y oportuna.
Existe consenso que el aseguramiento privado de Salud requiere modificaciones. Lo han señalado las autoridades de los últimos dos gobiernos, como también los representantes de las aseguradoras.
La experiencia internacional, sobre la cual debiéramos poner atención, nos enseña que las modificaciones en los modelos de aseguramiento son complejas, por lo que se recomienda hacer cambios paulatinos. También organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional coinciden en señalar que los modelos de aseguramiento deben contemplar entre sus prioridades resguardar el costo efectividad/sustentabilidad, acceso universal y calidad del cuidado.
Para ello, el diseño del aseguramiento privado debe considerar un plan con cobertura básica, el término de la discriminación por sexo y edad y la creación de un fondo de compensación de riesgo que asegure la cobertura para la población más enferma. Sobre este Fondo se puede avanzar de manera paulatina en la liberación de la selección de riesgo. Así se puede evitar la generación de selección adversa cuya presencia desregulada puede determinar un colapso del aseguramiento.
Estas exigencias hacen imperativo un nuevo orden entre aseguradores y prestadores. Este debiera considerar un manejo diferenciado de los enfermos crónicos, incorporación de nuevos mecanismos de pago ajustados a riesgo, control de la variabilidad de la práctica clínica; en síntesis, medidas orientadas al mejor uso de los recursos y sustentabilidad del sistema.
Llama la atención que particularmente el ente regulador haya puesto el énfasis de su quehacer en el congelamiento de primas, en circunstancias que las proyecciones del FMI señalan que el gasto en salud continuará incrementándose un punto porcentual por sobre el crecimiento del producto en los próximos 20 años (dos tercios se éste atribuibles al crecimiento de los costos, reflejo de los cambios tecnológicos; crecimiento del ingreso, el “efecto Baumol” y políticas públicas). Pero más importante aún es constatar que este incremento puede tener un adecuado control sobre los factores extra poblacionales si aplicamos políticas públicas bien diseñadas. Entre estas se considera el rol que deben tener las instituciones reguladoras, para corregir las imperfecciones del mercado de los seguros de salud y permitir que los aseguradores privados movilicen recursos para el cuidado de la salud, promuevan la protección financiera, protejan a los usuarios y reduzcan las inequidades.
Teniendo en cuenta la evidencia disponible, cabe preguntarse si la falta de voluntad de perfeccionar el sistema responde al propósito de poner fin a las Isapres, o efectivamente se buscará su perfeccionamiento en beneficio de los usuarios y del sistema de Salud.
Columna de Emilio Santelices, Escuela de Salud Pública, U. de Chile
Fuente: La Tercera