Actualmente, no todos los trabajadores cuyas empresas están adheridas al ISL, tienen los mismos derechos de atención de salud frente a un accidente laboral o enfermedad profesional. La ley hace una diferencia “odiosa”, según explican en el Instituto de Seguridad Laboral (ISL). Existen dos categorías: empleados y obreros. La segunda incluye todos los trabajos que implican labores manuales, como las trabajadoras de casa particular, manipuladoras de alimentos y trabajadores de temporada agrícola, entre otros. Mientras los primeros, en caso de accidente, pueden ser trasladados a cualquier prestador de la red del ISL (público o privado), los obreros solo pueden acceder a la red pública. Sin embargo, a partir del 1 de enero de 2019, cuando entre en vigencia la reforma a dicha norma —que fue aprobada en diciembre de 2017—, esa distinción quedará eliminada y los trabajadores afiliados al ISL que están calificados como obreros podrán acceder a atención de salud especializada en toda la red de prestadores; es decir, a través de prestadores públicos o privados. «Este cambio va a beneficiar
a alrededor de 350 mil trabajadores que hasta hoy han sido discriminados por el sistema durante años”, asegura el director del ISL, Arnaldo Labarra.

Financiamiento

Eliminar la distinción entre obreros y empleados hará que el ISL tendrá que gestionar más de 24.500 nuevos accidentes al año, que se suman a los más de 17 mil que procesa actualmente del casi millón de afiliados que posee el instituto. Esto significa una mayor proyección en el gasto operacional del seguro en aproximadamente $17,500 millones anuales. “Esta ley considera además un impacto en dotación y costos asociados, ya que exige una redefinición y optimización de
procesos con apoyo tecnológico y administrativo, que se traduce, en el caso de los costos considerados por una vez, en cerca de $1350 millones”, asegura Labarca. Si bien para la operación del año 2019 el ISL no requiere aporte fiscal adicional, para el 2020 se estima la necesidad de un aporte de $700 millones y para el 2021 un total cercano a $13 mil millones. Mientras tanto, el ISL se encuentra implementando un proceso de fortalecimiento operacional para mejorar la calidad y cobertura de las prestaciones médicas a sus usuarios. Dentro de este proceso se cuentan la mejora de sus sistemas informáticos y gestión de la información, apertura de nuevas sucursales, infraestructura y simplificación de trámites.

Recordar que las mutualidades privadas (ACHS, IST y Mutual de Seguridad), no hacen la distinción entre obreros y empleados.

Fuente: El Mercurio