Superintendenta Pamela Gana comentó el intenso plan de supervisión en materia de licencias médicas que está impulsando la entidad, recalcando que busca es dar certeza y legitimidad a este instrumento de protección de los trabajadores.
Una ambiciosa agenda de trabajo pretende impulsar este año Pamela Gana desde la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso), donde un foco clave será la fiscalización. “Regulación que queda escrita y no se fiscaliza, no sirve, por eso potenciaremos esto”, dijo la autoridad, que hace unos días cumplió dos meses en el cargo.
En salud y seguridad se pondrá la lupa en medidas y programas de prevención que impulsen las mutuales y empresas para construir ambientes laborales seguros.
Esto es un cambio de paradigma, pues a juicio de Gana, la Ley de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales se ha centrado durante muchos años en la accidentabilidad y en las prestaciones económicas y médicas, es decir, cuando ya está la enfermedad.
En el área de beneficios sociales, los ojos estarán en los beneficios que las cajas de compensación ofrecen a sus asociados. “Durante 2022 publicamos una circular que dice que las cajas tienen que consultar y recoger cuáles son los intereses de sus afiliados, para en función de ello definir y establecer cuáles serán los beneficios. Entonces, otro foco de las fiscalizaciones es ver cómo van a aplicar aquello”, señaló.
Otro aspecto que tomará relevancia este año es la fiscalización a las licencias médicas producto de las denuncias e investigaciones por su uso sin justificación que está investigando la justicia.
– ¿Qué se está haciendo concretamente en este tema?
-Lo que estamos haciendo es ampliar nuestra capacidad de investigación y la de cursar sanciones al personal de la salud. Estamos contratando más gente para tener más fuerza de investigación. Siendo honesta, el número de investigaciones y sanciones durante los últimos años no ha sido para nada importante, por eso hemos puesto un foco en esto durante los últimos meses. Es uno de los temas de mi gestión. También, hay un proyecto en trámite que aumenta significativamente las sanciones.
-¿Busca darle certeza al sistema? El auge de estas licencias cuestionadas termina afectando la validez de los reposos médicos de forma transversal…
-Sí, porque ciertamente que se empiece a poner un manto de duda en un instrumento tan importante de la seguridad social como las licencias, que dan protección a las y los trabajadores cuando están enfermos, le quita certeza al sistema. Hace un par de semanas se publicó una carta de varias personas asociadas al área de la salud mencionando algunos aspectos a implementar ante esto, como, por ejemplo, la reducción de beneficios. Obviamente, no es interés de esta Superintendencia avanzar en esa línea, sino que más bien en la de poder proteger un instrumento para que tenga la credibilidad y la legitimidad.
Los otros ejes
El servicio también busca en 2023 avanzar en regulación, la resolución de reclamos y difusión y entrega de información.
En el primer eje, la idea es identificar las brechas regulatorias, para avanzar en la aclaración de las normas y sus alcances. “La regulación sirve para dar certeza a todos los actores y en todos los sectores. Vamos a seguir avanzando en eso”, comentó, adelantando que en marzo se publicará otro compendio de normas para facilitar el acceso a la legislación y su alcance.
A lo anterior se suma la meta de potenciar las áreas de resolución de reclamos (las disputas por licencias que las personas llevan a la Suseso) y difusión y entrega de información, las cuales tomaron mayor relevancia a propósito de la pandemia por Covid-19.
“Hay una ciudadanía mucho más empoderada, pasamos de tener 90.000 casos de reclamación a 200.000. Eso obviamente estresa una institución, pero entendemos que parte de nuestra obligación es resolverlo y se está haciendo todo un trabajo de mejora para poder reducir los tiempos de respuesta”, aseguró, añadiendo que se potenciará la difusión de información para que los usuarios tengan mayor manejo de la normativa y sus derechos.
“Lo más sano es la calificación de enfermedades no la vean las mutuales”
Sobre la intención del Ejecutivo de delegar a una entidad distinta a las mutuales, la calificación de las enfermedades ya sea laboral o común, Gana recordó que es una idea que viene de 2016.
En ese entonces, en el segundo Gobierno de Michelle Bachelet, uno de los temas que se abordó en la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo fue por qué había tan baja calificación de enfermedades de origen laboral por parte de las mutuales. Antes de la pandemia, era en torno a 15%. Este escenario, afirmó, fue dejando en evidencia la necesidad de impulsar cambios.
“Lo que uno escucha, es que la mutualidad en esto es juez y parte, en el sentido de que hace todo el proceso de evaluación y calificación, pero tiene que dar la cobertura de las prestaciones, y además le cobra a las empresas”, cuestionó.
Así, los equipos de la Superintendencia y del Ministerio de Trabajo y Previsión Social están mirando cuál es ese diseño que puede ser más adecuado. ¿Qué fórmula se evalúa? Que sea una comisión externa técnica la que califique en caso de enfermedades, y que la calificación de los accidentes la sigan realizando las mutuales.
Fuente: Diario Financiero