El martes, la instancia votó una serie de iniciativas sobre salud y educación que buscan consagrarse en la nueva Constitución. Entre estas, se aprobó el derecho a la salud y la creación de un nuevo Sistema Universal de Salud que, de aprobarse en el pleno, terminaría con el sistema mixto en el plazo de un año. En materia de educación, en tanto, se aprobó el derecho a la educación ancestral de los pueblos indígenas, y se rechazó la norma que permitía que el Estado garantice el derecho a la educación, además del acceso a una educación sexual integral y el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos.
Este miércoles, la Comisión de Derechos Fundamentales de la Convención Constitucional siguió con las votaciones en general de las iniciativas sobre derechos sociales que buscan ser consagrados en la propuesta de una nueva Constitución.
En particular, sometió a votación una serie de iniciativas relacionadas a salud y educación. En este contexto, los convencionales aprobaron tres iniciativas que representan un nuevo sistema público de salud, con características universales y de gratuidad.
Fue así que con 18 votos a favor, 11 en contra y cuatros abstenciones, se visó la norma que garantiza a todas las personas el Derecho a la Salud Integral.
Esta, además, establece una serie de modificaciones que, de aprobarse, implicarían un cambio radical al actual sistema de salud, que se basa en la provisión mixta -estatal y privada- de este servicio.
En concreto, crea un “Sistema Universal de Salud de carácter nacional, público e integrado”, cuya base es la atención primaria, y plantea que “corresponderá exclusivamente al Estado la función de rectoría del sistema de salud, incluyendo la regulación, supervisión y fiscalización de las instituciones públicas y privadas”.
Este sistema “será financiado a través de las rentas generales de la nación”, además de lo cual la ley “podrá establecer el cobro obligatorio de cotizaciones (…) con el solo objeto de aportar solidariamente al financiamiento de este sistema. La ley determinará el órgano público encargado de la administración del conjunto de los fondos de este sistema”. El último inciso eliminaría de facto a las isapres.
Además, establece que “los prestadores privados integrados al Sistema Universal de Salud no podrán perseguir fines de lucro. La ley establecerá los requisitos y procedimientos para su integración y funcionamiento”.
En tres artículos transitorios consecutivos, la normativa consagra que los sistemas de salud de las Fuerzas Armadas, las de Orden y Seguridad, junto con los sistemas de salud contra accidentes del trabajo y enfermedades profesionales se deberán incorporar a este sistema universal en dos años desde la entrada en vigencia de la Constitución. Mientras que las instituciones privadas se integrarán mediante una ley cuya dictación no podrá “exceder el plazo de dos años contados desde la entrada en vigencia de esta Constitución”.
Por último, la norma plantea que este sistema “comenzará a regir en un plazo máximo de un año desde la entrada en vigencia de esta Constitución y que las cotizaciones obligatorias “deberán enterarse al Sistema Universal de Salud en el mismo periodo”, con lo cual las aseguradoras privadas dejarían de percibirlas de forma gradual, según una ley.
Varios expertos advirtieron el riesgo que implica el poco tiempo que se establece para una modificación de esa magnitud, junto con los costos asociados que tendría que asumir el Estado. Además de la incógnita respecto de si el sistema podría absorber a toda la población del país.
La gerenta general de Altura Managament, Victoria Beaumont, aseguró que, al definirse como un sistema único de salud, implicaría el fin del sistema mixto de las isapres y Fonasa.
Además, con la prohibición del lucro en prestadores privados, Beaumont explicó que ello cambiaría la articulación de las clínicas: “En primer lugar, no pueden tener utilidades. En segundo lugar, como no podrían cobrar un copago y el Estado tendría que financiarlo a través del presupuesto, pasarían a ser casi hospitales públicos”.
En contraparte, para la profesora del Departamento de Atención Primaria y Salud Familiar de la U. Chile, Soledad Barría, esta iniciativa permitiría avanzar a un sistema más “justo”, pues sería único para todos, lo que también significa que las prestaciones deberán cambiar su función: “Las isapres tendrían que transformarse en sistemas complementarios, por lo que el 7% que se cotiza hoy tendría que ir a un fondo solidario”.
Para la académica de la Universidad de Chile, el plazo de dos años que se aprobó debe ser evaluado, pero podría ser suficiente para implementar el nuevo modelo: “Creo que eso todavía está pendiente de votación más en particular, habrá que estudiarlo, pero en principio no es tan difícil, dado que hoy el 80% de la población forma parte de un sistema universal solidario, es la incorporación del 20% restante lo que es más difícil”.
Algo que retrucó Beaumont: “El impacto en listas de espera para algunas personas sería súper importante. Por mucho que tengamos un sueño de tener nuestro sistema de salud, no es llegar y desarmar lo que hay. Habría un impacto negativo, porque no están los fondos tampoco”.
Para algunos expertos, la iniciativa de terminar con el sistema mixto genera dudas, pues el cómo se va a hacer no está del todo claro.
Así lo aseguró el académico de la Facultad de Derecho Usach Francisco Zambrano, quien añadió que “como todo principio, requiere cierta explicación que lamentablemente no se ha dado. Por ejemplo, cuando se plantea la idea de un sistema universal de salud, uno entendería que requiere prestaciones iguales para todos. Sin embargo, eso no es armónico con lo que se aprobó respecto de la forma del Estado, que es un Estado Regional, porque en estos sistemas, como el español, lo que existen son distintos sistemas de salud respecto de cada comunidad autónoma o de cada región autónoma, que puede definir sus respectivas prestaciones”.
Por otro lado, Carlos Pérez, decano de la Facultad de Medicina y Ciencia de la Universidad San Sebastián, quien además asesora al Minsal en materia de vacunación, explicó que no es necesario terminar con el sistema actual, sino que el privado puede ser una ayuda importante para resolver los problemas en el área de la salud.
“En la historia de nuestro país ambos sistemas han sido un aporte, no es culpa de sistema privado que el público no sea capaz de cumplir con las obligaciones, puede en gran parte de los casos, el Plan Auge es una muestra de ello, sin embargo, aún hay brechas que hay que resolver, pero me parece justo que las personas puedan elegir. De hecho, pueden funcionar bien cuando están integrados, la pandemia es prueba de ello”.
Por último, el exministro de Salud Jaime Mañalich alertó sobre las repercusiones que tendría que el sistema universal absorbiera FF.AA. “Se dice con bastante liviandad que todo el sistema previsional y de prestación de salud de las FF.AA., Carabineros, PDI, va a unificarse con ese sistema universal de salud. Eso es una tarea mayúscula, porque requiere financiar mucho mejor la previsión de salud de las Fuerzas Armadas y de Orden, entonces significa mucha plata para el Estado”.
Sin embargo, aseveró que “ha habido tanta diferencia entre lo que la comisión aprueba y lo que el pleno acoge y promulga que yo creo que, en definitiva, esto es un primer borrador. Aquí no hay mucho cambio a la propuesta que se llevó originalmente por el Frente Amplio a esta comisión”.
Por su parte, dentro del capítulo sobre derecho a la educación, la comisión visó con 19 votos a favor, 12 en contra y dos abstenciones la norma que establecía que las primeras naciones tienen derecho a establecer sus sistemas de educación ancestral. En ese sentido, se establece que es “deber del Estado fomentar y garantizar el financiamiento de la educación propia ancestral sin intervenirla, de tal manera que se implemente adecuadamente este derecho”.
Así, deberán adoptarse medidas apropiadas para garantizar que las nuevas generaciones sean educadas por las familias e instituciones tradicionales propias del territorio, en el marco de sus saberes, lenguas y conocimientos ancestrales.
En la misma línea, se estableció que el Estado de Chile “reconoce a los educadores ancestrales de los pueblos indígenas y promueve su enseñanza”, diferenciándolos por el territorio al cual estos tienen pertinencia.
No obstante, la comisión rechazó la iniciativa que buscaba establecer que el Estado reconoce, protege y garantiza el derecho a la educación “como derecho de todo ser humano de adquirir conocimientos que permitan su desarrollo pleno e integral, y para el desenvolver sus capacidades y potenciales”.
Asimismo, por 24 votos en contra, ocho a favor y una abstención se rechazó la iniciativa que permitía garantizar el derecho a una educación “pública, gratuita y de calidad con pertinencia cultural y territorial”, donde el Estado resguarde que los pueblos y naciones preexistentes “cuenten con espacios formativos que permitan la continuidad de sus tradiciones, creencias, valores, idiomas, culturas y estructuras sociales en el marco del sistema educativo general”.
También se rechazó la norma que reconocía el derecho de todas las personas, desde la primera infancia, a recibir una educación sexual integral, de acuerdo a la edad que permita a las personas “disfrutar plenamente y con dignidad el relacionarse entre pares; entablar relaciones sociales y sexuales basadas en el respeto; prevenir situaciones de riesgo y abuso sexual, desarrollando con información sus proyectos de vida, y el derecho a la información sexual y reproductiva”.
De la misma forma, la comisión rechazó la iniciativa popular, impulsada por el centro de estudios públicos Acción Educar, que buscaba consagrar el derecho a la educación, la libertad de enseñanza y el derecho preferente de los padres a elegir la educación para sus hijos. La norma contó en su momento con 27.517 apoyos ciudadanos para ser discutida dentro de la Convención. No obstante, luego de esta jornada, la propuesta se desechó.
Además de esta iniciativa, los convencionales rechazaron la propuesta presentada por la organización Educación Libre y Diversa, que también buscaba resguardar la libertad de enseñanza como derecho educacional, además de asegurar el derecho a la educación para “el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad”. La iniciativa fue rechazada por 23 votos en contra y 10 a favor.
Fuente: La Tercera