Tanto la llegada de un nuevo gobierno como el proceso que está llevando la Convención Constituyente, han generado expectativas de cambios profundos a la seguridad social en nuestro país.

La necesidad de mejorar las pensiones o la cobertura y calidad de la salud en general, son algunas de las demandas ciudadanas que ocupan los primeros lugares en el interés de las personas según varias encuestas que se han levantado.

Pese a que la necesidad transformadora es potente y claramente necesaria en varios aspectos, debemos tener muy presentes que la idea de “borrón y cuenta nueva” podría terminar empobreciendo aún más el sistema, sobretodo si no consideramos las particularidades que diferencian los diseños de cada uno de los sistemas.

Respecto de la seguridad y salud laboral, no se pueden perder de vista aquellos elementos positivos que existen en el esquema vigente en el país, entre ellos que exista un seguro social exclusivo y especializado en accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.

Entre los distintos proyectos o reformas que se han levantado, han surgido voces que llaman a fusionar el seguro social de accidentes del trabajo con el seguro de salud común, lo que podría constituir un grave error en la medida que no prestemos atención y cuidado a los aspectos positivos y valorados por los trabajadores, quienes hoy reconocen que tienen un derecho social.

La historia de este seguro es de larga data en nuestro país. En la década de 1950, la industrialización trajo aparejada un aumento de siniestralidad de los accidentes del trabajo, llegando al 35%. En 1968, se promulgó la Ley 16.744, norma que define la estructura actual del seguro social de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, que ha demostrado importantes éxitos y que, to, también tiene muchos desafíos.

Este seguro social, desde un comienzo, ha sido de cargo de los empleadores, ya que asume que el riesgo lo determina el ambiente de trabajo y el proceso productivo, quienes además deben asumir la responsabilidad de proveer un ambiente sano y seguro de trabajo, de manera de aminorar el riesgo.

El precio del seguro no es una variable competitiva, puesto que está definido a partir de la siniestralidad de cada organización; desde ahí, que la prima es un poderoso aliciente para incrementar las acciones preventivas tendientes a reducir los siniestros, como de hecho ha ocurrido.

Adicionalmente, el seguro social considera el pago de pensiones hasta la edad de jubilación de aquellos trabajadores que se accidentaron o enfermaron por causa o con ocasión del trabajo y que tengan secuelas importantes que no les permitan reinsertarse en el mundo laboral. Asimismo, considera pensiones de viudez y orfandad en los casos que los trabajadores fallezcan por estas causas.

Para estos efectos, las mutualidades debemos construir importantes fondos de reservas que permitan cubrir las pensiones futuras, así como las prestaciones médicas para los pacientes secuelados que tienen el derecho a una atención de salud por sus lesiones de por vida.

El seguro social de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales no es, por lo tanto, solo un seguro de salud. No podemos obviar que la capacidad curativa y rehabilitadora del sistema de mutualidades es ampliamente reconocida, logrando importantes niveles de especialización que, a nuestro entender, es una parte significativa y valiosa, pero no la única. El seguro contempla también acciones preventivas en las empresas, de manera tal que se instale una verdadera cultura de seguridad en los espacios laborales.

Podemos discutir la intensidad, efectividad y cobertura de esa prevención, y hemos estado trabajando en mejorarla y adaptarla por ejemplo a las nuevas formas de trabajo -como las plataformas digitales-, pero es indudable la baja en las tasas de accidentabilidad y fatalidad laboral.

Por otra parte, la garantía de contar con los fondos de reservas para el pago de pensiones, componen un todo virtuoso que apunta a garantizar el bienestar general y, en lo más relevante, la vida de las personas en su ámbito laboral.

Estamos conscientes de que las mutualidades se enfrentan a temas emergentes de los que hay que hacerse cargo y cuya frontera es difusa respecto a la salud común: salud mental, sedentarismo y tabaquismo, por mencionar algunos, se expresan hoy en el mundo del trabajo y en los cuales hay que actuar, especialmente en el ámbito preventivo. Pero la necesidad de cubrir estos temas nos habla más bien de una complementariedad del sistema de salud común con el laboral que de una integración.

Creemos que el sistema requiere ajustes y mejoras, que tanto desde Mutual, así como la Asociación Gremial de Mutualidades, promovemos; pero estoy convencido que una unificación de ambos sistemas debilitaría la salud laboral en Chile, que hoy es reconocida como un derecho social de los trabajadores del país, reduciría o podría eliminar los incentivos para focalizarse en la prevención de los riesgos y eliminaría la preocupación por las reservas de pensiones en estos casos.

Sin perjuicio de que desafíos país nos lleven a actuar de manera conjunta, como ha sido el caso de Covid-19, mantener el foco del seguro social de accidentes del trabajo es, a nuestro juicio, el mejor camino posible.

*Por Felipe Bunster, gerente general de Mutual de Seguridad.

Fuente: Pulso.